Una cláusula en debate

El nuevo y devastador escenario económico producto de la coyuntura nacional parece haber provocado en la provincia la discusión que todos querían evitar: qué hacer con la cláusula gatillo. La inclusión de este mecanismo de actualización salarial automática según inflación fue prácticamente la condición sine qua non que los gremios impusieron para cerrar el acuerdo paritario de principios de año. A los trabajadores les garantizó -aunque con un delay de un par de meses en la liquidación- no perder poder adquisitivo. Pero en provincia y municipios provocó, según sostienen sus administradores, inconvenientes financieros severos.

La situación se agravó con la devaluación de la última semana y los anuncios presidenciales que implicarán -en el caso de Santa Fe- una poda de recursos del orden de los 3 mil millones de pesos. El contexto hizo cambiar de opinión a Miguel Lifschitz en apenas siete días. El gobernador había dicho, primero, que la cláusula gatillo era un compromiso contraído que se respetaría hasta diciembre. Y era lógico. Por qué asumir a tan sólo tres meses de terminar la gestión el costo político de adoptar una decisión que implicaría -a menos que fuese consensuado- el rechazo casi asegurado del universo sindical. Pero una semana después, el mismo mandatario advertía que frente a las nuevas circunstancias del país, los gremios debían ser convocados a fin de discutir “entre todos” la política salarial para lo que resta del año. La reunión será esta semana. Algunas voces del Poder Ejecutivo quitan dramatismo a la cuestión; recuerdan que, en rigor, la revisión de los números en agosto estaba prevista en el acta que se firmó con los sindicatos en marzo. Y alejan las hipótesis de conflicto.

La posibilidad de reabrir la discusión paritaria había sido sugerida a la actual gestión también por los delegados de Omar Perotti. Rediscutir los términos de esa cláusula para que -por ejemplo-, además de estar sujeta a la inflación lo esté también a los recursos, podría allanar el camino de la futura gestión. Pero en la heterogeneidad del peronismo se encontraron diferentes interpretaciones. O la misma. Sólo que un cuadro de situación es planteando el escenario en términos técnicos y otro, en términos políticos. “Es válido que se reúnan las partes para analizar la continuidad de la política salarial. Es un problema de todos”, había dicho Rubén Michlig; “la cláusula gatillo es una conquista de los trabajadores”, planteó, por su parte, el diputado Leandro Busatto.

El legislador justicialista desmarcó el déficit de la provincia de la actualización salarial e, incluso, de la nueva coyuntura nacional. “Se llega a esta situación en Santa Fe porque el gobierno del Frente Progresista subestimó la macroeconomía. Hicieron un mal cálculo de los recursos provinciales y procesos económicos que la Argentina viene padeciendo”, expresó. Y dejó en claro que éste es un problema del gobierno de Miguel Lifschitz. “En todo caso, vamos a tener que aparecer (desde la nueva gestión) como bomberos con la manguera para apagar este incendio que se está generando ahora”, sentenció.

Algunas voces del Poder Ejecutivo quitan dramatismo a la cuestión; recuerdan que, en rigor, la revisión de los números en agosto estaba prevista en el acta que se firmó con los sindicatos en marzo. Y alejan las hipótesis de conflicto.

Rediscutir los términos de la cláusula gatillo para que -por ejemplo-, además de estar sujeta a la inflación lo esté también a los recursos, podría allanar el camino de la futura gestión.