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Martes 22.10.2019 - Última actualización - 10:59
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Media sanción de Diputados

Protección a la vivienda única

Es por deudas hipotecarias generadas por los programas UVA, UVI y Procrear.

Cámara de Diputados de Santa Fe.  <strong>Foto:</strong> Archivo El LitoralCámara de Diputados de Santa Fe.
Foto: Archivo El Litoral

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Media sanción de Diputados Protección a la vivienda única Es por deudas hipotecarias generadas por los programas UVA, UVI y Procrear. Es por deudas hipotecarias generadas por los programas UVA, UVI y Procrear.

La Cámara de Diputados -en votación dividida- aprobó un proyecto de ley tendiente a suspender por un año las ejecuciones hipotecarias que tengan por objeto el remate de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente. La iniciativa es de los justicialistas Leandro Busatto y Patricia Chialvo y debe ser revisada por el Senado.

 

Los requisitos para ser incluidos en la protección son: que la deuda recaiga sobre una vivienda única, familiar y de ocupación permanente; que el origen del crédito hipotecario obtenido provenga de los programas financieros UVA, UVI y PROCREAR, o de cualquier otro programa o acto que previere un mecanismo de ajuste de dicho crédito sujeto a variación inflacionaria, para la adquisición, construcción, mejora y/o ampliación de vivienda; y, que la vivienda sea habitada por el deudor, lo que justificará mediante declaración jurada.

 

“Venimos a proteger a quienes han accedido a las operaciones de crédito para vivienda de capital actualizable, otorgados por entidades financieras en aplicación de las leyes 25.827 (UVA) y 27.271 (UVI) y Decreto 902/2012, que se vieron atraídos por una inflación en baja prometida por el gobierno de Macri y expectativas de crecimiento que no fueron tales” señaló Busatto.

 

El legislador justicialista recordó los antecedentes legislativos provinciales que tratan la temática, como lo son las leyes Nº 12284/2004 y Nº 12334/2004 (prorrogadas sucesivamente por las leyes Nº 12406, 12486, 12697, 12796, 12942, 13022, 13116 y 13862). “En las leyes 12284 y 12334, respectivamente, se establece la suspensión de los términos procesales y de las ejecuciones de hipotecas de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, de créditos hipotecarios con requisitos acordes a la época de su constitución, como por ejemplo el monto del préstamo”. Esos antecedentes de prórrogas continuas de leyes sin solución de continuidad llevaron al radical Santiago Mascheroni y su bloque a no avalar la iniciativa.

 

Residuos eléctricos y electrónicos

 

Por otra parte, Diputados dio media sanción a un proyecto de ley estableciendo pautas, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral y sustentable de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos que sean producidos, comercializados y utilizados en la provincia.

 

El trabajo en comisiones unificó tres iniciativas sobre la materia. Una impulsada por el socialista Julio Garibaldi, otra de la radical Estela Yacuzzi y una tercera de la justicialista Silvia Simoncini.

 

Garibaldi explicó que el proyecto busca dar respuesta a la cantidad de desechos generados en nuestra provincia que, al igual que en el resto del mundo, son un riesgo para la salud y el medio ambiente. El proyecto girado al Senado propone, entre otras cosas, la generación de un plan de gestión integral y sustentable para tratar a los mismos, pero además prevé generar inversión en la actividad, mayor desarrollo y empleos verdes. “Hoy este tipo de residuos son un problema que crece en silencio pero también pueden ser una oportunidad para aprovechar”, expresó.

 

“Estamos proponiendo que Santa Fe pueda empezar a adoptar modelos de economía circular, es decir, fomentar el reciclado, la reutilización y la recuperación de sus materiales como el cobre, aluminio, hierro y oro que pueden reinsertarse en la industria. Hablamos de empleos verdes, los empleos del futuro‘, explicó el diputado. “Todo indica que este tipo de residuos va a aumentar considerablemente en los próximos años. Estamos hablando del mundo que le queremos dejar a nuestros hijos en un futuro no lejano. Por eso nos parece muy importante ocuparnos”.

 

El proyecto de ley establece un conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades, así como incorporar y hacer efectivo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y concientizar e informar a los usuarios sobre este tema.

 

“Las campañas educativas también son muy importantes para fomentar todo tipo de consumo responsable, y el consumo de aparatos electrónicos no es ajeno a esto. Si todos colaboramos, los materiales de los que están hechos estos aparatos se pueden recuperar y ser reutilizados”, concluyó el diputado.

 

En los fundamentos del proyecto, el socialista enumera una serie de acciones que se están llevando adelante en la provincia de Santa Fe y que constituyen avances en esta materia. En primer lugar, la adopción del concepto de ‘Basura Cero‘ como principio fundamental para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos en el territorio (Ley 13055/2009). Además, Recuperando futuro, en el año 2010 y el Programa de Sustentabilidad de los Edificios y Oficinas Públicas en el año 2014, que dispone la implementación del protocolo para la disposición final de Raees. Además, en el marco de los Laboratorios de Innovación Ciudadana (SantaLab) desde el año 2016 se vienen llevando adelante diferentes políticas y acciones en este sentido como “REEciclaje”, “Roboticlaje”, “Desarmatón” de Raees, en conjunto con el Ministerio de Educación, entre otras.


Recursos naturales

 

A instancias del socialista Eduardo Di Pollina, Diputados incorporó un artículo a la ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (11.717) donde prohibe otorgar recursos naturales existentes de la provincia, sean públicos o privados, como garantía para la toma de créditos por parte del Estado con organismos y entidades financieras. La protección es tanto ante la toma de empréstitos, deuda, emisión de bonos o letras, o de otras afines de intereses foráneos y/o extranjeros.

 

“El objetivo es resguardar los recursos naturales de la provincia, sean éstos bienes del dominio público o privado del Estado local, en consonancia con la Carta Magna argentina, para que sirva de herramienta normativa ante la posibilidad de que el Gobierno central ose poner dichos recursos en garantía de compromisos crediticios”, explicó el legislador.




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