Un niño muerto de 8 años, el acusado de 14 y 5 preguntas dirigidas a Desarrollo Social

Un pedido de informes aprobado en el Senado de la Provincia y una exposición de Alcides Calvo (PJ-Castellanos) tienen el propósito de revisar lo ocurrido en la ciudad de Rafaela, donde un menor de apenas 14 años está acusado de matar a un niño de 8.

Tanto el expediente con preguntas dirigidas al Ministerio de Desarrollo Social como la intervención del senador desde su banca apuntan a las políticas públicas con las que el Estado responde a casos como el que conmueve a los rafaelinos. Los puntos a responder por la Casa Gris -quedan apenas días para que termine la actual gestión- apuntan a las obligaciones que -por las definiciones contenidas en la Ley 12.967- son competencia de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que depende de esa cartera.

En los fundamentos se exponen los hechos. “El crimen ocurrió en la noche del pasado miércoles (20 de noviembre) cuando el pequeño Emiliano González se encontraba en brazos de su padre, en el patio trasero de la vivienda familiar, del barrio Mora en el norte de la ciudad de Rafaela”.

“Se determinó rápidamente la identidad del matador y un día y medio después, luego de una serie de allanamientos, se lo detuvo. Como ocurre en estos casos, al tener 14 años no es punible y por lo tanto no puede ser alcanzado por la ley penal. De igual manera la Justicia de Menores tampoco puede aplicar medidas socioeducativas ni privarlo de su libertad y por ello la jueza de turno, María Feraudo de Platini, dejó el caso en manos de la Subsecretaría mencionada, la que horas después dispuso entregarlo en guarda a su padre que reside en la ciudad de Santa Fe”.

Tras mencionar las investigaciones periodísticas del diario Castellanos, los considerandos explican que “al parecer la Justicia de Menores dirigió siete alertas, en distintos momentos sobre la situación” a la repartición mencionada “sin obtener respuesta alguna”.

Y sigue Calvo: “Paradójicamente, esa dependencia es al que quedó a cargo de la custodia del menor, del que no se ocupó cuando ya su vinculación con el mundo del delito era evidente y estaba literalmente ‘fuera de control’ ”.

Textual

La información oficial que reclama Calvo a Desarrollo Social es la siguiente:

“1) Si la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia recibió por parte de la Justicia de Menores de Rafaela siete alertas por las conductas del joven de 14 años que dio muerte de un disparo a un chico de 8 años, Emanuel, y qué acciones se han desarrollado desde esa subsecretaría.

“2) ¿Qué medidas se tomaron desde el Ejecutivo Provincial para resolver los problemas denunciados, ante la reiteración de las numerosas llamadas de inminente peligrosidad del niño agresor?

“3) Si el coordinador de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia delegación Oeste, a cargo del Sr. Daniel Bernini, actuó dentro del marco de la ley.

“4) Indique con qué cantidad de personal profesional capacitado se cuenta en la Delegación Oeste y en el Departamento Castellanos.

“5) Si el Ministerio de Desarrollo Social- Subsecretaría de Niñez y Adolescencia ha desarrollado algún programa de contención, seguimiento, articulación con otras dependencias estatales y/o resguardo de los derechos de niños y adolescentes que se encuentren en inminente peligro”.

Sin respuestas

En el Senado, cada pedido de informes es aprobado sin demoras ni debates y por unanimidad. Se trata de una tradición legislativa que parte de la base de que son parte de las potestades del Poder Legislativo el control de los actos de gobierno.

El jueves pasado, tras una intervención de Lisandro Enrico (UCR-General López), que habló de la impunidad y acusó a los jueces de mantener “la puerta giratoria” (ver aparte), hubo una andanada de discursos -todos vinculados con casos policiales graves-, entre los que llamó la atención la intervención de Calvo: “son estas cosas que no se entienden... No podemos actuar sobre la imputabilidad (dispuesta por el Código Penal, nacional) pero el Estado va a tener que tomar un rol totalmente distinto”, dijo el legislador cercano al gobernador electo Omar Perotti.

Subrayó que el Senado ha dado otra vez media sanción al Código Procesal Penal Juvenil, sin tratamiento en Diputados, y mostró su preocupación porque “no puede actuar la Justicia de Menores”. Y preguntó: “¿qué hacemos con estas personas? Hubo siete alertas y no se hizo nada... y (el acusado) siguió con su forma de ser y terminó con la vida de una criatura de ocho años”.

Recordó que cuando la Cámara debatió en comisiones el nuevo código para menores de edad, “muchas veces los funcionarios judiciales rehusan al verdadero cambio, a una transformación, pero solo hay ausencia del Estado”.

Dijo que hubo en Rafaela, una de las manifestaciones “más populares, masivas y respetuosas que reclama justicia”.

El menor ahora está en Santa Fe

“Se los tengo que decir: este chico de 14 años que está acusado de matar a un niño de 8 fue dado en guarda a su padre, que vive aquí, así es que ahora el padre se lo trajo aquí a la ciudad de Santa Fe”, dijo en el recinto de la Cámara alta el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos).

El prontuario de “Churrito”

El senador Lisandro Enrico, habló del comerciante gravemente herido (de tres puñaladas) en Obispo Gelabert, entre 25 de Mayo y San Martín. Advirtió que el atacante “debía haber estado preso”, porque
“robó 7 veces en 5 meses”.

Tras repasar el prontuario (que publicó El Litoral, con dos oportunidades en las que recuperó la libertad, tras ser detenido por robos con uso de armas de fuego), dijo que ese “es el prontuario blanco de Kevin Alejandro Espíndola, el que se conoce porque fue apresado”. Enrico culpó a los jueces y fiscales de lo ocurrido.
“La víctima se debate entre la vida y la muerte. Quiero poner de relieve quién es Espíndola y qué nos pasa como Estado con estos casos. No es alguien que de buenas a primeras entró a un local y robó e hirió a un comerciante. Venía advirtiendo que lo iba a hacer”, dijo.

“¿Falló el Ejecutivo, el Legislativo, la policía? No. Se hizo la reforma procesal penal para que esto no ocurra y las fuerzas de seguridad lo detuvieron dos veces... Lo que falló es la falta de colaboración de la Justicia”, lamentó.

“El presidente del Colegio de Magistrados dice que la inseguridad no es un problema de la Justicia, sino del Ejecutivo; yo digo que si la Justicia hubiera dejado sometido a la ley penal a un ladrón que fue detenido porque robó, dos veces, y que tiene siete causas en cinco meses, esto no hubiera pasado”, advirtió.

Dijo que “los jueces no aplican la ley, no hay ningún motivo para que este delincuente esté en la calle”. Y recalcó: “Santa Fe tiene una de las justicias más caras del país, si no es la más cara. Hemos triplicado su presupuesto respecto de los años ‘80”, a moneda constante. Los funcionarios judiciales “tienen sueldos muy importantes” y “lo que pedimos es que apliquen la ley”.