Juan Antonio P. recuperó la libertad el último viernes, tras acordar alternativas a la prisión preventiva en una causa por estafa, cometida en 2016 en la ciudad de Gálvez, en el departamento San Jerónimo. El hombre, de 47 años, fue detenido la semana pasada, luego de una exhaustiva investigación por la compra-venta de un vehículo que fue pagado con un cheque robado en provincia de Buenos Aires; y por la adquisición de dos toneladas y media de azúcar a granel a una firma alimenticia santafesina, también con cheques ajenos. Tres años después, uno de los damnificados reclama la restitución del vehículo o el dinero que debió recibir entonces y nunca pudo cobrar.
La fiscal Milagros Parodi acusó al detenido por los delitos de “encubrimiento” y “estafas reiteradas en tres oportunidades y una en grado de tentativa”, durante la audiencia de atribución imputativa que estuvo a cargo del juez Rodolfo Mingarini, y que contó con la participación del abogado querellante Mauricio Frois, en representación de una de las víctimas; y de la Dra. María Soledad Estrada del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp).
Todo comenzó con la sustracción de un cheque de $ 100.000, el 18 de junio de 2013 a una cooperativa agropecuaria de la localidad de Carabelas, en la provincia de Buenos Aires. El tiempo pasó y casi tres años más tarde -el 2 de abril de 2016-, fue utilizado para la compra de una camioneta Chevrolet Silverado modelo 1990.
Claro que Juan Antonio P. no no se presentó con su verdadera identidad, sino que lo hizo “con nombre y DNI supuestos”, dijo la fiscal Parodi al término de la audiencia.
“Se hicieron varias averiguaciones respecto de esa causa, porque el nombre que había dado no existe y el número de DNI era de otra persona. Entonces se hicieron las consultas y finalmente se dio con el verdadero comprador de la camioneta que resultó ser un estafador” con domicilio en Gálvez, confirmó la representante del MPA.
Fue durante la misma audiencia que la fiscal Parodi también imputó al detenido por “otros hechos similares, cometidos durante los años 2017 y 2018 en Santa Fe, bajo la misma modalidad. Es decir, haber abonado con cheques sustraídos y con nombre supuesto”.
En dicha oportunidad se le achacó haber recibido, previo al 18 de diciembre de 2017, tres cheques en blanco que habían sido robados un mes antes de las oficinas de una empresa constructora de la ciudad de Santo Tomé. Fingiendo ser el titular de la empresa y por ende de los cheques, se contactó con los dueños de una firma alimenticia de Santa Fe, con quienes contrató la compra de 24.000 kilos de azúcar a granel. Las operaciones se concretaron entre el 18 y el 23 de diciembre de 2017 y fueron abonadas con dos cheques cuyos importes eran de $ 158.400 cada uno.
Como los negocios iban bien, Juan Antonio P. intentó hacer, un nuevo encargue de azúcar. Esta vez iban a ser 12.000 kilos, a retirar el 13 de enero de 2018. Pero alertados de que los cheques eran robados, la carga no fue entregada y los dueños de la empresa damnificada hicieron la denuncia policial.
Para evitar sospechas, esperaron a la llegada del fletero, que llevó a los uniformados hasta donde estaba su contratante, por lo cual pudo ser identificado, aunque no detenido.
Pasaron otros veinte meses hasta que pudo ser hallado y llevado ante un juez para ser formalmente impuesto de los delitos que pesan en su contra. Allí “se resolvieron medidas menos gravosas a la prisión preventiva, se constituyó una fianza personal y se fijaron reglas de conducta”, completó la fiscal.
En ese sentido, el abogado querellante Frois, destacó que “prestamos conformidad con las alternativas que fueron dispuestas”, ya que “lo que mi cliente pretende es la restitución del vehículo que le vendió, que es una camioneta, o en su defecto que se le restituya el dinero”. Asimismo, estimó que “a la brevedad habrá una conciliación al respecto”.