Mundos en colisión

Emerio Agretti | [email protected]

Si alguien pensaba que, al poner punto final a la injustificadamente extensa transición provincial, la asunción de Omar Perotti terminaría también de aflojar las tensiones que la dominaron, esas expectativas quedaron hechas trizas con su primer discurso ante la Asamblea Legislativa.

Estuvo acompañado en la ocasión por el flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, con quien comparte el perfil de peronista “moderado”, y que no perdió tiempo en hacer una visita fulminante y estratégica a nuestra provincia; es decir, a un territorio que le fue adverso en las elecciones, y en respaldo de un dirigente afín y con ineludible peso a los efectos del reparto del poder y la sustentación de la gobernabilidad que se juega en los próximos meses.

De todos modos, la alocución del santafesino resultó bastante menos amigable que la del primer mandatario nacional, y sorprendentemente más dura y confrontativa que sus discursos de campaña.

La enumeración inicial de calamidades que aquejan a la provincia no se apartó de los carriles habituales y esperables: la situación fiscal, la pobreza, el desempleo, la demanda alimentaria. Según se ocupó de aclarar, no a los efectos de ampararse en “la pesada herencia” como dispensa, sino porque “el pueblo santafesino sí va a saber desde dónde arrancamos, cómo quedaron las cosas en esta provincia”. Más o menos ésa fue la conclusión después, tras escuchar a los ministros el viernes, en la primera reunión de gabinete.

Tampoco fue sorpresivo que aludiera a “el aumento y la expansión del delito”, que dan carnadura a la emergencia en seguridad, y al compromiso de establecer el orden como garantía para disfrutar las libertades: una fórmula que busca aunar y conciliar dos términos que para muchos son antagónicos, y entre los que, según de quien se trate, alternan las principales ilusiones o los mayores temores.

Pero Perotti decidió esta vez ir más allá, e introdujo otros términos en la ecuación. Habló de “desgobierno político” como matriz de “una marcada autonomía policial”. Aludió a las “severas deficiencias institucionales” de la policía en materia de prevención e investigación criminal, y las cifró en buena medida en “el deterioro en los derechos y las condiciones laborales de los y las trabajadoras policiales”; una vez más, conciliando en la expresión, en su fondo y en su forma, campos de ideas habitualmente antagónicos. Y lo volvió a hacer inmediatamente a continuación, cuando habló del repliegue de la sociedad y de que fue arrastrada a asumir los riegos “con los medios a su alcance”, pero se aseguró de subrayar que “las principales víctimas de los delitos son los pobres, los trabajadores, las personas de los estratos sociales que tienen menos protección del Estado y menos capacidad de protegerse a sí mismos frente al crimen”.

Con lo que vino después ya no hubo espacio para acercarmiento de posturas. Fue cuando abordó la criminalidad articulada en torno al narcotráfico, “al amparo de la desidia y la ignominia estatal”, de la “vista gorda” policial, judicial y política; e incluso de la complicidad asentada en un “pacto de gobernabilidad” con el delito.

“Esto se acabó”, sentenció el gobernador: “Hay que cortar vínculos con el delito”.
La frase reverberó en el recinto parlamentario, y sus ecos debieron llegar necesariamente a la Casa Gris, donde minutos después se produjo la foto que durante todos los meses de la transición fue negada a los santafesinos: los dos gobernadores en un encuentro formal.

Fue un traspaso protocolar de los atributos del mando en términos republicanos y civilizados, sin la calidez que Fernández le imprimió al acto nacional, ni los desplantes sobreactuados de la actual vicepresidenta. Pero la frase estaba ahí. Puesta para marcar el terreno, o para “abrir grietas y enfrentamientos”, como evaluó después el ex ministro Pablo Farías.

También para demostrar que no todas las conciliaciones son posibles.