Detienen a una empleada judicial acusada de robar armas de una fiscalía para vendérselas a ladrones

Una empleada de una fiscalía de San Fernando fue detenida acusada de robar del depósito judicial al menos ocho armas secuestradas en operativos para luego entregárselas a su pareja, un hombre con antecedentes que también fue apresado, que las vendía a delincuentes a través de redes sociales, informaron hoy fuentes judiciales.

Los imputados fueron identificados por las fuentes como Pamela Giménez (37), quien trabaja con la categoría de oficial cuarta en el Área Correccional de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de San Fernando, y su pareja -con quien tiene una hija en común-, Matías Horacio Lermee (37).

La investigación se inició el viernes último cuando un informante obtuvo el dato de que ofrecían por Whatsapp armas de fuego robadas del depósito judicial de la fiscalía local.

"El hombre que vendía las armas le decía a sus compradores que estaba saliendo con una fiscal de San Fernando que se las conseguía", dijo a Télam una fuente judicial.

Pero cuando empezaron a investigar a Lermee como el presunto vendedor de armas, vieron que no tenía vínculos con ninguna fiscal, pero sí con la empleada Giménez, con quien tenía fotos en su Facebook.

En las fotos de las armas que aportó el informante y eran las que circulaban en el mercado negro entre bandas de delincuentes de zona norte, se ve la numeración de algunas de las pistolas ofrecidas y así se comprobó que habían sido secuestradas en alguna causa y faltaban del depósito de efectos de la fiscalía de San Fernando.

El informante decía que el vendedor de armas ofrecía alrededor de 17 revólveres y pistolas, aunque de todas éstas, ocho serían las robadas de la fiscalía, aclaró una fuente.

El fiscal general de San Isidro, John Broyad, conformó un equipo especial de fiscales que incluyó a Alejandro Musso y José Amallo, de la misma UFI de San Fernando donde trabajaba la imputada, pero del Área de Investigaciones Criminales, y otro externo, Patricio Ferrari, de la UFI de San Isidro.

Al haber una funcionaria del Ministerio Público Fiscal implicada, el propio procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, monitoreó la investigación.

"Estamos haciendo un recuento total de las armas del depósito porque creemos que pudieron estar haciendo esto desde hace mucho tiempo y que las armas robadas podrían ser muchas más de las que sospechamos", dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.

Tras una serie de tareas investigativas, los fiscales Musso, Amallo y Ferrari realizaron ayer con apoyo de la Jefatura Distrital de San Fernando, una serie de allanamientos en los que se detuvo a los dos implicados.

Las armas ofrecidas por redes sociales no fueron localizadas, por lo que se cree que ya están vendidas u ocultas en otro sitio que se debe descubrir.

Giménez, quien trabajaba en la fiscalía desde 2010, fue detenida en su domicilio de San Fernando, donde se encontraron otros elementos judiciales, como videos de cámaras de seguridad e hisopados y pericias de Policía Científica que ahora se investiga si son evidencias que comprometían a alguna banda.

"Estamos viendo si estos efectos tienen algún patrón en común. Si robaba armas, no descartamos que también hiciera desaparecer evidencias a cambio de dinero", dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.

Su pareja, Lermee, fue apresado en un domicilio del barrio El Detalle de Tigre.

Los voceros indicaron que estuvo preso en dos oportunidades: una en 2005 y otra en 2013, en una causa por encubrimiento de un robo automotor que tramitó en la UFI de San Fernando.

Los fiscales secuestraron los teléfonos de ambos y realizaron ayer la apertura de urgencia de los aparatos.

Si bien habían borrado algunas fotos y chats, los peritos encontraron algún diálogo en el que Giménez le reclamaba a Lermee su parte por la venta de las armas que le había conseguido.

Incluso en la papelera de reciclaje de la galería de imágenes del celular de la empleada judicial, los pesquisas encontraron capturas de pantalla de sitios de venta de armas, con el precio de una Colt calibre .45 y una Bersa Thunder Pro 9 milímetros, dos de las pistolas que faltan de la fiscalía.

Ambos imputados fueron indagados ayer por los tres fiscales, se negaron a declarar y quedaron detenidos acusados de "peculado y sustracción de medios de prueba en concurso con provisión de arma de guerra".

El Litoral | Telam