Compromiso de Walter Agosto sobre alícuotas de Ingresos Brutos a industrias

Una nota con un compromiso del ministro de Economía, Walter Agosto, permitió la sanción de la reforma tributaria en el último día hábil de diciembre y evitó que se incluyera una modificación en la Cámara de Diputados para salvar una omisión del Senado que podría haber afectado a unas 70 empresas santafesinas que comercializan productos en otros provincias, además de la nuestra.

En los hechos, Agosto hizo suya una nota que le remitieron el mismo lunes 30 de diciembre el secretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Jorge Simón, y el titular de API, Martín Avalos, donde “elevan su criterio en relación al proyecto de ley Impositiva año 2020 que se encuentra en tratamiento en la Legislatura”.

Las alarmas se dispararon en empresas -especialmente lácteas y frigoríficas- cuando observaron que la redacción de un artículo -el 15- había sido cambiado por el Senado en relación al mensaje del Poder Ejecutivo. Ese cambio implicaba quitar a un grupo de empresas de la estabilidad fiscal debido a sus niveles de facturación.

Durante todo el fin de semana sonaron teléfonos de diputados de todo el arco político advirtiéndoles sobre los efectos que tendría la suba impositiva en esos sectores que los dejarían fuera de competencia con competidoras radicadas en otras provincias. “Es una cuestión muy delicada de política tributaria que lo explican los especialistas en el tema pero cuya explicación pública es engorrosa” coincidieron en destacar tres diputados -de diferentes bloques- ante la consulta de El Litoral.

El último lunes hubo cruces de llamadas y varias reuniones entres legisladores justicialistas y del Frente Progresista para salvar la ley. Los primeros necesitan darle el instrumento al Poder Ejecutivo. Los segundos se negaban a hacerlo sino había un compromiso firme del Ejecutivo en salvar lo que -en principio- fue un descuido del Senado. El otro inconveniente fue que Senado no había sido convocado para ese lunes y todo cambio que aplicara Diputados debía significar la vuelta a la Cámara Alta y postergar para febrero la sanción debido al receso de enero.

Finalmente a poco de iniciarse la sesión apareció la nota de Agosto, sin membrete oficial pero con su firma y la cual fue validada por la Mesa de Movimiento de la Cámara de Diputados que le puso el sello y la hora.

Luego, en la sesión se resolvió que la nota quedara incorporada en la comunicación de sanción que Diputados envió al Poder Ejecutivo y se dejó constancia en la versión taquigráfica de la vigencia de la estabilidad fiscal de dichas empresas.

Repaso

En la nota de Hacienda se repasan los instrumentos legales de protección fiscal a industrias pymes a partir del dictado de la ley 13.749 donde Santa Fe adhirió a la norma nacional 27.264.

Pero además, el Ejecutivo hace hincapié en que la estabilidad fiscal para pymes quedó garantizada en el artículo 3 de la ley que convalidó el Consenso Fiscal 2019 que había sancionado la Legislatura la semana anterior. Precisamente ese artículo fue incluido por diputados del Frente Progresista al mensaje que llegó desde la Casa Gris donde ratificaba el acuerdo firmado por Alberto Fernández con todos los gobernadores, entre ellos Omar Perotti, para una suspensión de los alcances del Consenso 2017 que estableció compromisos de las provincias para reducir Ingresos Brutos y Sellos.

La carta de Simón y de Avalos que hace suya Agosto dice que una vez sancionada la ley impositiva 2020, la API se compromete en la reglamentación a aplicar el beneficio establecido en el artículo 25 de la ley 13.750 (reforma tributaria para 2018) para los contribuyentes alcanzados por la misma. Textualmente dice la nota en su párrafo final: “A los fines del cálculo de las alícuotas que deberán aplicarse para el período fiscal 2020 con motivo de dicho beneficio no serán computados los incrementos de alícuotas que pudieran haber establecido para el año 2020 las restantes jurisdicciones. En ningún caso la alícuota resultante podrá ser inferior a la vigente en diciembre de 2017 para la actividad respectiva. Para el cálculo referido en la párrafo precedente, como asimismo para su instrumentación, resultarán aplicables las pautas y procedimientos establecidos en los párrafos segundo y siguientes del citado artículo 25 de la ley 13.750”.

Economía del conocimiento

El Poder Ejecutivo promulgó la adhesión de la provincia al régimen de promoción de la Economía del Conocimiento que busca fomentar las actividades económicas que implementen el uso del conocimiento y la digitalización de la información de acuerdo con los avances de la ciencia y las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos.

Gracias a esta ley, a los emprendedores y las empresas del sector se les reducirá el Impuesto a las Ganancias, tendrán que pagar menos en contribuciones patronales, gozarán de estabilidad fiscal y exentas de retenciones y percepciones.

La ahora ley 13.944 se originó en una iniciativa del diputado socialista Joaquín Blanco que en el artículo 2 dispone que los beneficiarios “gozarán de estabilidad fiscal en todo el territorio de Santa Fe, no pudiendo ver incrementada su carga tributaria total provincial determinada al momento de su solicitud de adhesión en el Registro Nacional de Beneficiarios, y durante el término de vigencia de éste. La estabilidad fiscal alcanzará a los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscriptos, extendiéndose a la carga tributaria de los municipios y comunas en la medida de su adhesión a la presente ley”.

Tarifas

El diputado Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) advirtió que el mensaje para declarar la emergencia en varias áreas del Estado provincial en espejo con la ley sancionada por el Congreso, no contenía la cuestión tarifas de servicios públicos de competencia provincial.

Si bien el mensaje fue rechazado por la Cámara de Diputados, el legislador sureño exigió que el Estado asuma un rol activo para garantizar el acceso a los servicios básico. “Proponemos la suspensión de los aumentos en la tarifa de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable durante 180 días, a los fines de aliviar el malestar económico de las familias y las pymes santafesinas, tiempo durante el cual es preciso diagramar un nuevo esquema tarifario que respete los derechos de los usuarios y usuarias del servicio”, postuló.