Santa Fe tomará muestras en estaciones de servicio para auditar a las petroleras

Por ley, el diesel debe tener un 10 % de biodiesel, un producto mucho menos contaminaste que, en su enorme mayoría, se produce en Santa Fe. Sin embargo, el llamado “corte obligatorio”, desde que comenzó septiembre “no se cumple sobre todo en el caso de YPF”, dijo a El Litoral la secretaria de Estado de la Energía de la provincia, Verónica Geese.

La proporción de energía verde dentro del combustible fósil en los surtidores de las estaciones de servicio tiene -además de efectos ambientales- otros económicos inmediatos.

Lo dispuesto por la Ley Nacional 26.093, que fue sancionada en 2006, está en el centro de una impensada pelea para la Provincia de Santa Fe, otra vez discriminada por el gobierno nacional. De acuerdo con lo que indicó la funcionaria las petroleras han optado por “incumplir la ley, afectar a los consumidores y expender un combustible que no tiene la calidad que se ha establecido”.

Ante ese panorama, la Casa Gris decidió producir reclamos formales en dos direcciones: contra la autoridad de aplicación de la Ley de Biocombustibles, es decir, la Secretaría de Energía de la Nación y, por otra, directamente ante las propias empresas productoras de combustibles.

Además, para tener argumentos técnicos y judiciales, Santa Fe comenzará a auditar mediante muestras tomadas en estaciones de servicios, ante escribano, la ausencia de combustibles verdes en el diesel o su proporción menor a la que exige la ley. La funcionaria reveló que para dar el respaldo legal necesario a esas muestras se buscará que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) lleve a cabo los estudios y que para esas gestiones intervenga la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de la Producción.

Sin control

La nota que la Secretaría de Energía santafesina le ha enviado a su par nacional dice que “ante la falta de los controles que le competen como autoridad de aplicación, la provincia de Santa Fe comenzará a tomar muestras de los combustibles expendidos por las mencionadas petroleras a efectos de corroborar si cumplimentan con el corte obligatorio”.

En el texto, la Provincia advierte que con los resultados en su poder “se dará inicio inmediato a las actuaciones administrativas y judiciales de rigor”, y agrega que Santa Fe “se reserva el inicio de las acciones penales que correspondan por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en una directa apelación al secretario a nivel nacional, Gustavo Lopetegui.

Geese indicó que además de la presencia de biodiesel se verificará “su octanaje” y “el contenido de azufre”.
Las quejas santafesinas también irán por ventanilla a los responsables directos del incumplimiento. La Provincia envió notas a las petroleras en las que las intima a que “en un plazo de 72 horas, informen las operaciones de compra de biodiesel durante el transcurso del mes de septiembre para el abastecimiento del corte del 10%, detallando nombre de las empresas vendedoras del biocombustible y los volúmenes de cada operación, remitiendo toda la documentación respaldatoria de las mencionadas operaciones”.

Sin demanda

Las productoras de biodiesel dependen del mercado interno y el incumplimiento de la norma que les dio sustento a su actividad -una política de Estado que por primera vez se quiebra- los deja “en una situación crítica”, explicó Geese. Estimó que se trata de proteger “cientos de puestos de trabajo directos y miles indirectos vinculados a las energías verdes”.

Las petroleras “no han respetado las cantidades de compra a las pequeñas y medianas empresas del sector con cupos asignados por el gobierno nacional”, indicó.

Pymes bio pierden “$ 600 millones”

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) expresó en un comunicado que por el incumplimiento de la Ley de biocombustibles por parte de las petroleras se ha ocasionado al sector “un perjuicio directo que supera los $ 600 millones”.

Las empresas productoras de biodiesel sostienen que “a la falta de publicación de un precio en tiempo y forma, respetando la fórmula vigente a enero de este año, se suma la omisión intencional por parte de la Secretaría de Energía de la Nación de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las empresas pymes, conforme lo establece la ley 26.093”.

Y agrega: “tampoco están haciendo cumplir los cupos asignados a las empresas mezcladoras de combustibles”.

Además, la Cámara rechazó y calificó de “extorsiva” la medida del Gobierno de compensar al sector con un subsidio ante el congelamiento de precios de los combustibles, “a cambio de desistir de los juicios multimillonarios contra el Estado, tanto en el ámbito local como en el exterior”.

Esta “transferencia del equivalente a un 6% del precio regulado del biodiesel que regía en el mes de agosto y la consiguiente condición de que las empresas pymes elaboradoras de biocombustibles renuncien a todo derecho de reclamo, no hace más que reflejar una maniobra completamente extorsiva por parte del gobierno, por lo que expresamos nuestro profundo rechazo”, indicó Cepreb.

Las alcoholeras van a juicio

Así como por ley el diesel debe tener biodiesel, la nafta debe contar con una porción de bioetanol.

Ante el incumplimiento del gobierno nacional, la Cámara Sucroalcoholera (en su mayoría firmas de Tucumán que aprovechan la caña de azúcar) presentó un juicio penal contra el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El sector rechaza la resolución 552/2019 de esa secretaría que congeló el precio de compra para las petroleras. “Esto genera un nuevo golpe a la industria del Bioetanol que mes a mes continúa degradándola”, señaló la Cámara.