Los datos educativos entre la protección y el derecho

El reciente fallo de la Cámara Federal de Salta que exige al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología nacional entregar los resultados por institución de la pruebas Aprender y Enseñar de los años 2016 y 2017, reavivó el debate sobre los pros y contras de la publicación de resultados de pruebas de aprendizaje.

En Argentina, el público en general no puede conocer los resultados de las pruebas Aprender de una escuela en relación con escuelas cercanas o con cualquier otro establecimiento. Ese límite, establecido por el artículo 97 de la Ley Nacional de Educación, marca una diferencia con países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México, donde esos datos sí están disponibles para cualquier persona que quiera consultarlos.

Un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Mariano Narodowski, compara el acceso a la información educativa en los países de la región. A partir de la consolidación de los sistemas de evaluación de aprendizajes en las últimas décadas, se describen los niveles de desagregación de los datos y el modo en que se difunden.

Las investigaciones relevadas en el informe, titulado “Rankear o no rankear escuelas: ¿es esa la cuestión? El acceso público a la información de las pruebas Aprender”, señalan que la publicación de datos por escuela o por estudiante puede tener beneficios (por ejemplo, alentar mejoras en el desempeño), pero también riesgos (por ejemplo, estigmatizar escuelas de bajos resultados).

Posicionamientos

Desde el Observatorio se recogieron distintas voces como reflexiones en torno al informe, teniendo en cuenta que el tema despierta gran debate entre los académicos.

“De acuerdo a las investigaciones que incluyen el análisis de la elección de escuelas por los padres, difícilmente tomen sus decisiones en base a los datos estadísticos”, comentó Guillermina Tiramonti, investigadora de Flacso. “En general, están más preocupados por asegurar una escolarización que se desenvuelva dentro del mismo grupo social al que pertenece su hijo”, amplió.

Para Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, el gran desafío es que los actores del sistema utilicen los datos para promover la mejora educativa: “La devolución de la información de las evaluaciones a cada escuela es una política clave para acompañar su proceso de mejora, con datos de su contexto, su evolución en el tiempo y los recaudos metodológicos para que la información sea útil y válida”. Aunque, consideró un “riesgo innecesario” la conformación de rankings, ya que “pueden generar más segregación y desigualdad educativa”.

En tanto, Gustavo Iaies, director de la Escuela de Gestión Educativa de Eseade, enfatizó que “es fundamental plantearse para quién es la información, porque el formato y la cantidad de la misma dependen de los usuarios en los que estemos pensando”. Y agregó: “No importan tanto para los funcionarios, sino sobre todo para los colectivos docentes de cada institución. La prioridad son los directores: gestionar una escuela requiere de parámetros”.

El planteo de Juan Llach, miembro de la Academia Nacional de Educación, consideró que “los resultados están muy condicionados por factores socioeconómicos”. Por lo tanto, “a las escuelas que trabajan en zonas más necesitadas les cuesta más obtener buenos resultados. Si les va mal, pueden sufrir una gran fuga de estudiantes y pasar a ser ‘escuelas pobres, sólo para los pobres’ ”, dijo el ex ministro de Educación.

La tercera vía

A modo de propuesta, el autor del informe mencionó como ejemplo del manejo de datos en pruebas estandarizadas al Índice de Desarrollo de la Educación Básica (Ideb), de Brasil -n valor que asigna el gobierno a cada escuela en función de resultados, tasa de graduación anual, pero corregidas por el nivel socioeconómico de los alumnos y las características sociales de la escuela-. Sobre ello, Narodowski afirmó: “Es posible mostrar resultados por escuela sin estigmatizar por medio de un índice de referencia que permite ver logros y dificultades y que, como en el caso brasileño, es construido con un principio de equidad”.

En tanto, Irene Kit señaló que hay otra discusión pendiente: “La modalidad adoptada para las evaluaciones estandarizadas”. La presidenta de la Asociación Civil Educación Para Todos sostuvo que en las Aprender se “toma como un principio inamovible el secreto de las pruebas” y que “los datos a los que puede acceder la escuela muestran los porcentajes de estudiantes sólo por nivel de logro en cada área y las diferentes proporciones según sexo, condición de repetición, asistencia a nivel inicial, nivel educativo de los padres, nivel socioeconómico”.

“Esa metodología estadística aplicada impide, aun en el caso que lográramos una cobertura censal a nivel de escuela y a nivel de estudiantes, que contemos con un mapeo más pormenorizado para decisiones de enseñanza”, agregó Kit como aspecto a tener en cuenta para una discusión superadora. De esta manera, ejemplificó en “si los estudiantes en la evaluación de Lengua tienen mayores dificultades en la identificación de información, en el manejo de vocabulario, en inferencias de diverso nivel de complejidad”.

Contexto

Como informara El Litoral en su páginas de las ediciones del 4 de noviembre, el tema cobró nueva vigencia a partir del rechazo a un amparo del juez federal Lavié Pico y el fallo de la Cámara Federal de Salta, que ordenó al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación entregar los resultados de las escuelas en las evaluaciones Aprender y Enseñar, para los años 2016 y 2017, en esa provincia.

En ese sentido, el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional establece que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.