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Viernes 06.12.2019 - Última actualización - 13:46
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Piden nuevas indagatorias

El padre de un policía preso "blanqueó" el esquema de corrupción en la Federal

El fiscal federal Walter Rodríguez abrió una nueva investigación contra un grupo de policías que articulaban en un “sistema de recaudación ilegal”, consistente en el desapoderamiento de dinero y drogas, así como el cobro de cuotas a cambio de cobertura. Un informe del Organismo de Investigaciones (OI) provincial respalda la acusación.

 <strong>Foto:</strong> Guillermo Di Salvatore
Foto: Guillermo Di Salvatore

Foto: Guillermo Di Salvatore



Piden nuevas indagatorias El padre de un policía preso "blanqueó" el esquema de corrupción en la Federal El fiscal federal Walter Rodríguez abrió una nueva investigación contra un grupo de policías que articulaban en un “sistema de recaudación ilegal”, consistente en el desapoderamiento de dinero y drogas, así como el cobro de cuotas a cambio de cobertura. Un informe del Organismo de Investigaciones (OI) provincial respalda la acusación. El fiscal federal Walter Rodríguez abrió una nueva investigación contra un grupo de policías que articulaban en un “sistema de recaudación ilegal”, consistente en el desapoderamiento de dinero y drogas, así como el cobro de cuotas a cambio de cobertura. Un informe del Organismo de Investigaciones (OI) provincial respalda la acusación.

El 24 de septiembre, 5 minutos antes del mediodía, el fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, recibió una carta anónima, referida a sus recientes intervenciones en la Delegación local de la Policía Federal. “Todas las instituciones están manchadas por el accionar de personas que deben cumplir con el mandato que baja desde las cúpulas. Es parte del SISTEMA, no hay otra”, decía la misiva.


El mismo día, pero en horas de la siesta, el autor de la nota se comunicó con la fiscalía y solicitó una entrevista. Se trata del padre de uno de los policías federales detenidos en mayo pasado, cuando se produjo el descabezamiento de la cúpula al mando del comisario Marcelo “Lechuga” Lepwalts (51). Esa tarde fue recibido por el fiscal, ante quien ratificó la autoría y el contenido de la carta que había mandado con un cadete. 


Al día siguiente, se convirtió en testigo de la denominada “causa Coirón”, que investiga por asociación ilícita a Lepwalts y los integrantes de la Brigada que tuvo al mando en su paso por Santa Fe.


El hombre -quizás compungido por la detención de su hijo-, habló de dependencias policiales condicionadas por “el mandato que baja de las cúpulas”, el cual era parte de un “sistema”. Se refirió a aquellas “artimañas” desplegadas para quedarse con “el botín” en los procedimientos; y del “mandato” que cumplir en el cargo de delegado, con recibo a los jefes de Rosario, “a quienes mensualmente se les debe hacer llegar el denominado ‘sobre’ del cual se sabe que contiene dinero”.


Nuevas indagatorias


Si bien la declaración de este hombre fue el puntapié inicial de la investigación (por la cual el fiscal Rodríguez solicitó la semana pasada media docena de indagatorias por corrupción en la Policía Federal), como se trata del padre de uno de los implicados, el testimonio no cuenta con valor probatorio sino indiciario. Asimismo, existen otros elementos de valoración, como un revelador informe del Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia, que ratifica en gran medida el mecanismo descripto.


Como resulta de imposible cumplimiento una investigación que apunte a desentrañar la supuesta historia de corrupción institucional, el fiscal Rodríguez optó por ir a los datos concretos que refieren a la gestión de Lepwalts y la estructura generada en torno suyo, que completan los policías cordobeses Cristian Pablo Bogetti (41), Darío Alberto Duarte (44), Lucas Leonel Bustos (35); el bonaerense Michael Juan Arbildo (25) y el santafesino Carlos Fernando Gómez Navarro (31).


El pedido es para que el juez federal N° 2, Francisco Miño los indague por el delito de “asociación ilícita”, con Lepwalts a la cabeza, en el período que comprende entre el 23 de marzo de 2018 y el 9 de mayo de 2019, es decir, desde la designación de Lepwalts como jefe, hasta su caída y encarcelamiento.


Dos procesamientos


Entre los principales cargos, se les atribuye haber orquestado “un sistema de recaudación ilegal”. A modo de evidencia el fiscal puso de resalto dos casos que fueron impulsados este año y por los cuales resultaron procesados por los jueces Miño y Reinaldo Rodríguez; además de un sumario en Asuntos Internos por hechos ocurridos en Villa María, Córdoba, cuando tres de ellos se desempeñaban en aquella delegación.


