Marcelo M., uno de los detenidos en el marco de una serie de allanamientos realizados por adulteraciones de medidores de energía y de gas, fue imputado hoy en Rosario por 17 casos de estafa agravada a la administración pública y tenencia ilegal de arma de fuego. En el mismo acto procesal, la jueza de Primera Instancia Silvia Castelli le dictó a Marcelo M. prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Con relación a los otros dos implicados en el caso, Daniel y Miguel M., familiares directos de Marcelo, sólo fueron imputados por la tenencia ilegal de tres armas de fuego, y quedarán en libertad, pero con restricciones.

Ese fue el resultado de la audiencia que se llevó a cabo este mediodía en el Centro de Justicia Penal de Rosario y que tenía a esas tres personas acusadas de adulterar medidores de la Empresa Provincial de la Energía y de Litoral Gas para que exhibieran un consumo menor al que realmente deberían marcar.

Marcelo, Daniel y Miguel M. fueron detenidos el miércoles en una serie de allanamientos impulsados por la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Valeria Haurigot. Uno de los procedimientos se realizó en Hipólito Yrigoyen al 1300, donde viven los acusados. Allí la policía incautó, además de elementos vinculados al tema de hurto de energía, tres armas de fuego (dos escopetas calibres 16 y 36 y un revólver 32). Esas armas, según se estableció, no estaban debidamente registradas.

En la audiencia de hoy, Haurigot acusó a Marcelo M. por defraudaciones ocurridas entre el 6 de mayo y 13 de noviembre de este año. La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó a Marcelo ofrecer servicios irregulares para estafar a la EPE y a Litoral Gas.

Entre los 17 comercios involucrados hay un frigorífico, tres supermercados, una fábrica de pastas, una rotisería, panaderías, varias oficinas y numerosas viviendas particulares de Rosario, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Funes y Arroyo Seco.

De acuerdo a la acusación de la fiscal, esas prestaciones consistieron en la modificación de medidores eléctricos y de gas de manera mecánica o digital. "Todo eso con el fin de que los mismos presenten un consumo más bajo que el realmente habían registrado", expresaron fuentes judiciales.

Haurigot también lo acusó por la tenencia ilegal de las armas. Sin embargo, la fiscal dejó a fuera del cargo de estafas a Daniel y a Miguel, pero sí les recriminó el delito vinculado con las armas. Daniel y Miguel quedaron en libertad, pero deberán cumplir con algunas normas de conductas como presentarse cada quince días a firmar en la Oficina de Gestión Judicial, no podrán salir del país, tienen prohibido tener armas de fuego y se les impuso una caución de diez mil pesos a cada uno.