Con el voto unánime, la Cámara de Diputados dio media sanción a un mensaje del Poder Ejecutivo que establece la normas tendientes a la regularización de las deudas por aportes previsionales y de obra social que tienen los profesionales afiliados a la Caja del Arte de Curar. “Es un paso importante en el marco de una situación compleja. Fue un principio de solución importante entre la Caja y los colegios profesionales de la cual se hizo eco el Poder Ejecutivo con la necesidad de validar esta moratoria con cuotas sostenibles en el tiempo” explicó el radical Santiago Mascheroni para explicar el proyecto que se sometía a votación.
En los considerados, el Ejecutivo entiende que la modificación de las escalas aportativas y el tratamiento de la deuda importa un mejoramiento de la actual ley 12.818 “inspirada en los principios de la solidaridad y equidad que rigen la materia, que propende al enaltecimiento de la calidad de vida de los afiliados activos y pasivos de la entidad”.
Para el Ejecutivo, el proyecto “importa un perfeccionamiento del sistema vigente, en aras de materializar en plenitud los principios estructurales de la Seguridad Social, lo cual justifica que sea dejado sin efecto cualquier disposición anterior que se oponga o contradiga la presente”.
Para llegar al mensaje, hubo largas discusiones entre los diferentes colegios profesionales y las autoridades de la Caja del Arte de Curar. De esas mesas de negociaciones surgió el plan cuyo objetivo es “establecer las normas tendientes a la regularización de las deudas en concepto de aportes obligatorios previsionales mínimos mensuales y cuotas de Obra Social y sus fondos específicos o cualquier otro concepto relacionado a la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe, Ley Provincial 12.818, que hubieran sido devengadas hasta la entrada en vigencia de la presente y por única vez”.
En los diferentes artículos se fijan los alcances de los planes de pagos, condiciones e incluso las sanciones por posibles incumplimientos.
También el último jueves, Diputados aprobó por segunda vez la creación de la figura del Abogado del Niño, tomando como base un proyecto del radical Jorge Henn que apunta a brindar soluciones a los niños, niñas y adolescentes que se ven atravesados por un proceso judicial sin el asesoramiento adecuado.
La propuesta crea un Registro Público Especializado de abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes basado en la necesidad de organizar la prestación del servicio profesional existente e igualar el acceso al mismo, de acuerdo a los principios de tratados internacionales y de la Carta Magna.
“Insistimos en este proyecto porque creemos que hay que poner nuestra legislación a la altura del cambio cultural que nos atraviesa. La sociedad está cambiando así como los modelos de familia pero los chicos siguen siendo los menos escuchados. Debemos reconocer que se avanzó mucho en leyes relacionadas al divorcio, al matrimonio igualitario y la igualdad de género, pero no pasó lo mismo con los derechos de los chicos”. Para el legislador “siempre se habla del interés superior del niño, pero sobreviven viejas concepciones, porque por un lado se repite hasta el cansancio que los niños son sujetos de derechos, pero por el otro, se los trata como incapaces porque no se los escucha. Si realmente creemos que el niño es un sujeto de derecho, debemos salir de las declaraciones vacías y ponerle coherencia a nuestros textos. Creemos que aprobar nuevamente el proyecto para darle estado parlamentario es necesario para que el senado lo pueda discutir y estemos más cerca de que sea Ley”‘.
Diputados votó y giró en revisión al Senado una reforma al Código Fiscal para eximir a las cooperativas radicadas en la provincia del pago de Ingresos Brutos a lubricantes y combustibles líquidos cuando son vendidos a sus asociados.
La iniciativa corresponde al presidente de la Cámara, el socialista Antonio Bonfatti, aunque fue el jefe de la bancada, Rubén Galassi quien lo fundamentó en el recinto.
“Este proyecto reafirma la importancia que reviste el movimiento cooperativo en el desarrollo de un sistema económico de tinte social y solidario, entendiéndose clave su fortalecimiento a través de la adopción de medidas de fomento de su actividad, afianzando y precisando, en particular, los beneficios impositivos conferidos a dichas entidades”, señaló el informante.
Galassi refirió distintas exenciones ya votadas a cooperativas durante los años del gobierno del Frente Progresista, señalando los casos de las proveedoras de agua potable, del servicio de cloacas, de salud o educativas.
Entre los proyectos de ley votados por Diputados, uno de ellos declara monumento natural de la provincia a las especies de Cardenal Amarillo y Aguila Coronada, por cual ambas pasarán a tener protección absoluta si el Senado acompaña la propuesta.
La iniciativa de la socialista Marita Ayala -girada al Senado- prohibe la caza, captura, acoso, tenencia, tránsito o comercialización de ambas especies de aves en el territorio santafesino.
El diputado Luis Rubeo (PJ) logró respaldo de sus pares a un pedido de informes para saber las razones por las cuales el Poder Ejecutivo no hace públicos todos los decretos que firma. Según los cálculos presentados en el recinto, a fines de octubre faltaban dar a publicidad unos 180 instrumentos dictados por el Poder Ejecutivo.
Sergio Más Varela (Cambiemos) presentó un proyecto de reforma a la vigente Ley de Comunas (2439) a los afectos de que sean tomados los datos oficiales de los censos de población realizados por el Ipec a la hora de determinar si una población se organiza como comuna o municipio. El propósito del legislador es evitar la proliferación de ciudades que se crean sin cumplir los alcances establecidos por la Constitución Provincial que exige una población de 10.000 habitantes.
Dirigentes y delegados gremiales saludaron desde la barra la aprobación de un proyecto de Silvia Augburger (Igualdad y Participación) donde le pide al Poder Ejecutivo que, en relación a la ley Micaela, convoque a las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores estatales a discutir los alcances de la reglamentación de la norma.
El objetivo de la ley Micaela es capacitar obligatoriamente en temas de género al personal de los tres poderes del Estado.