En promedio, el 17 % había realizado denuncias previas por violencia de género. Son datos nacionales del Observatorio Mumalá. Reclamo por políticas firmes y presupuestos adecuados. Santa Fe, segunda en el país durante 2019, según informa la rosarina Norma López.
Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019 fueron registradas en el país 2749 víctimas de femicidios (mujeres de manera directa, travesticidios, mujeres y niñas víctimas de femicidios vinculados). Además, hubo 264 víctimas de femicidio vinculados de niños y varones. Otro dato particularmente dramático lo suman las 3.295 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre.
El 17 % es el promedio de víctimas que habían realizado denuncias por violencia de género.
Las cifras fueron construidas a partir de datos registrados en el Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos”, con información de organizaciones de la sociedad civil como La Casa del Encuentro. El promedio de víctimas por año es de 275.
“La violencia de género en todas sus formas y modalidades así como su expresión más extrema, el femicidio, configura un grave problema social y político que amerita firmes, consensuadas, accesibles y sistemáticas acciones del Estado con presupuestos acordes para su puesta en marcha”, expone la organización en un informe difundido en los primeros días de 2020.
Advierte, además, que “a 10 años de la sanción de la ley 26.485 no se obtuvieron respuestas por parte del gobierno de Mauricio Macri, como así tampoco de las instituciones encargadas de ejecutar políticas públicas para abordar esta problemática. De igual manera sucedía en el Gobierno de Cristina Fernández”. Y lo fundamenta: “en estos años el presupuesto para la implementación de dicha ley no alcanzó un dígito del presupuesto nacional”.
En este punto, la agrupación celebra la creación del Ministerio de la Mujer a nivel nacional, que a su vez tiene un área específica para abordar las violencias, “y esperamos que, como dijo el presidente (Alberto Fernández) al asumir, el #NiUnaMenos sea política de Estado”.
Infografía El Litoral
Foto: Infografía El Litoral
Más allá del diagnóstico
La información relevada también pone luz sobre un dato particularmente preocupante: en promedio, sólo el 17.5 % de las víctimas de femicidio había realizado denuncias previas. Las mujeres recurrieron en mayor porcentaje al Estado para la realización de las denuncias en 2015 (20%) y 2018 (21%) , “ambos años atravesados por fuertes luchas del movimiento de mujeres e identidades disidentes (Ni Una Menos, Aborto Legal, Seguro y Gratuito) que se instalaron en el espacio público, político y medios de comunicación”.
El reclamo es, claramente, por políticas concretas: “Las organizaciones feministas hacemos valiosos, y por momentos únicos, aportes en el registro de las violencias machistas extremas pero entendemos que es tarea del Estado, valorando esas experiencias, la construcción de un diagnóstico nacional sobre donde se asiente el diseño e implementación de eficaces políticas públicas”.
Al diagnóstico suman propuestas: Registro único nacional de femicidios; reglamentación y monitoreo de la aplicación de la Ley Micaela; accesibilidad al derecho otorgado por la Ley Brisa; Plan nacional de difusión de los recursos institucionales para el abordaje de las violencias de género en el orden nacional, provincial y municipal; plan de desarme, e impulso a la Ley de Cupo laboral travesti trans.
Avances en la ley
El informe elaborado por Mumalá reseña los avances que, en los últimos diez años, se produjeron en materia legislativa para abordar la violencia de género:
- 2009: Sanción de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres.
- 2010: Reglamentación de la ley 26.485.
- 2012: Incorporación de la figura de Femicidio en el Código Penal Argentino.
- 2018: sanción de la ley 27.499, Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
- 2018: Promulgación de la ley 27.452, Ley Brisa, de Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes.
A todo esto se suman normas internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana Belem Do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.