Desalojo para familia que usurpó la casa de dos señoras mayores

“No son las señoras quienes tienen que hacerse cargo de resolver el problema habitacional de esta familia”, explicó con dureza la fiscal María Lucila Nuzzo al pedir el cese del estado antijurídico que le permitió a Pamela G. ocupar la casa de dos jubiladas de 82 y 91 años durante los últimos doce meses. La Sala N° 3 de Tribunales recibió más letrados de los que normalmente participan de las audiencias, ya que se encontraban presentes también la defensora Virginia Balanda, el Defensor General Civil N° 5 Ricardo Ruiz Díaz y el abogado de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Victor Medina. La Jueza Rosana Carrara ordenó el desalojo en un término de 30 días.

Al comenzar la audiencia, la sobrina de las víctimas declaró entre lágrimas la situación que atraviesan sus tías y la urgencia con la que necesitan disponer de la vivienda usurpada, ubicada en pasaje Echeverría al 5400. El único ingreso que tienen son sus jubilaciones, viven juntas y requieren de cuidados constantes -una está postrada-, además de los gastos médicos y los más de $ 50.000 mensuales que pagan para que alguien las atienda, hace más de un año que deben hacer frente a los gastos de la vivienda ocupada. Su sobrina reclama que poder hacer uso de esa casa las ayudaría a acomodar el lugar en el que viven actualmente y a tener un ingreso mediante el alquiler de la misma.

Para la defensa de la actual ocupante del inmueble, las dueñas no acreditan la necesidad del mismo; en cambio su representada, mediante la usurpación, le da vivienda a tres hijos -un niño de 20 meses, y dos niñas de 9 y 14 años. La casa está en perfecto estado, la señora la cuida y trabaja como repostera allí para sumar algo de dinero a las dos asignaciones sociales de las que es beneficiaria. Balanda solicitó que se adopten medidas de protección para esta familia que se encuentra en estado de vulnerabilidad, una solución habitacional o un subsidio.

Teniendo esto en cuenta, la jueza Carrara resolvió dar intervención a los organismos del Estado provincial para que provean una solución a la situación para la madre imputada y sus hijos, en un plazo de 30 días. Luego de este período, de no haberse retirado voluntariamente, se procederá al desalojo del inmueble y se lo restituirá a sus dueñas.