El gobierno de Hong Kong cifró en unos 65 millones de dólares hongkoneses (8,4 millones de dólares estadounidenses, 7,5 millones de euros) el pago necesario para reparar las infraestructuras públicas dañadas durante las protestas antigubernamentales registradas en los últimos siete meses.
Según la prensa local, el secretario de Transporte y Vivienda, Frank Chan, explicó que entre junio y diciembre de 2019 se destrozaron unos 21.800 metros cuadrados de pavimento, se desmantelaron 52,8 kilómetros de vallas -con las que se construyen barricadas- y 740 semáforos fueron objeto de vandalismo o manipulación.
En un informe dirigido al Consejo Legislativo, Chan aseguró que "los manifestantes violentos realizaron un gran número de actos vandálicos en instalaciones de seguridad vial y bloquearon maliciosamente carreteras para paralizar el tráfico, lo que supuso un grave impacto en el transporte público, así como un riesgo potencial para los conductores".
Las cifras oficiales mostraron que entre junio y noviembre del año pasado se registraron una veintena de accidentes de tráfico y 41 casos de lesiones menores relacionadas con "señales de tráfico defectuosas", citó la agencia de noticias EFE.
Los meses de protestas colocaron a la economía de Hong Kong en recesión por primera vez en una década, tras contraerse un 2,9% en el tercer trimestre, afectada por las caídas de las importaciones y las exportaciones, de las ventas al por menor y por las decrecientes cifras del turismo.
Las manifestaciones contra el gobierno de Hong Kong comenzaron en junio por la decisión de impulsar una ley que habría permitido la extradición de sospechosos a la China continental, luego suspendida por la jefa de Gobierno, Carrie Lam, pero posteriormente derivaron en un movimiento más amplio a favor de la democracia y contra el dominio de Beijing.
En este contexto, la Policía arrestó a casi 7.000 personas, disparó más de 16.000 granadas de gas lacrimógeno y 10.000 balas de goma.
Se estima que un millón de personas asistieron a la última manifestación por la democracia y la rendición de cuentas en el territorio, celebrada el 1 de enero.
En paralelo, la Organización Human Rights Watch (HRW) urgió a Lam mediante una carta a que se investigue de forma "independiente e imparcial el abuso de la fuerza" de la Policía durante las protestas.
"Las autoridades de Hong Kong tienen obligaciones legales internacionales de investigar la conducta abusiva de la Policía", indicó hoy la directora para China de la organización, Sophie Richardson.
"Han fracasado en hacerlo ante las peticiones de los ciudadanos de Hong Kong, expertos legales y grupos de Derechos Humanos, perdiendo oportunidades críticas para demostrar un compromiso con los Derechos Humanos y el estado de Derecho", agregó Richardson, según reporta la agencia de noticias Europa Press.