Córdoba y Tucumán también controlarán los combustibles

Santa Fe no está sola en su enfrentamiento con el gobierno nacional por las cuotas de biodiésel que las petroleras han dejado de agregar al diésel. Lo mismo que ocurre con los derivados combustibles de los granos oleosos, sucede con el etanol producido con caña de azúcar o maíz que -también por ley- deben contener las naftas.

En este último caso, las provincias productoras son Tucumán y, en menor medida, Córdoba, donde también se produce algo de biodiésel. Fuentes de la Casa Gris santafesina confirmaron que funcionarios de las provincias vecinas planean imitar a Santa Fe: también controlarán el combustible que se expende en sus territorios.

Por ley (ver aparte) el diésel debe contener un 10% de biodiésel, cuya producción se concentra en empresas santafesinas. Sin embargo, de acuerdo con los primeros relevamientos, que aún no cuentan con el aval de algún organismo técnico imparcial, el combustible verde que se ha detectado es de apenas el 4%

Sin control de la Nación

La autoridad regulatoria sobre la calidad de los combustibles corresponde al Estado nacional. Sin embargo, las tres provincias afectadas -así como las cámaras que reúnen a las cadenas de valor del etanol y el biodiésel- sostienen que la Secretaría de Energía de la Nación es cómplice de las petroleras y no controla que se cumplan los cupos de energías verdes.

Por razones de costos, los productores de combustibles han dejado de comprar a las empresas santafesinas, cordobesas y tucumanas los volúmenes que fija la normativa vigente: la Resolución 26 de 2016. Y, al menos hasta ahora, la Nación mira para otro lado.

Sin mercado

Santa Fe fue la primera que decidió buscar mecanismos para preservar el mercado interno de sus productoras de energías verdes. La semana pasada anunció que había enviado documentos a la Secretaría de Energía y a YPF, que reclaman precisiones sobre las compras de biodiésel.

Los productores de bioetanol sostienen que en lugar del 12% de corte que dispone la ley, hoy esa proporción es de un 6%.

Intimación

El Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Alcoholes presentaron ayer una intimación a la Secretaría de Hidrocarburos y Combustible del Ministerio de Hacienda, que está bajo el mando de Carlos Casares, para que “publique de forma urgente el precio del bioetanol de la caña de azúcar actual” e insistió: “La Nación está faltando a la ley”.

El sector estudia estrategias legales para llevar a los tribunales a los funcionarios nacionales que no cumplen con los controles.

La ley nacional que se incumple

El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, es el título de la Ley 26.093 que, desde hace más de una década, define a una política de Estado para la promoción de los combustibles verdes. Obliga a las empresas petroleras a agregar distintas proporciones de etanol para las naftas y de biodiésel en el diésel.

La ley fue sancionada en abril de 2006 y promulgada (de hecho) en mayo. Desde entonces el sector productor Pyme de biodiésel creció en Santa Fe alentado por ese mercado interno creado mediante los cupos. (Las grandes empresas aceiteras atienden en cambio el mercado externo del biodiésel).

Su artículo 7 dice: “Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oil -en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 23.966, Título III, de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que pueda prever la legislación nacional que en el futuro lo reemplace- que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin específico de realizar esta mezcla con la especie de biocombustible denominada ‘biodiésel‘, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto final. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año calendario siguiente al de promulgación de la presente ley”.

Sin embargo, como “la autoridad de aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente comprobadas”, hoy esa proporción se ha aumentado al 10%. Así lo dispone la Resolución 26 de 2016.

Lo mismo ocurre con las naftas: la ley dispone un piso (en el artículo 8vo.) del cinco por ciento (5%) “como mínimo”, pero una resolución posterior también lo eleva al 12%.

Lopetegui denunciado

El congelamiento de tarifas en los surtidores descolocó a productores de biodiésel y bioetanol. La Secretaría de Energía -por resolución 552/2019- ofreció una compensación a los que renunciaran a hacer reclamos judiciales. La condición -calificada como “extorsiva”- se dejó de lado según el gobierno, aunque se mantuvo la ayuda del 6 % a los industriales del biocombustible.

El conflicto está latente, al punto de que la Cámara Sucroalcoholera Argentina (CAS), que nuclea a los ingenios azucareros tucumanos, denunció penalmente ante tribunales federales al titular de Energía, Gustavo Lopetegui. José Ramón Coronel, el presidente de la CSA, seguró que “este tipo de resoluciones, que operan en el marco de la ilegalidad, continúan profundizando la crisis de nuestro sector y hacen cada vez más imposible la rentabilidad de esta actividad industrial”.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) acusó al gobierno nacional por su “acción extorsiva” en tanto que las grandes empresas nucleadas en Carbio hicieron una demanda menos pública que política para que se cumpla la ley.