La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que detectó “manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones” en el escrutinio de las elecciones presidenciales del 20 de octubre en Bolivia, al publicar este miércoles el informe final de su tarea de observación en esos comicios.

“El análisis que llevó a cabo el equipo auditor de la OEA permitió identificar la existencia de un patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones en el llenado de actas electorales”, dice el informe, de 95 páginas, divulgado en el sitio web del organismo.

Esas irregularidades se detectaron “a través de mecanismos muy similares en seis departamentos diferentes (de los nueve totales) y a favor de un único candidato”, agrega el texto, entregado esta tarde a las autoridades del gobierno interino de Bolivia.

“A la luz de los antecedentes y hallazgos descriptos, y el cúmulo de irregularidades observadas, no es posible por parte del equipo auditor garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados”, se indica en las conclusiones del trabajo.

Entre las “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”, el documento señala la “paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos”, del escrutinio provisorio cuando se llevaba “83,76% de las actas verificadas y divulgadas”.

También la “introducción se servidores no previstos en la infraestructura tecnológica, a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares)”.

Asimismo, según el informe, “se mintió respecto a la configuración real” de uno de esos servidores “no previstos”, así como “se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del TSE (Tribunal Supremo Electoral)”.

“El esquema tecnológico paralelo y no controlado que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado por la volatilidad de la evidencia digital”, subraya el trabajo.

Por otra parte, “se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo que afectan la integridad de las mismas”, así como “una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales”.

Incluso, “a pesar de ser material sensible, se quemaron actas (el número es incierto) y más de 13.100 listas de electores habilitados (o listas índice), lo cual no permite contrastar la información consignada en las actas de escrutinio y cómputo”, advierte el texto.

La paralización del escrutinio provisorio en la noche del 20 de octubre -cuando el entonces presidente Evo Morales ganaba pero debía ir a un balotaje con el ex mandatario Carlos Mesa- generó denuncias de presunto fraude de sectores de oposición, observadores electorales y medios de comunicación, y provocó las primeras protestas callejeras.

Al reanudarse el conteo, al día siguiente, el resultado mostró ganador en primera vuelta a Morales, lo que exacerbó las denuncias y las protestas.

Luego de que la OEA y una de las empresas contratistas del sistema electoral denunciaran irregularidades en el escrutinio, Morales ofreció repetir los comicios.

Sin embargo, ante la falta de apoyo de numerosas organizaciones sociales afines y del comando de las Fuerzas Armadas, el 10 de noviembre anunció su renuncia y dos días después se asiló en México.

El 12 de noviembre, ante la acefalía -habían dimitido también el vicepresidente y los titulares de las dos cámaras del parlamento-, la senadora Jeanine Áñez se proclamó presidenta e inició un gobierno interino que aún no fue reconocido por la mayoría de los países.

A partir de allí se exacerbaron las protestas, que hasta entonces habían dejado tres muertos y cuya lista de víctimas fatales se elevó a más de 30.

Solo disminuyeron luego de que Áñez promulgara hace 10 días una ley acordada con el partido de Morales -que tiene mayoría en ambas cámaras- para renovar la composición de la autoridad electoral y convocar a nuevas elecciones.

El informe

Con información de Télam