Áñez creó un comité para investigar "los crímenes políticos" del gobierno de Morales

El gobierno de facto de Jeanine Áñez creó este miércoles un comité especial para investigar los "crímenes políticos e ideológicos de los últimos 14 años", cuando en Bolivia gobernó el ahora exiliado en México, Evo Morales, al mismo tiempo que el partido del presidente derrocado se prepara para aprobar en el congreso una ley de garantías constitucionales que frene lo que denuncian como acoso y persecución política.

"Junto al Ministerio de Justicia, hemos creado el Comité Interinstitucional de Defensa a las Victimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos, para restablecer las garantías constitucionales de todos los afectados por la anterior gestión", anunció la presidenta de facto en el Palacio Quemado, junto a su ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, y luego lo difundió por Twitter.

Áñez no dio muchos detalles, excepto aclarar que "no se atenderán delitos comunes, de lesa humanidad y tampoco narcotráfico".

Poco antes, la presidenta de facto había sorprendido al pedir la renuncia de su ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, la primera baja de su gobierno que comenzó el 12 de noviembre, tras autoproclamarse sucesora en una sesión del Senado sin quórum.

La salida de Justiniano -un hombre muy cercano al ex líder cívico que protagonizó las protestas contra Morales en octubre y noviembre y que ahora es candidato presidencial, Luis Fernando Camacho- se produce tras varias denuncias de manipulación judicial y coacciones, y de presuntas discrepancias con Áñez, informó la agencia de noticias DPA.

Al mismo tiempo que el gobierno de facto anunciaba su intención de perseguir por "crímenes políticos e ideológicos" a funcionarios que participaron a los gobiernos de Morales entre 2005 y 2019, en la Asamblea Legislativa, la bancada de diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente derrocado, anunció que en las próximas horas comenzará a debatir con la intención de votar lo antes posible una ley de garantías constitucionales para frenar lo que ellos califican como la persecución y criminalización que dirige Áñez.

El proyecto del ley presentado y resistido por las fuerzas que apoyan al gobierno de facto y por la propia Áñez exige el "Estado boliviano a través de sus cuatro Órganos, sus instituciones, el Ministerio Público, la Policía boliviana y las Fuerzas Armadas, garantice el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para todos los líderes sociales, dirigentes sindicales, y personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional", según el diario local Los Tiempos.

Para los partidos que apoyan a Áñez, sin embargo, este proyecto de ley busca amnistiar solamente al presidente derrocado y sus funcionarios para que vuelvan al país y a la vida política de la cual físicamente desaparecieron luego de la renuncia de Morales y su denuncia de golpe de Estado y de ataques contra sus aliados y sus familias.

Mientras este proyecto de ley promete ser el eje de la próxima batalla en la Asamblea Legislativa, avanza el proceso para elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral que fue vaciado o detenido por el actual gobierno de facto y ahora debe ser reactivado para convocar a elecciones en el primer semestre de 2020.

El sábado vence el plazo para inscribir las candidaturas y luego el congreso deberá elegir a los nuevos vocales antes del miércoles 18.

Con información de Télam.