Cinco integrantes de una familia de San Javier aceptaron este viernes condenas que van de los 5 a los 7 años de prisión, por el ataque en el que resultó apuñalado el concejal de dicha ciudad, José Raúl Gómez Iriondo (40), quien tras una larga y penosa internación, regresó junto a su familia, aunque con secuelas de carácter irreversible.
Fue en una audiencia de juicio abreviado, que estuvo a cargo del juez penal Gustavo Urdiales; y de la que participaron la fiscal Rosana Marcolín, el abogado Leandro Corti por la querella y la defensa de los cinco imputados, a cargo del Dr. Claudio Torres del Sel.
Las partes acordaron imponer pena de 7 años de prisión para Eduardo Pablo Benítez (29), en su carácter de autor del delito de “homicidio simple en grado de tentativa”. En tanto sus hermanos Milton Alexis (28), Fernando Gabriel (22), y sus padres Ramón Eduardo Benítez (54) y Nilda Beatriz Escobar (54) recibieron 5 años de cárcel como coautores del mismo delito. La diferencia radica en que el primero de ellos reconoció ante un juez haber sido quien apuñaló al arquitecto y concejal sanjavierino. De los cinco acusados, solo la mujer obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria; en tanto se ordenó un tratamiento psicológico y psiquiátrico para ella y su marido.
Condenaron a una familia por el ataque al concejal de San Javier
José Gómez Iriondo fue apuñalado el 9 de marzo de 2018. Tras una larga internación, la víctima regresó junto a su familia, aunque con secuelas irreversibles.
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“Ataque conjunto”
“No se pudo probar que se hayan puesto de acuerdo para cometer el hecho”, señaló la fiscal Marcolín, para explicar por qué decidieron el cambio de calificación legal, atento a que en un primer momento, todos fueron considerados coautores de “homicidio calificado (por la participación premeditada de dos o más personas)” en grado de tentativa. Insistió que se trató de “un ataque conjunto y tumultuoso” del que “había indicios de que se habían puesto de acuerdo, pero no prueba”.
Además, señaló que “la fiscalía había hecho una propuesta con otros montos de pena”, pero se atuvo “a lo que propuso la querella con el consentimiento de la familia” de la víctima.
“Dos familias que sufren”
Por su parte, Lucía Gómez Iriondo, abogada y hermana de la víctima, reconoció que se trató de un acuerdo en el que, como lo indica el término, “hubo consenso entre todas las partes” pero fundamentalmente “para darle un corte a la situación”.
Sobre el estado de salud del concejal herido, su hermana contó que “está viviendo junto a su familia” y aunque “está conciente, tiene limitaciones motoras” y “discapacidades, algunas de carácter irreversible”.
Además hizo una reflexión y dijo que “hay una sociedad que perdió y dos familias que sufren” y responsabilizó “al Poder Judicial que interviene en conflictos de carácter privado y que en muchos casos se los subestima”. Puntualmente sostuvo que “en sus inicios la fiscalía subestimó su tratamiento, tanto en la investigación por el fallecimiento (por suicidio) de la policía Ana Paula Benítez”, que era hija y hermana de los imputados; como en la “denuncia de amenaza por parte de mi hermano que no tuvo tratamiento”, en función de un conflicto personal.
Los Benítez “necesitaban una respuesta”, porque “tenían dudas” sobre las circunstancias de la muerte de su hija y “no les dieron contención ni una respuesta en tiempo”. “En ese momento ellos eran víctimas”. Y agregó que muestra de ello es que “a la mamá le dan un arresto domiciliario con tratamiento psicológico y psiquiátrico” ahora cuando “esta gente necesitaba un apoyo desde el inicio y uno se la reclama al Estado porque es su función”.
El ataque
José Raúl Gómez Iriondo fue apuñalado el 9 de marzo de 2018 en una cancha de fútbol 5, ubicada en la avenida Poeta Julio Migno y la calle Hermana Carina de la ciudad de San Javier. El concejal comía un asado con amigos cuando los Benítez ingresaron para agredirlo, acusándolo de ser el responsable por la muerte de su hija Ana Paula, con la cual había mantenido una relación informal.
