Los semblantes decían todo. La reunión cerrada del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, con diputados dejó demasiados interrogantes abiertos para la oposición mientras que los oficialistas se retiraron satisfechos aunque muchos de ellos raudamente de las oficinas de la presidencia de la Cámara donde se hizo el encuentro. Pullaro se retiró acompañado por gran parte de su gabinete que lo secundó mientras sus pares de Gobierno, Pablo Farías, y de Justicia, Ricardo Silberstein, optaron por una puerta lateral para evitar el contacto con el periodismo.
“Me pareció una despedida del ministro con la idea de hablar de cualquier cosa menos de las cosas que están pasando” disparó Leandro Busatto (PJ) preocupado porque el gobierno no abre la discusión del tema seguridad a la ciudadanía. “La reunión fue tensa. El control de la policía no existe” acotó Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) mientras que Sergio Más Varela (Cambiemos) marcó deficiencias en el uso de cámaras “que sirven para subir a redes pero no para esclarecer hechos delictivos”.
“Fue un muy buen informe, con mucha humildad” señaló el socialista Joaquín Blanco. A su lado, el presidente de la Comisión de Seguridad, Oscar Pieroni (PS) también valoró el encuentro y admitió que toda la política pierde efectividad ante hechos que conmocionan a la opinión pública. Pieroni y Rubén Galassi se encargaron de coordinar la reunión que tuvo mucha presencia de legisladores oficialistas en señal de respaldo a la tarea del Ejecutivo más allá de los cuestionamientos de la sociedad a la política de seguridad.
“Fue una puesta en escena, el recorte de una verdad que solo el ministro y el ministerio ve. Lo trajimos por los hechos puntuales de inseguridad de la ciudad de Santa Fe y el ministro hizo un balance de su gestión. Hizo un reconocimiento de la situación pero no hay ninguna herramienta más que endilgar la responsabilidad a otro poder”, se quejó Busatto. Aludía a los cuestionamientos de Pullaro a ciertas actuaciones judiciales.
Oficialistas y opositores hablaron de la despedida del ministro y es un dato objetivo: Pullaro termina su mandato en diciembre y asumirá como diputado y seguramente como jefe del bloque radical. Compartirá la futura Cámara con Busatto y con Del Frade, los más críticos de su informe.
“No hay decisión de abrir el tema y discutir el problema de la seguridad en sociedad” afirmó el justicialista que desde diciembre será jefe de la bancada oficialista. “Hay que hacer una convocatoria en serio a todos los poderes del Estado, y a todas las fuerzas políticas. Se necesita un gran acuerdo, gran acuerdo que implica reconocer responsabilidades propias de cada poder y por último hay una situación que tiene que ver con la prevención de los delitos que es lo más grave. No es verdad que en la Argentina se de la misma cantidad de delitos que en las ciudades de Santa Fe o de Rosario y esto es porque falla de prevención”. Busatto culpó a Pullaro de “intentar ocultar la responsabilidad que ha tenido el Frente Progresista en materia de seguridad. Esto conspira contra ellos y puede conspirar contra nosotros sino tenemos una política distinta”. El justicialista advirtió que “la problemática no radica en los nombres propios, no habrá grandes salvadores ni tampoco grandes perdedores. hay que tomar el tema desde un lugar distinto” y destacó que el Frente Progresista nunca logró la subordinación de la policía al poder político.
Enseguida llamó a abordar “el concepto de seguridad pública desde prevención ciudadana, hay que pensar en un observatorio, pensar en la radiografía del mapa de cada ciudad, instar en instancias de asambleas donde la sociedad pueda participar e incluso la instancia más democrática de que puedan elegir sus propios jefes policiales”.
Del Frade insistió mucho en preguntar por la investigación sobre el negocio de contrabando de armas y municipios. Dijo que le llamó la atención que Pullaro no haya tenido información sobre la causa que lleva adelante el juez federal en lo Penal Económico, Pablo Yadarola por la provisión de armas desde Santa Fe a grupos narcos de Brasil. “Nos vamos con muy pocas respuestas y fundamentos a por qué suceden los hechos en Santa Fe” acotó el rosarino. “Sobre homicidios dijo que hay un corrimiento del delito predatorio de los barrios a la zona del casco céntrico de la ciudad de Santa Fe y con armas viejas. No vinimos a buscar información sobre la cantidad de ropa comprada, chalecos, armas sino las causas del brote de violencia en la ciudad de Santa Fe”, remató.
En tanto, Más Varela hizo hincapié en casos puntuales de investigación como la muerte de una bibliotecaria en una comisaría de la ciudad de Rosario pero también cuestionó la no incorporación de tecnología como tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con cámaras para el reconocimiento facial de personas y que ha permitido la detención de más de cien personas. “Se filma al motochorro cuando roban, lo suben a redes y no tienen la tecnología para reconocer la cara y la patente” lamentó.
Por cuarta vez, la Cámara de Diputados tiene con tratamiento preferencial para la jornada el mensaje del Poder Ejecutivo con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. El tratamiento del tema en el recinto dependerá del acuerdo de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque. Las diferencias en la redacción fueron pulidas durante toda la semana por los asesores de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que intenta llegar a un dictamen consensuado para bajarlo al recinto.
Asistencia del Tribunal de Cuentas
Por la resolución 138 del Tribunal de Cuentas de la provincia se dispuso afectar a todo el personal de los estamentos técnicos de las fiscalías generales Áreas I y II y de Fiscalía Jurídica “a los fines de brindar la asistencia técnica que la Auditoría General de la Nación solicite con motivo de la realización de la auditoría de corte en los órganos rectores del sistema de administración financiera de la provincia”.
El mes pasado, la Auditoría General de la Nación solicitó esa colaboración del Tribunal de Cuentas. Recordemos que el gobernador electo, Omar Perotti, pidió a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas la realización de una auditoría de corte de los órganos rectores del sistema de administración financiera y de las priincipales sociedades de la provincia. Dicha Comisión remitió la solicitud a la Auditoría que aceptó la tarea el pasado 14 de agosto.
En los considerandos de la resolución firmada por el presidente, Oscar Biagioni, y los distintos vocales, se señala que la actividad de colaboración con la entidad superior de fiscalización nacional se incorpora a la programación anual del Tribunal de Cuentas.