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Viernes 20.12.2019 - Última actualización - 14:32
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Analizarán los movimientos de los últimos 6 meses

Jatón ordenó auditar las cuentas del Municipio

La Sindicatura deberá investigar la actividad financiera y administrativa de la gestión de Corral. Revisarán contratos, convenios y vínculos laborales, entre otros. Buscan determinar si hubo perjuicios al patrimonio municipal.

 <strong>Foto:</strong> Archivo El Litoral
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Analizarán los movimientos de los últimos 6 meses Jatón ordenó auditar las cuentas del Municipio La Sindicatura deberá investigar la actividad financiera y administrativa de la gestión de Corral. Revisarán contratos, convenios y vínculos laborales, entre otros. Buscan determinar si hubo perjuicios al patrimonio municipal. La Sindicatura deberá investigar la actividad financiera y administrativa de la gestión de Corral. Revisarán contratos, convenios y vínculos laborales, entre otros. Buscan determinar si hubo perjuicios al patrimonio municipal.

El intendente Emilio Jatón ordenó investigar las cuentas de la Municipalidad durante el último semestre de la gestión anterior, a cargo de José Corral. La decisión tomada por el Ejecutivo se funda en “controversias detectadas” en relaciones contractuales entre el municipio, empresas contratadas y de obra pública, entre otros. Será la Sindicatura General quien ejecute ahora dicha auditoría interna en pos de determinar si hubo perjuicios al patrimonio municipal.


La decisión no sorprende ya que Jatón se había quejado antes de asumir —el 12 de diciembre— porque no tuvo el acceso a la información que pretendía obtener de parte de la gestión de Corral. Y, en ese sentido, había anticipado que debido a ello realizaría dicha investigación. Esto provocó algunos cruces entre quienes argumentaban que debía ser una auditoría externa.

 

Decreto


Finalmente, Jatón firmó un decreto fechado el jueves 19 de diciembre —el que se publicó este viernes 20—, en el que ordenó revisar las decisiones tomadas por Corral. Según remarca en su artículo primero, la lupa deberá ponerse “sobre la actividad financiera y administrativa del Departamento Ejecutivo Municipal, entes autárquicos y organismos descentralizados”. Y se fundamenta en que “se ha verificado la existencia de numerosas controversias en las relaciones contractuales vinculadas a la prestación de servicios públicos esenciales y la ejecución de la obra pública”.


Más adelante el mismo detalla que “previa a la asunción de las nuevas autoridades del ejecutivo municipal se han dispuesto numerosas designaciones, contrataciones y ascensos de personal, situaciones que por su escala pueden afectar el normal desenvolvimiento de la gestión de gobierno”, por lo que “resulta aconsejable extremar los controles a los fines de comprobar la legalidad de lo actuado”.

 

Revisión


También, “resulta aconsejable realizar un análisis y control pormenorizado de la legalidad de los actos administrativos dictados durante los 6 (seis) meses inmediatos anteriores al 12 de diciembre de 2019, fecha en la cual asumió la nueva gestión municipal”, continúa el decreto. “También corresponde analizar y verificar aquellas relaciones contractuales vigentes sean obras o servicios públicos- en las cuales se han constatado situaciones conflictivas, sea por paralización de obras contratadas, reclamos por falta de pago, cese parcial en la prestación de servicios”, enumera.


Por todo ello, en su artículo tercero el decreto dice que “deberán relevarse los procesos y actos administrativos relativos a: relaciones contractuales de servicios públicos u obras públicas; régimen de empleo público y vinculación laboral cualquiera sea su modalidad, ingresos y ascensos; otorgamiento de concesiones y permisos; convenios con organismos nacionales, provinciales, entes autárquicos, asociaciones, fundaciones y dependencias de cualquier otra jurisdicción; obligaciones no canceladas”.
En cuanto al alcance de dicha auditoría el decreto indica que “la Sindicatura General Municipal podrá proponer, en forma fundada, la anulación de actos administrativos cuando se verifiquen infracciones a la normativa vigente”. Y le impone al organismo la elaboración de “un informe de la situación en la cual se encuentre cada obra y servicio público, con las recomendaciones que estime pertinentes”.


Por último, se indica que la Sindicatura tendrá un plazo de 60 días corridos para elaborar el informe, con posibilidad de prorrogarlo por otros 30 días. También podrá en el transcurso de la investigación presentar informes parciales al Ejecutivo.

 

El decreto

Autor:

Nicolás Loyarte


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