En Paraná proponen declarar la emergencia económica en la Municipalidad

El proyecto, que fue girado a Comisión para su estudio y posterior despacho, contempla la prohibición del ingreso de personal y las recategorizaciones, la adquisición de bienes de capital y contratación de servicios de carácter no corriente; y garantizar la continuidad del transporte público. La medida alcanza también a los proveedores del municipio paranaense.

Entre otras medidas, se contempla la suspensión de subsidios, aportes y/o subvenciones que afecten la partida de Transferencias, exceptuándose la ayuda social como el servicio fúnebre social, programas de emergencia, comedores barriales, copas de leche y el boleto estudiantil gratuito.

También garantiza el funcionamiento de los jardines maternales en lo que se refiere a la partida de alimentos; el sistema de salud pública municipal; el gasto en las partidas de publicidad, cortesías, homenajes y viáticos de funcionarios; la contención del gasto en la Secretaría de Cultura; priorizando además la prestación de los servicios de recolección de residuos, desmalezamiento, potabilización, mantenimiento y reparación de las redes de agua potable y cloacal.

Detalles

En materia de trabajos públicos prevé detener toda aquella obra en ejecución que no cuente con su correspondiente partida presupuestaria; determinar urgente y fehacientemente el grado de ejecución de obras por administración, por terceros o por convenios compartidos entre Nación y/o provincia; certificados pagados y a pagar con los correspondientes intereses y redeterminaciones de precios, posibilitando la readecuación de los convenios, plazos y formas de pago de los trabajos públicos paralizados por falta de recursos.

Por otro lado, la norma dispone que por el lapso que dure la emergencia se suspenda toda adquisición de bienes de capital y la contratación de servicios no corrientes que signifiquen compromisos de fondo del Tesoro Municipal y/o de recursos específicos.

Los proveedores de la Municipalidad de Paraná también serían alcanzados por la ordenanza, la cual dispone crear un registro, y se autoriza al Departamento Ejecutivo, con verificación del Concejo Deliberante, a establecer regímenes generales y especiales para revisar contratos, deudas y acreencias con particulares.

Por otro lado, queda totalmente prohibido el ingreso de nuevo personal a la administración municipal durante el tiempo que dure la emergencia, bajo ningún tipo de modalidad.

Se incluye también y de manera expresa la prohibición de recategorizaciones y/o funciones del personal de Planta Permanente, salvo las recategorizaciones automáticas, siempre y cuando exista crédito presupuestario.

El Departamento Ejecutivo es autorizado en el proyecto, con la anuencia del Concejo Deliberante, a realizar la reorganización administrativa municipal, mediante la modificación, fusión y/o supresión total o parcial de estructuras orgánicas.

Las medidas que se adopten en tal sentido, deberán respetar la estabilidad en el cargo según lo establece la ley provincial y las ordenanzas respectivas.

Por otro lado, la iniciativa obliga a las autoridades municipales competentes a garantizar la prestación del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros.

Fundamentos

Al exponer los fundamentos que impulsan la medida, el concejal Cáceres señaló que la crítica situación económica, financiera y presupuestaria de la Municipalidad “que estamos atravesando en la presente gestión, ha llevado a la paralización de las obras públicas con financiamiento propio”.

Sobre el particular afirmó que “la gran mayoría de ellas no contaban con respaldo presupuestario ya que fueron anunciadas e iniciadas en el marco de la campaña electoral, llegando a tener frentes de obra que implicaban, al mes de diciembre pasado, un gasto de 1.500 millones de pesos, contándose para afrontar dichas erogaciones con un saldo de crédito menor a los 300 millones de pesos”.

En cuanto a los trabajos públicos presupuestados con fondos nacionales por un monto cercano a los 450 millones de pesos, “la Municipalidad no llegó a recibir del gobierno central ni siquiera 50 millones de pesos, generando un déficit que complejiza aún más el ya crítico estado financiero, el cual se vio agravado en razón que fue el Estado Municipal quien debió afrontar con fondos propios la ejecución de esas obras, a la espera del desembolso de esas partidas que nunca llegaron.

En cuanto a los compromisos salariales de su personal, el legislador informó que hasta el mes de diciembre del corriente año la municipalidad tendrá que afrontar el pago por tal concepto por una suma que supera los 1.147 millones de pesos.

Agregó que a ello se deberán sumar otros 110 millones de pesos en concepto de adicionales y 90 millones de pesos más para abonar el sueldo anual complementario correspondiente al segundo semestre de este año.

Acotó por otra parte que el municipio aún adeuda a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia en concepto de aportes previsionales de sus agentes por el mes de julio pasado una suma superior a los 29 millones de pesos.