La Corte falló tras la demanda de Buenos Aires a Santa Fe
Una solución para La Picasa
La disputa generada por la construcción del canal Alternativa Norte fue zanjada por un acuerdo en el Comité Interjurisdiccional. El Tribunal ordenó fortalecer ese ámbito, para coordinar un abordaje integral.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó coordinar el manejo “racional, equitativo y sostenible” del agua en la Laguna La Picasa, y fortalecer a la Comisión Interjurisdiccional de Cuenca como instancia de colaboración para la gestión conjunta de los recursos hídricos de la región.
La provincia de Buenos Aires acusó en abril de este año a Santa Fe por haber reactivado de manera unilateral el desagote de la Laguna La Picasa hacia su territorio, a través del canal Alternativa Norte, contra lo ordenado en 2000 por la Corte Suprema. Sin embargo, con posterioridad, y en el marco del Comité de Cuenca constituído por la Nación y las tres provincias afectadas -sumando a Córdoba-, se arribó a una solución acordando el uso coordinado de ese canal.
No obstante, a la Corte le tocó expedirse y -salvo Carlos Rosenkrantz, para quien no había “cuestiones pendientes” que requieran un pronunciamiento- lo hizo sentando directivas que apuntan a un abordaje integral y definitivo de la problemática.
La mayoría del Tribunal, mediante un voto suscripto por Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, comienza admitiendo que el conflicto por el canal Alternativa Norte está resuelto y a él refería el proceso en cuestión, por lo cual debe darse a éste por concluido.
No obstante, considera que la solución integral de la compleja problemática de la cuenta “no se circunscribe a la obra inicialmente cuestionada en el pleito, sino que involucra cuestiones de mayor alcance, comprende una amplia región y se vincula con derechos de incidencia colectiva de múltiples afectados”, tal como quedó claro en la audiencia pública celebrada el 8 de noviembre de 2017.
En atención a que el rango de intereses excede el ámbito privado, e incluso los estaduales, y afecta al ambiente y al agua como bienes colectivos, para la Corte debe propiciarse una solución sustentable a futuro, que a la vez tenga en cuenta el federalismo.
Y consideran que ellos encuentran su representación y conjugación en la “Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa”, organismo propio del federalismo de concertación, generado en el marco de un convenio intrafederal celebrado entre el Estado Nacional y las provincias involucradas en la cuenca hídrica respectiva (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) que funciona como “una instancia de cooperación y colaboración para la gestión conjunta de los recursos hídricos de la región” para afrontar la problemática de las inundaciones, anegamientos y sequías.
Solución integral
En ese plano, la Corte exhorta a sus integrantes a fortalecer institucionalmente el esquema de constitución y funcionamiento de dicha Comisión Interjurisdiccional, como así también a la adopción de planes de gestión integral de la cuenca y de contingencia frente a inundaciones, a realizar obras de infraestructura necesarias y a que se amplíen las bases de efectiva actuación conjunta en materia de control y fiscalización y clausura de canales clandestinos o irregulares.
Así, el voto de la mayoría resolvió declarar por concluido el proceso, y ordenar a las partes que coordinen el manejo racional, equitativo y sostenible del agua, en el marco de la formulación del Plan Director Para la Gestión Integrada y Sustentable de Los Recursos Hídricos de La Cuenca Laguna La Picasa; desarrollen las obras necesarias referentes a los proyectos de infraestructura que prevengan, regulen o controlen el escurrimiento de aguas de la laguna; controlen -conforme a un relevamiento de canales actualizado- las obras hidráulicas no autorizadas en el área de la Cuenca en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; y fortalezcan a la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa (CICLP) como una instancia de colaboración para la gestión conjunta de los recursos hídricos de la región mediante planes, programas, proyectos y obras orientados a la resolución de la problemática de las inundaciones, anegamientos y sequías que afectan a la Cuenca entendida como unidad de planificación, ordenamiento y gestión territorial.