En el marco de una jornada políticamente complicada, el gobernador electo Omar Perotti logró un rápido respaldo de la Legislatura a la nueva ley de Ministerios con una estructura basada en doce carteras y una secretaría de Estado cuyos integrantes prestarán juramento el 11 de diciembre. El proyecto fue ingresado por Leandro Busatto en el inicio de la sesión de Diputados, votado sobre tablas y girado en forma inmediata al Senado. No hubo discusiones. ‘Una ley de Ministerios es como un vaso de agua, no se le niega a nadie”, aconsejan el buen manual parlamentario.
Las doce carteras con que funcionará la nueva administración son: Gestión Pública; Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad; Economía; Educación; Seguridad; Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat; Salud; Producción, Ciencia y Tecnología; Desarrollo Social; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Cultura y Ambiente y Cambio Climático. En tanto, habrá una secretaría de Estado de Igualdad y Género cuya función “será asistir en todo lo atinente a la eliminación de toda clase de discriminación de las personas por cualquier condición, razón o circunstancia, a la formulación y ejecución de políticas transversales de igualdad entre varones, mujeres y diversidades, políticas con perspectiva de género que contribuyan a la equidad y a la superación de las diversas formas de discriminación y violencia contra las mujeres, y que atiendan a las problemáticas particulares de las juventudes”.
Como se venía anticipando, la nueva estructura ministerial tendrá un ministerio de Gestión Pública para todo lo inherente al gobierno y el control internos, a la planificación de políticas que impliquen la reforma administrativa del Estado, la aplicación del régimen municipal y comunal y la difusión y publicidad de los actos de gobierno. También la gestión Perotti optó por unificar la ejecución de Infraestructura en una sola cartera mientras que Ciencia y Tecnología fue pasado bajo la órbita de Producción. Ahora faltará el anuncio oficial de los titulares de esas carteras.
También sobre tablas, la Cámara de Diputados votó la creación de una comisión investigadora especial sobre la justicia federal de Rosario y el destino de las causas que tenían como principal sospechoso a Esteban Lindor Alvarado. La moción fue presentada en el recinto por Busatto acompañado en las firmas por Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y el propio presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti. Luego el socialista Rubén Galassi sumó su firma al proyecto.
La base de la investigación es la advertencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en 2012 sobre la organización criminal que tendría como integrantes a Alvarado, Luis Medina y Luis Bassi, según trascendió periodísticamente.
Busatto recordó que según los informes de PSA, realizados en el marco de una serie de pesquisas ordenadas por la justicia federal de Rosario, la organización también estaba integrada por un grupo de policías, algunos de ellos de alta jerarquía, pertenecientes a la Policía de Santa Fe. Los informes de la fuerza de seguridad dieron cuenta de los contactos entre los personajes mencionados y de “indicios consistentes con una actividad narco”. El legislador recordó que pese a las advertencias “no hubo ningún avance. Un año después, fue asesinado Claudio ‘Pájaro‘ Cantero. Meses más tarde, Luis Medina. A partir de 2013 Rosario vivió una ola de crímenes como nunca antes”. Entre ese año y 2018, según un informe del equipo legislativo de Busatto, hubo 277 homicidios vinculados al narcotráfico en el departamento.
La comisión será integrada por ocho diputados. El socialista Joaquín Blanco pretendió sumar a la tarea investigativa a la justicia santafesina pero fue desechado en primera instancia.
En el debate de la resolución, Del Frade señaló que Alvarado es titular de 150 propiedades en Rosario y cuestionó que el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, llegó tarde en este tema cuestión no aceptada por Galassi quien ponderó la tarea del radical al frente de la cartera. “Hay que estar en esos zapatos”, advirtió.
Fitosanitarios y protocolo sobre aborto
Diputados dio media sanción a una docena de proyectos de ley dos de los cuales tuvieron un interesante debate y votaciones divididas. Por un lado, dio media sanción a la reforma a la vigente ley de fitosanitarios (ley 11.237) en base al dictamen de minoría que elaboró el año pasado la Comisión de Medio Ambiente y que apunta especialmente a trabajar el tema en zonificación y en llevar a mil metros de núcleos urbanos la prohibición de aplicar productos químicos a cultivos. La prohibición será total en área urbanas, muy controlada en las zonas periurbanas y controlada en áreas rurales. El radical Santiago Mascheroni llevó la voz cantante del dictamen de mayoría que logró el respaldo de todo el Frente Progresista, de la izquierda y de sectores del justicialismo con el rechazo de la bancada de Cambiemos. “Tarde pero es un avance y es el avance posible” completó Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación).
Por otra parte, a instancias de Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) la Cámara avaló un proyecto para darle rango de ley al vigente ‘Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo‘ que tiene la provincia desde 2012.
La legisladora no dejó de señalar que “mientras el gobierno de Cambiemos se sacude en controversias internas ante la decisión del Secretario de Salud de la Nación, Rubinstein, de darle carácter de resolución al Protocolo actualizado 2019, en Santa Fe se avanza en una norma que facilita el acceso a la interrupción del embarazo en los casos contemplados desde hace 100 años por el Código Penal Argentino, cumplimentando lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn en el Fallo F.A.L. del año 2012”.
El proyecto votado y girado al Senado facilita el acceso a la práctica médica para interrumpir un embarazo al establecer procedimientos claros, con instrucciones uniformes para respaldar la práctica de los equipos de salud en cualquier lugar de la geografía provincial. Augsburger aclaró que “el protocolo no modifica los derechos y obligaciones contenidos en las leyes y en la Constitución; lo que hace es evitar las obstaculizaciones malintencionadas, las demoras, la revictimización de niñas abusadas y todas las formas de negación de derechos que se producen cuando no se respetan las leyes vigentes”. Hubo voces críticas y votos en contra expresadas por Sergio Más Varela (Cambiemos) y Julio Eggimann (PJ).