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Jueves 26.12.2019 - Última actualización - 12:25
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Desde la venta de inmuebles ociosos, al reclutamiento de policías retirados

Las abarcativas cuatro emergencias del gobierno provincial

Por el término de dos años, el Ejecutivo propone medidas excepcionales en materia social, sanitaria y alimentaria. También, en términos económicos, fiscales y financieros. Finalmente, para el ámbito de la seguridad y todas las contrataciones del estado.

 Crédito: Mauricio Garín
Crédito: Mauricio Garín

Crédito: Mauricio Garín



Desde la venta de inmuebles ociosos, al reclutamiento de policías retirados Las abarcativas cuatro emergencias del gobierno provincial Por el término de dos años, el Ejecutivo propone medidas excepcionales en materia social, sanitaria y alimentaria.  Por el término de dos años, el Ejecutivo propone medidas excepcionales en materia social, sanitaria y alimentaria. También, en términos económicos, fiscales y financieros. Finalmente, para el ámbito de la seguridad y todas las contrataciones del estado.

El gobernador Omar Perotti plantea declarar cuatro emergencias en la provincia por el término de dos años. Así lo plasmó en el mensaje Nro. 4.868 que ingresó el lunes a la Legislatura. En los considerandos del proyecto se menciona la iniciativa de “alcances similares” adoptada por el gobierno nacional, y sustentada en “la crisis producida por la caída del PBI, el aumento del tipo de cambio, el achicamiento de la economía, el incremento del desempleo y la pobreza”, entre otros conceptos. Se añade que “la provincia no escapa a ese contexto”, además de presentar una situación financiera particularmente comprometida por “un desequilibrio fiscal que elevó a 8 mil millones el déficit al 30 de noviembre; y con una deuda flotante de más de 22 mil millones de pesos”. 

 

Sobre esa base, el Ejecutivo propone declarar cuatro emergencias: social, alimentaria y sanitaria; emergencia de las contrataciones públicas; emergencia económica, financiera y fiscal; y emergencia en materia de Seguridad.



Social

 


En cuanto a la primera -emergencia social, alimentaria y sanitaria-, el gobierno propone adherir a los términos de la norma sancionada en la misma materia a nivel nacional. Las tareas de coordinación serán responsabilidad de los ministerios de Salud y Desarrollo Social. Dichas carteras deberán hacer “un monitoreo constante de precios y disponibilidad de medicamentos e insumos del sector salud y alimentos, y de otros bienes necesarios para atender la emergencia, tomando como referencia los establecidos por los organismos nacionales”. La producción del LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico) se podrá afectar a los programas y planes derivados de esta emergencia; y se podrá reorientar la producción de medicamentos. Dichos ministerios podrán “reasignar los créditos o préstamos internacionales y demás recursos afectados de cualquier origen”, entre otras disposiciones.



Contrataciones


La emergencia en materia de Contrataciones le permitirá al Poder Ejecutivo reprogramar y renegociar plazos y resolver contratos de suministro, obra, locación de servicios y consultoría, previos a la presente ley.



“La emergencia declarada por esta ley constituye causal de fuerza mayor, sin que las resoluciones importen contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, como tampoco ninguna consecuencia para las partes contratantes”, dice el proyecto. Las reprogramaciones no serán aplicables, si la continuación del contrato es acordada por las partes con “el principio del sacrificio compartido”. 

 


Además, el Ejecutivo podrá por 90 días “suspender los trámites de todas las licitaciones y concursos para la concertación de contratos, y procedimientos en trámite para programas con financiación proveniente de organismos multilaterales de crédito”.



Económica y más


La emergencia económica, financiera y fiscal le permite al Ejecutivo incorporar al Tesoro Provincial los recursos afectados de origen provincial cuando
éstos resultaren excedentes en relación al gasto ejecutado, al igual que saldos no invertidos en ejercicios anteriores. También estará facultada la “venta, dación en pago total o parcial por la construcción de obras públicas o la adquisición de bienes muebles o inmuebles del Estado que sean calificados como ociosos, improductivos o innecesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión”. Las reparticiones “deberán presentar al Ministerio de Economía el listado de los bienes en condiciones de ser vendidos para proceder a su realización”. Los importes resultantes de la venta ingresarán a Rentas Generales para financiar políticas educativas y sociales.


La emergencia fiscal le permite al gobierno adecuar “procedimientos, estructuras, equipamiento y metodologías de fiscalización de API, para alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la determinación, fiscalización y recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones u otras leyes fiscales”. Podrá suscribir convenios de colaboración con universidades, municipios y comunas; y contratar “bienes y servicios que permitan incrementar la capacidad del organismo recaudador provincial”. Asimismo, en las disposiciones complementarias, se establecen nuevos topes para determinadas licitaciones y concursos privados, contemplados en la Ley de Responsabilidad Fiscal.



Seguridad


Para fundamentar la emergencia en materia de seguridad, el proyecto de Perotti advierte que “resulta imperioso reconstruir la credibilidad de la sociedad en la institución policial”, a la vez que considera que “el estado no tiene capacidad suficiente para dar respuesta a las demandas sociales” sobre esta problemática. Por ello, se considera “imprescindible poner en marcha un profundo plan de reestructuración y modernización de las fuerzas”. El Ejecutivo, a través del Ministerio respectivo, podrá “reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial, creando, transformando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y dependencias; reajustar y racionalizar los recursos humanos, reasignando funciones y destinos del personal policial; otorgar asignaciones no remunerativas al personal que desempeñe funciones consideradas “críticas”; y afectar personal de otras reparticiones para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades y dependencias policiales.



Asimismo, podrá “disponer el reintegro al servicio activo, pasar a retiro o a disponibilidad al personal policial” que se considere; y “convocar” al personal de la policía en situación de retiro. La emergencia prevé agilizar mecanismos de contratación de servicios y compra de materiales.

 

Pase a disponibilidad



El artículo 30 del proyecto de ley establece que la declaración de emergencia en seguridad faculta al Ministerio del área a poner en disponibilidad al personal policial bajo tres circunstancias. En primer lugar, al personal que “no hubiera sido reubicado o reasignado en el proceso de reorganización de la dependencia o área en la que presta servicio”. También, al que acredite como mínimo veinte (20) años de servicios policiales. Y finalmente, al que revista en alguno de los grados comprendidos entre las jerarquías de Comisario hasta Director General de Policía. La condición de disponibilidad y el pase a retiro obligatorio motivados por la emergencia en seguridad “son irrecurribles”.

 

Bicameral

 

El proyecto de ley prevé la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia que estará integrada por tres senadores y tres diputados. Asimismo, se invita a municipios y comunas a adherir a los términos planteados en el mensaje que ahora será discutido por las cámaras.

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