La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos por el Senado y sancionó la ley que regula aspectos del sistema de venta directa o venta multinivel, siendo Santa Fe la primera provincia en tener una norma sobre este tipo. La iniciativa del diputado socialista Joaquín Blanco había sido modificada por la Cámara Alta y esta nueva redacción fue aceptada este jueves, sobre tablas, en el marco de una corta sesión de la Cámara Baja.
Durante la sesión se votaron, siempre sobre tablas por la falta de quórum en las comisiones, otros siete proyectos de ley, entre ellos el que establece el funcionamiento del Juicio por Jurados en el sistema penal santafesino.
El socialista estimó la venta directa comprende a unos 70 mil santafesinos mientras que en el país abarca a 900 mil personas, de las cuales el 89% son mujeres. En 2018, la estimación de la Cámara Argentina de Venta Directa es que el sector movilizó 45 mil millones de pesos.
Para Blanco “las reformas del Senado propiciadas por (Alcides) Calvo y (Lisandro) Enrico enriquecieron el proyecto y ameritan respardarlas”. Señaló que la norma crea un registro bajo la órbita del Ministerio de la Producción; obliga a las empresas que actúan en el sistema a tener oficinas en la provincia; establece multas cuando no se protege a los vendedores y un catálogo de derechos para los vendedores a los efectos de evitar que se monten estafas por ventas piramidales como ha ocurrido en varias ocasiones.
“Esta actividad se incrementó muchísimo en los últimos años de recesión económica, sobre todo en mujeres que buscan una forma de aumentar sus ingresos y hasta ahora no tenían ningún reconocimiento jurídico”, señaló para acotar que “existen empresas que, escondidas detrás de estos modelos de negocios, pueden causarles grandes perjuicios económicos, como son los casos de venta piramidal, que son una estafa”.
También sobre tablas, Diputados volvió a votar la institución del Juicio por Jurados para determinados casos penales. En los hechos repitió la media sanción de junio de 2018 aunque esta vez con el apoyo de la bancada de Cambiemos que en aquella ocasión votó en forma negativa. El jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi, explicó que la Cámara trabajó sobre los proyectos de Ariel Bermúdez (Creo), Gabriel Real (PDP), Jorge Henn (UCR), Leandro Busatto y Julio Eggimann (PJ) y un mensaje del Poder Ejecutivo. Los diferentes autores pidieron al Senado un rápido tratamiento para completar la sanción de una figura prevista ya en la Constitución Nacional de 1853.
Los legisladores señalaron que los Juicios por Jurado contribuirán a reconfigurar el vínculo del ciudadano con la justicia penal y aportará a transparentar el funcionamiento del Poder Judicial. Los delitos que contempla el proyecto para ser sometidos a Juicios por Jurado son los cometidos con dolo o preterintención que hayan tenido como resultado la muerte de una o más personas; torturas, severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos por funcionarios públicos; abusos sexuales agravados por acceso carnal o sometimiento gravemente ultrajante; promoción y facilitación de la corrupción de menores de 13 años de edad; estrago doloso cometido por un funcionario público y lesiones gravísimas cometidas mediante la utilización de armas o vinculadas con la violencia de género.
El proyecto prevé un jurado de doce miembros, con paridad de género y sus integrantes sorteados del padrón entre mayores de 18 y menores de 75 años, argentinos o naturalizados con dos años ejercicio de la ciudadanía, quienes deben saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional, además de gozar plenamente de los derechos políticos, y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a dos años. También están las excepciones. El jurado deberá dictar un veredicto y el juez aplicar la pena correspondiente.