Para los investigadores, la característica de los actos perseguibles tenía como dato sobresaliente el ocultamiento de información a la autoridad judicial competente y luego la repartija del botín; o directamente el ofrecimiento de protección a cambio de dinero.


Si bien son hechos con entidad autónoma, el fiscal Rodríguez resaltó los procesamientos del 30 de mayo por el Dr. Miño, contra Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro como presuntos coautores de no menos de 8 delitos, entre los que destacó la “falsedad ideológica de documento público, sustracción de elementos probatorios, encubrimiento”, “incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, cohecho, falso testimonio y tenencia simple de estupefacientes”. Y a Duarte y Bustos como coautores del delito de “tenencia simple de estupefacientes”. Medida judicial de primera instancia confirmado parcialmente el 6 de noviembre por la Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.


Además, recordó que el 24 de mayo de este año, el juez Reinaldo Rodríguez también procesamiento de Bogetti, Duarte y Bustos como autores de “encubrimiento” triplemente agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por un video en el que se los ve negociando con narcos barriales.


En disponibilidad


El primer procesamiento fue sobre el procedimiento efectuado el 4 de abril en la ruta 70, camino a Esperanza, en que se produjo la detención del narco Guillermo Alberto Kernc, al que le secuestraron cocaína, dinero y dos teléfonos celulares, y luego le exigieron una suma de dinero a cambio de favorecer su situación procesal ante la justicia federal. Dicha investigación se inició también a partir de una misiva anónima del 6 de febrero de 2019 dirigida a Néstor Roncaglia, Jefe de la Policía Federal Argentina.


Finalmente, se trajo a cuento los legajos personales de los policías cordobeses Bogetti, Bustos y Duarte, quienes registran antecedentes ante el Departamento de Investigaciones Administrativas de la PFA, cuando los nombrados prestaban funciones en la Delegación Villa María. El 10 de marzo de 2017 un detenido en esa delegación refirió que la policía “nos quita la droga y después la vende” y los señaló a los tres como parte d el esquema de recaudación ilegal. Un mes después los tres fueron pasados a disponibilidad hasta el 23 de marzo de 2018, curiosamente una semana después de que se asignó a Lepwalts como Jefe de Delegación Santa Fe. En ese caso la causa judicial finalmente resultó desestimada y volvieron a trabajar.

 

“Arbolitos” y “cuevas”


Para tramitar el traslado de su hijo preso a Santa Fe, el denunciante mantuvo en julio de este año una entrevista con el jefe que sucedió a Lepwalts, el ahora detenido comisario Mariano Valdés, con serios cargos por vínculos con el narcotráfico. En ese encuentro, Valdes le pidió que apagara el celular y como respuesta, le manifestó su interés en conocer a los “arbolitos” y “cuevas” de la ciudad para obtener un “aporte voluntario” de lo contrario dijo que “no tengo ningún problema de ir a patear las puertas de esos boliches”. Por ese caso el fiscal Rodríguez, también solicitó formación de causa por separado. 

 

“Fondo común para un asado”


De las diligencias realizadas a lo largo del año, el Ministerio Público Fiscal encomendó al Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia que dirige el Dr. Marcelo Sain, que analice el contenido del teléfono celular del policía Gómez Navarro, producto del cual surgen “indicios novedosos que develan la existencia de una organización con lazos delictivos”.


De las conversaciones a través de mensajes de texto se habla de una “distribución horizontal y equitativa del ingreso irregular”; así como de la existencia de “una reserva de drogas que específicamente se utilizaba para “bagallos”, es decir, para plantar droga a quienes no la tienen para luego someterlos a un juego de presiones del que sólo se sale colaborando con la caja negra.


“Te diste cuenta que es todos por igual... sin importar jerarquía” -dice uno de los uniformados a Gómez Navarro-, a lo que este le contesta: “Sii olvídate. A mi me incluyeron”. “Y eso es lo Bueno de este grupo” -replica el otro-. “Desde primer día, por eso no hay drama”, confirma el joven policía. “Queda en fondo común para un asado”, bromean, aunque uno de ellos previene: “Nadie... ajeno a nuestro contorno tiene que saber”.


Luego se suceden un sinnúmero de mensajes en los que queda al descubierto el doble rol de preventor público y recaudador clandestino.

 

“Contabilidad clandestina”


El día en que allanaron el despacho de Lepwalt en mayo, en la delegación de PFA de calle San Martín al 3200, se secuestraron $ 42.000 que estaban en una caja fuerte. Como no fue objeto de análisis en ninguna de las investigaciones previas, pero se desconoce su origen, el fiscal Rodríguez presume que puede tratarse de una muestra palmaria del mecanismo recaudatorio, al parecer, respaldado por un block de notas de puño y letra de Lepwalts con una “contabilidad clandestina”.

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