En la provincia de Santa Fe, el 35,5% de los integrantes de la Policía son mujeres y en el Servicio Penitenciario representan el 21,5% de la fuerza. Desde hace varios años, algunas de las integrantes de ambas fuerzas se acercaron a legisladoras para plantearles situaciones de discriminación a la hora del ascenso así como abusos sexuales y violencia por parte de compañeros de trabajo e incluso por superiores. Varios de esos testimonios fueron llevados por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Derechos Humanos. Pero además, desde esa comisión se empezó a gestar un proyecto de ley para crear un Centro Integral con Perspectiva de Género para Mujeres Policías (Cipgen) como instituto dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El último jueves, el pleno de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley y lo giró en revisión al Senado. En el recinto hablaron la firmante de la iniciativa, Alicia Gutiérrez (SI) y Patricia Chialvo (PJ). En la barra, algunas de las integrantes de la Red de Mujeres Policías se abrazaron tras dar este importante paso. Semanas atrás un centenar de ellas se acercó, con el respectivo uniforme, a la Legislatura cuando fue presentado oficialmente el proyecto.
“La presente ley tiene por objeto garantizar la asistencia y acompañamiento integral a las mujeres que se desempeñan en la Policía de la provincia, en la Dirección General del Servicio Penitenciario y en el Instituto Autárquico de Industria Penitenciaria, que resulten víctimas de discriminación y violencia de género en el ámbito laboral”, reza el primer artículo del proyecto votado. Después toma el concepto discriminación o violencia de género de acuerdo con lo definido por la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y crea el Cipgen para la tarea encomendada por la ley.
Entre las funciones del organismo determina la de recibir las presentaciones que realicen las mujeres pertenecientes a las fuerzas que presuntamente se encuadren en hechos de discriminación, violencia o cualquier otra situación relacionada con cuestiones de género que se susciten en el ámbito laboral. Contemplarán, además, situaciones que se produzcan en el ámbito doméstico cuando la víctima sea sujeto de la presente ley y el agresor sea personal perteneciente a la misma institución. Deberá además poner en marcha los mecanismos de contención y acompañamiento; brindar asesoramiento jurídico y contención psicológica preliminar al personal requirente; asesorar a la presentante sobre los trámites administrativos o judiciales a seguir; acompañar en las actuaciones administrativas y/o judiciales; solicitar informes a las áreas que correspondan y efectuar el seguimiento de las actuaciones administrativas que se labren; instar al Ministerio de Seguridad, para que implemente los mecanismos necesarios que permitan el cese inmediato de la violencia laboral: aconsejar traslados, otorgar licencias, readecuar las tareas e insertar las incidencias en los legajos laborales respectivos; llevar registros de todos los casos en los que intervenga; y realizar estadísticas.
El Centro estará a cargo de una directora que no haya pertenecido a las fuerzas de seguridad y el personal del organismo revestiría como civil y en ningún caso debió haber integrado la Policía o el servicio penitenciario.
“No podemos seguir tolerando que desde el Estado se sigan violando leyes como la licencia por maternidad o el derecho a amamantar”, señaló Gutiérrez tras fundamentar la necesidad de dictar una norma de este tipo basada en los avances que se dieron en las últimas décadas en materia de políticas de género. “Ocurren hechos en la fuerza policial, ciertas debilidades de una fuerza que es fuerza verticalista, conformada por varones, una cultura machista que hacen que no sean bienvenidas las mujeres y mucho menos en la conducción. No es solo discriminación con ascensos, sino con falta de cumplimiento de licencias por maternidad o amamantar. Muchas veces son enviadas a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia”, señaló. Luego advirtió que “lo más grave es cuando son sometidas a abusos sexuales, o golpes por propios compañeros o jefes. Todo esto lo hemos escuchado en la Comisión de Derechos y Garantías y hemos pasado algunos casos a la Secretaría de Derechos Humanos. No se pueden seguir tolerando estas situaciones”, advirtió.
Más adelante, dio algunos resultados de la encuesta realizada por la Red de Mujeres Policías santafesinas donde respondieron 300 de ellas de las cuales el 75% dijo haber sufrido casos de violencia de género o laboral. De ellas, el 50% tiene capacitación universitaria sin embargo dicen tener impedimentos a la hora de los ascensos. La mitad de ellas es madre soltera o jefa de hogar.
El otro dato que resaltó la diputada oficialista es que de cada cinco femicidios que se cometen en la provincia, uno es producido por un integrante de la fuerza de seguridad y usando el arma reglamentaria.
Chialvo también hizo hincapié en la violencia física, verbal e institucional que padecen las mujeres. “Esta es una primera herramienta para hacer frente a esa situación” e hizo notar la responsabilidad institucional y política del Estado y la necesidad y la obligación de revertir la situación.
Ya en el hall de la Legislatura, las voceras de la Red de Mujeres Policías dijeron que el objetivo ahora es convencer a los senadores de la necesidad de tener este instrumento legal.
Al 30 de junio, la Policía santafesina tenía 21.734 integrantes de los cuales 14.020 (64,5%) son hombres y 7.714 (35,5%) son mujeres mientras que en el Servicio Penitenciario el porcentaje de mujeres es algo menor, representa el 21,5% de la fuerza que tiene 755 agentes.
En el Ministerio de Seguridad se destacó que es fuerte la presencia femenina en la fuerza policial y lo comparan con el resto de los países latinoamericanos e incluso europeos donde no supera el 20%.
Pero también a esa fecha eran varias las mujeres en cargos de conducción como jefa de Relaciones Policiales; la secretaria general de la fuerza; la directora de administración; de servicios sociales y incluso la subdirección de la Policía de Investigaciones. Además la jefatura de la Unidad Regional XVIII (San Martín) está a cargo de Marisabel Mendoza y la subjefatura de la II (Rosario) de Carina Degrá.