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El Litoral
Sábado 07.12.2019
14:59

En un libro

Santa Fe concibió un "nuevo paradigma" en la evaluación de políticas públicas

La Defensoría del Pueblo presentó una destacada investigación elaborada junto a la UNR sobre el avance de los derechos económicos, sociales y culturales en la provincia.

Lamberto y Quiroga explicaron que evaluaron cuantitativa y cualitativamente los resultados de las políticas públicas aplicadas en la provincia de Santa Fe, durante el último año y medio. Crédito: Pablo AguirreLamberto y Quiroga explicaron que evaluaron cuantitativa y cualitativamente los resultados de las políticas públicas aplicadas en la provincia de Santa Fe, durante el último año y medio.
Crédito: Pablo Aguirre

Lamberto y Quiroga explicaron que evaluaron cuantitativa y cualitativamente los resultados de las políticas públicas aplicadas en la provincia de Santa Fe, durante el último año y medio. Crédito: Pablo Aguirre



En un libro Santa Fe concibió un "nuevo paradigma" en la evaluación de políticas públicas La Defensoría del Pueblo presentó una destacada investigación elaborada junto a la UNR sobre el avance de los derechos económicos, sociales y culturales en la provincia. La Defensoría del Pueblo presentó una destacada investigación elaborada junto a la UNR sobre el avance de los derechos económicos, sociales y culturales en la provincia.

¿Son inevitables las desigualdades? ¿Qué nuevo pacto político en América Latina contribuiría a transitar de una cultura de los privilegios a una cultura de la igualdad? ¿De qué manera se puede derrotar el silencio estadístico y visibilizar poblaciones vulnerables? Las preguntas son parte del libro “Progresos y desafíos de los derechos en la provincia de Santa Fe”, un trabajo de investigación sobre el avance en los derechos desde el enfoque de derechos humanos.


El trabajo fue llevado a cabo por el Equipo de Evaluación en Políticas Sociales y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario. Y otorga una mirada en profundidad sobre la realidad de Santa Fe, durante el período 2018 hasta junio de 2019. A la vez, conforma un análisis puntilloso sobre el impacto ciudadano de las políticas públicas implementadas en los últimos años, detallando cuáles son los parámetros entre los distintos objetivos de desarrollo sostenible y derechos económicos, sociales y culturales, y cuál es la investigación que determina su nivel de cumplimiento. 


La presentación del trabajo, que tuvo lugar en el Auditorio de ATE, estuvo a cargo del defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, en compañía de gran parte del equipo de trabajo, coordinado por el docente de UNL y UNR, Hugo Quiroga. 


En diálogo con El Litoral, Lamberto comentó que el libro fue parte de un proceso de evaluación más amplio originado en el año 2017, con una primera experiencia en la ciudad de Rosario, que luego fue extendido a todo el territorio santafesino. 


“Desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, nos comprometimos a efectivizar un monitoreo de la Agenda 2030 aprobada en el año 2015 en Mérida, México, por distintas organizaciones de derechos humanos, y ratificada en Quito, Ecuador, en el encuentro de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) en Quito en el año 2016. Fue un trabajo importante, teniendo en cuenta que contempla el seguimiento de políticas públicas, en general, y sociales, en particular, referidas a pobreza, discapacidad, vivienda, servicios y violencia de género”, explicó el defensor provincial. 


Una vez consumada la primera experiencia, se persiguió un objetivo mayor. En 2018, se decidió pasar del ámbito local al provincial, ampliando la investigación con los ítems Salud y Educación, y agregando información proveniente del Poder Judicial y el Poder Legislativo. “Para esta evaluación, cambiamos el enfoque del monitoreo hacia derechos sociales en lugar de políticas públicas, indagando en los avances, estancamientos o retrocesos que se daban en las cinco materias a lo largo de la provincia de Santa Fe”, detalló Lamberto. 


Alcance a futuro


Atento al éxito alcanzado, el ombudsman santafesino narró que en la asamblea de Toronto, Canadá, del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), solicitaron su traducción al inglés debido a la metodología de investigación utilizada. “Hubo una gran repercusión debido a que los indicadores de la investigación tenían sustento -además de la información de los Ejecutivos municipal, provincial y nacional- en los protocolos de San Salvador (Provea) y el de Belem do, favoreciendo que, cambiando territorio y materia, puedan ser aplicables a otras experiencias internacionales”, explicó Lamberto. 


De esta manera, el alcance internacional de la publicación radica, en gran medida, en la innovación del procedimiento. Sobre este punto, el coordinador del proyecto de investigación, Hugo Quiroga, resaltó “los indicadores elaborados en base a las matrices establecidas por la ONU y la OEA para evaluar las políticas”, y agregó que su implementación “requiere conocer el enfoque de derechos humanos; es decir, su progresividad, universalidad e interrelación, que hacen que la información recabada sea más profunda y más precisa”.


Además, Quiroga sostuvo que la publicación significa “un cambio de paradigma en la disciplina a nivel internacional, ya que es mucho más que un mero informe teórico”. Y pronosticó que “a nivel nacional y regional, deberá ser elemento de consulta para la sensibilización de los futuros funcionarios”.


“De ahora en más, su comprensión y aplicación será tarea necesaria para que los tomadores de decisiones la vuelvan una herramienta de trabajo”, concluyó el catedrático. 


>> Online: en  la presentación, se informó que el libro de evaluación sobre el estado de avance de los derechos estará publicado -en breve- en la página web de la Defensoría del Pueblo provincial, para consulta libre. Lo mismo ocurrirá con la guía metodológica.


Derechos y minucias


En otro plano, Lamberto destacó dos apartados con peso propio. 


Por un lado, un abordaje específico sobre las inversiones presupuestarias que permite sostener las políticas: “No hay derechos sin presupuesto, ésta no es una cuestión menor. Y esto está explícito en el libro para observar cómo avanzó la asignación de recursos para la protección de derechos”. 


En segundo lugar, recalcó la preponderancia que adquiere la investigación con respecto al derecho a la información. “Este gobierno se ha destacado en el suministro de información pública, pero este informe contiene un nivel de detalle muy preciso sobre cada uno de los puntos. Es una nueva visión de ver el derecho a la información, y por esto ha sido seleccionado para la próxima jornada de la Cepal”.





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