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Lunes 21.10.2019 - Última actualización - 16:14
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Boletín Oficial

Crean una unidad para evitar la violencia en los "narcofunerales"

Foto: Clarín" alt="El funeral de "Sopapita" Merlo, en 1996. Foto: Clarín">El funeral de "Sopapita" Merlo, en 1996.
Foto: Clarín

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Boletín Oficial Crean una unidad para evitar la violencia en los "narcofunerales"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la puesta en marcha de la Unidad Especial para la Investigación de Funerales de personas vinculadas al narcotráfico y señaló que la intención es “impedir” ceremonias en caravana a los “tiros” como si se tratara de un estado “narco criminal”.
 

“En el último tiempo hemos visto que en distintos funerales donde estaban velando a una persona vinculadas al narcotraficante se generan situaciones de extrema violencia, donde lo despidieron en el funeral a la persona fallecida con tiros en una ceremonia muy especial que genera la idea que el narco controla el territorio”, precisó la funcionaria.
De esa manera, se refirió al nuevo cuerpo puesto en marcha mediante la resolución 906/2019 publicada en el Boletín Oficial.


La responsable de la cartera de seguridad, en declaraciones formuladas a la radio Cadena 3 poco antes de viajar a Tierra del Fuego, explicó “que tanto los estados nacionales como los provinciales debemos demostrar que hay un estado de derecho, y no un estado narco criminal que puede dominar en una caravana y hacer lo que quiere”.



Bullrich, indicó que la unidad especial creada se tendrá “que poner en contacto con las policías de la provincia para que impida este tipo de funerales”.


Aclaró, además, que “si la Provincia no quiere meterse, lo harán las fuerzas federales” tras sostener que el criterio es “no permitir que este tipo de funerales que generan esta imagen de dominio y poder de territorialidad ganado del narcotráfico”.


La funcionaria, advirtió que en el últimos tiempos pudieron verse distintos funerales de personas vinculadas al narcotráfico en los que “se generan situaciones de extrema violencia, ya que despidieron a la persona fallecida con tiros en una ceremonia muy especial que genera la idea que el narco controla el territorio”.



En ese sentido, mencionó casos que se dieron recientemente en Tucumán, Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, tras enfatizar que desde el Gobierno procurarán impedir ese tipo de ceremonia porque “da la idea de que hay un control territorial de parte del narcotráfico”.


“La idea es que no haya un milímetro de territorio dominado por el narcotráfico, que no se den estas escenas que ellos se filman y las emitan generando la senasación que son dueños del lugar sostuvo la funcionaria”, añadió.

 


Convalidan a los “arrepentidos”

 


La Cámara Federal porteña confirmó el acuerdo de los “arrepentidos” que colaboraron con la investigación judicial de la causa de los cuadernos con el pago de sobornos tal cual confesó el chofer Oscar Centeno, por contrataciones de obra pública durante el kirchnerismo.


El Tribunal rechazó recursos de queja de exfuncionarios y empresarios procesados en la causa, y confirmó los acuerdos que labró en primera instancia el juez federal Claudio Bonadio.


En el fallo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que Bonadio “ha dado cumplimiento” a lo dispuesto en la ley 27304, es la llamada “ley del arrepentido”, para “corroborar el cumplimiento de las obligaciones que los imputados arrepentidos contrajeron en el marco del acuerdo de colaboración” que firmaron.


“Especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que han proporcionado”, según los jueces señalaron en el fallo.


De esta manera, el Tribunal ratificó los 31 acuerdos de arrepentido en la causa la cual está en etapa de juicio oral y público.


Esos acuerdos tuvieron como protagonistas al chofer Oscar Centeno, a empresarios como Juan Carlos De Goycoechea, Angel Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Héctor Zabaleta, Carlos Wagner, Jorge Neira, Aldo Roggio, Claudio Glazman, Juan Chediack, Ernique Pescarmona; pero también a ex funcionarios del kirchnerismo como Claudio Uberti y José López; y el histórico contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares.


La causa de los cuadernos tiene como principal procesada a la ex presidente Cristina Kirchner por ser considerada “jefa” de una asociación ilícita vinculada con un sistema de recaudación en el otorgamiento de obra pública durante su Gobierno, aunque luego se abrieron otras investigaciones por otros hechos de supuestos sobornos.

 

 




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