La justicia mendocina, a través de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, citó a declarar al vicario judicial enviado por el Papa Francisco hace dos años para investigar el caso Próvolo, Dante Simón, acusado de ocultamiento de pruebas.

“Hice una denuncia por entorpecimiento probatorio, obstrucción de la justicia, desobediencia más falso testimonio, lo que es un encubrimiento”, explicó este martes a la prensa el querellante Sergio Salinas.

Dante Simón, había sido designado por el papa Francisco para seguir el tema mientras la justicia investigaba el caso, y ahora deberá presentarse a prestar una declaración informativa el 17 de diciembre por la denuncia sobre la presunta falta de cooperación durante la investigación por abusos sexuales contra niños sordos en el colegio religioso.

Según el abogado que defendió a las víctimas abusadas por los sacerdotes condenados la semana pasada, “estamos ante un hecho delictivo porque el fiscal investigó, recabó información ordenó su citación en una instancia informativa, estadio previo a una imputación formal”.

“Nos gustaría que entregue la información y que las víctimas sean saciadas de su necesidad de justicia”, pidió Salinas.

La semana pasada, la justicia mendocina condenó a los sacerdotes Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) a la pena de 45 y 42 años de prision respectivamente, y al jardinero del Provolo,Armando Gómez (49), quien recibió una pena de 18 años, acusados por abusos sexuales y corrupción de menores en el Instituto Próvolo de Mendoza.

La denuncia contra el clérigo se inició en mayo de 2017, luego de que desde el Ministerio Público Fiscal se le hiciera entrega de parte de los expedientes, quedando el compromiso de una reciprocidad en la información, algo que según la querella nunca ocurrió.

Según Salinas, Simón “declaró poco y siempre con una postura reticente, por eso ahora queremos que entregue la información que tiene la Iglesia”.

“Aún se aguardan respuestas por parte de la Iglesia que optó por la negativa de informar la investigación interna que ellos llevaron adelante, amparados en un concordado de 1968 que les permite negar el acceso a la información a las víctimas a pesar de haber sido declarado inconstitucional”, criticó a Télam el abogado.

Durante la instrucción, la fiscalía le requirió información al comisario monseñor Alberto Bochatey, el enviado del Vaticano para investigar el accionar de los dos sacerdotes involucrados en los abusos sexuales del Próvolo, pero nunca se emitió respuesta.

Con información de Télam.