Recalculando, cochero

El debate no estaba previsto. Todos iban a levantar las manos y, sin más, aprobar un pliego en medio de dos decenas de otros nombramientos para el Poder Judicial. Pero las cosas no salieron así.

Hubo discusión a partir de una intervención del diputado Julián Galdeano (UCR), que provocó otras de sus correligionarios y el PS. El PJ prefirió mirar.

Es doblemente interesante cuando un cuerpo deliberativo se sale del libreto hecho para esos temas en los que unos y otros son responsables. Algo así ocurrió en la Asamblea Legislativa que aprobó el pliego del Dr. Julián Cochero, que ya era fiscal del viejo sistema conclusional y ahora fue designado en el Ministerio Público de la Acusación, para actuar en Melincué.

No es técnicamente un ascenso, no cambia su condición de fiscal, pero mientras que su posición anterior era el producto de un concurso ante la Corte, ahora es el resultado de la decisión política que toman los legisladores que pueden aprobar o rechazar los pliegos que les envía el Poder Ejecutivo. Si no es un ascenso, se le parece bastante.

Lo curioso es que Cochero no buscó ese cambio y según todos los que participaron del debate, el flamante integrante del MPA ni siquiera se mostró interesado en serlo. En la entrevista que mantuvo con la Comisión Bicameral de Acuerdos le respondió de una manera casi grosera a uno de sus integrantes respecto de por qué en ocasiones no se lo encuentra en su oficina.

En el recinto, con más o menos énfasis, quedó claro que los legisladores nombraron a un fiscal a pesar de que dudan sobre su apego al trabajo. Y que lo hicieron -según se expuso públicamente- porque no cambiar la situación del Dr. Cochero hubiera significado mantener al fiscal del sistema que ha desaparecido casi sin ocupaciones.

Fue una ley la que obligó a los fiscales del viejo sistema a pasar al nuevo. Y mientras ese proceso se completa, sus integrantes están en una suerte de “limbo”.

No vale la pena reproducir las duras críticas que los legisladores le formularon al titular del pliego que iban a aprobar, en la sincera sesión del jueves 5. Sí advertir que uno de los más duros fue Lisandro Enrico (UCR-General López), que votó a favor, y que dijo: “Quiero ver que trabaje”.

En noviembre de 2018 el Ejecutivo debió retirar el pliego del fiscal porque, por estar enfermo, no pudo presentarse a una entrevista obligatoria en la Legislatura. Sin embargo, días después el propio Cochero guió a los legisladores a un enojo sin marcha atrás: publicó fotos suyas en una fiesta. No estaba enfermo...

En esa Asamblea de antología (se espera con fruición la versión taquigráfica) indudablemente falló el GPS. Dictó “recalculando” pero no solo al cochero, también a los legisladores que confesaron su parte de responsabilidad en la historia. No solo discutieron sus dudas personales frente al caso. También confesaron (sobre todo el diputado radical Santiago Mascheroni) que los mecanismos de control que crearon no funcionan, o al menos no como debieran.

La Comisión que debe ocuparse de ver cómo se desempeñan fiscales y defensores fue convocada este año en ocho oportunidades. Pero no hubo quórum.

El 30 de noviembre de 2017, durante la última sesión ordinaria, ambas Cámaras aprobaron -sobre tablas y sin debate- una ley que les permite controlar de modo directo a fiscales y defensores. Luego la morigeraron al dejar en manos de los auditores de los defensores y los acusadores las llamadas faltas menores, reservandose las graves. ¿Cómo considerar las faltas de Cochero? Y en todo caso, ¿solo el Legislativo es responsable? ¿Y los demás poderes?