Doce allanamientos se realizaron el miércoles pasado en locales comerciales y viviendas particulares de la ciudad de Rafaela, a partir de una denuncia radicada en agosto por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe. La institución que nuclea a los profesionales del rubro sostiene que ninguna de ellas estaba inscripta en el colegio, como lo disponen la regulación en la materia.
La labor estuvo a cargo de la Subdelegación Rafaela de la Policía Federal Argentina (PFA), y derivó en el secuestro de numerosa documentación que está siendo analizada por el fiscal de la Unidad N°5 del Ministerio Público de la Acusación, Martín Castellano.
Según indicó la oficina de prensa de la mencionada fuerza federal, “las tareas investigativas llevadas a cabo por los uniformados, permitieron determinar que varias inmobiliarias llevaban años operando ilegalmente y sus integrantes se encargaban de entregar tarjetería y folletería, haciéndose pasar como agentes de servicios inmobiliarios, sin matrícula habilitante, ejerciendo ilegalmente dicha profesión”.
El presunto delito que se persigue podría encuadrar en el de “usurpación de título”, y como consecuencia, se secuestraron “títulos, contratos, recibos, comprobantes de facturas, carteles, folletería, computadoras, teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa”, señalaron desde PFA.
Aunque no se precisaron los lugares, fuentes del caso aseguraron que los allanamientos fueron todos en la ciudad de Rafaela, en su mayoría a inmobiliarias con locales comerciales y otros en forma particular.
Como parte del operativo colaboraron veedores del Colegio denunciante, puesto que además de poseer el título de corredores o martilleros, quienes ejercen la actividad deben estar inscriptos para el desarrollo legal de la actividad.