Otra ley que se incumple

Con la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo en el año 2005, Argentina estableció que el presupuesto destinado al área debía alcanzar, de forma progresiva, un máximo del 6% del PBI. Un año más tarde, la estructura de todo el sistema quedaría establecida por medio de la Ley de Educación Nacional, regulando las responsabilidades del gobierno nacional y los provinciales para alcanzar y sostener las metas de inversión presupuestarias.

Sin embargo no se logró consolidar el objetivo principal, que solo se alcanzó en 2015. Para peor, desde 2016 se registró un “cambio de tendencia”, coincidente con el severo contexto macroeconómico nacional.

Los datos surgen del informe “¿Cómo y cuánto se invierte en la educación argentina?”, del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Agustín Claus, docente de Economía de la Educación de Flacso. En el mismo se analiza la evolución y la estructura del gasto educativo en la Nación y las provincias.

Según el estudio, lo sobresaliente en la estructura del financiamiento educativo es la heterogeneidad entre las provincias, que determina distintos niveles de dependencia de la Nación: en 12 provincias, los fondos nacionales representan entre el 30% y el 40%. Como caso extremo se coloca a Santiago del Estero, donde el 53% del gasto educativo se financia con fondos nacionales. En el extremo opuesto, en 3 de las provincias patagónicas (Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego) la participación oscila entre 11% y 15%.

“Argentina enfrenta desafíos educativos de todo tipo, sería difícil intentar jerarquizarlos. Contar con recursos suficientes marca la diferencia entre la voluntad y la realidad, entre la focalización y la universalidad, entre la atracción de docentes motivados y el mero pago de salarios. El financiamiento educativo importa porque es el requisito fundamental que garantizará las condiciones materiales y pedagógicas para el aprendizaje”, afirma Alejandro Morduchowicz, economista especialista en educación, en una revisión del informe.

Disparidad

Casi el 70% del presupuesto educativo de la Nación se destina a las universidades: el 99% corresponde a salarios docentes y el restante 1% a infraestructura. Con el 30% restante se solventan políticas destinadas a la educación básica (inicial, primaria y secundaria).

Según consta en el último dato oficial disponible, correspondiente al año 2017, el gobierno nacional invirtió en educación $ 161.633 millones y las provincias unos $ 438.986 millones. Esto representó 5,6% del PBI, que en este año ascendió a $ 10.664.779. El nivel se ubica por debajo del 6% establecido por ley.

Desde el lado de las provincias, el informe indica que destinan un promedio del 96,6% de sus presupuestos a salarios y otros gastos corrientes, mientras que el gasto en infraestructura y equipamiento es cerca del 3,4%. Así, en 2017, el porcentaje de gastos de capital (en infraestructura y otros bienes durables) alcanza un máximo en San Luis (16,5%) y un mínimo en Santa Cruz (0,8%).

A modo de síntesis, Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, enumera cuatro grandes desafíos que debe afrontar el financiamiento educativo: “Primero, garantizar el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional que destina el 6% del PBI a educación y que no se está cumpliendo; segundo, incrementar la equidad en la inversión educativa frente a las inmensas desigualdades de inversión y capacidad presupuestaria de las provincias; tercero, compensar desigualdades sociales con más inversión en las zonas y escuelas más vulnerables; cuarto, mejorar la calidad de las políticas educativas para que los recursos tengan sentido e impacto profundo y sustentable”.

¿Nada que esperar?

En palabras de Julio Durand, profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, “el bajísimo nivel de inversión en infraestructura y equipamiento no permite esperar ningún salto importante en el sistema”, y agrega: “Una mirada de alcance nacional es necesaria para guiar un ambicioso plan de inversión de capital si queremos cambiar la tendencia decadente en los resultados educativos del país”.

Privados

El porcentaje de gasto provincial destinado a la educación de gestión privada (principalmente, salarios) alcanza un punto mínimo en La Rioja con el 3,9%, y un máximo en Córdoba, que destina el 21,6% del total del presupuesto educativo provincial. En promedio, el total las subvenciones a la gestión privada representan el 13% del gasto provincial.

Trama financiera compleja

La financiación del sistema educativo tiene una trama que dificulta entender su funcionamiento pero que facilita la repartición de culpas. La fuente principal para la distribución de recursos llega a las provincias de la mano de la Coparticipación Federal de Impuestos.

Las transferencias tienen su origen en impuestos nacionales (IVA, Ganancias, Bienes Personales y Seguridad Social). Se agregan fondos específicos desde el Estado Nacional , y las jurisdicciones se valen de recursos propios.

La principal fuente de financiamiento es la Coparticipación. La actual administración nacional aceitó el reparto a las provincias; del aumento en los montos se valieron las distintas jurisdicciones para gestionar hacia adentro de sus territorios.

Aún así, el desempeño macroeconómico atentó contra el cumplimiento de la meta del 6% del PBI destinado a educación. Para los autores del informe, incluso Ése debería ser el piso y no el techo presupuestario, ya que no resulta apropiado descuidar el progreso educativo -tanto en su cobertura como en su calidad- a la hora de procurar desarrollos sociales y personales.