El Fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, hizo un balance institucional de lo que fue el 2019 y realizó algunas proyecciones para el año en curso, en materia de persecución penal y consolidación de objetivos planteados cuando asumió su cargo el 20 de abril de 2017. El referente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) local, hizo hincapié en “la distinción clara de roles entre juez y fiscal”; y en la relevancia de “las audiencias” por sobre “los legajos”, en una clara apuesta a lo que denominó el “fortalecimiento del sistema acusatorio”. Además, dijo que “se hace difícil sostener una respuesta punitiva” ante el aumento de la cantidad de homicidios. Y que “existen favorables expectativas para trabajar” con la nueva cúpula de Seguridad.
--¿Qué balance hace de este 2019 en cuanto a lo institucional?
“Al inicio de la gestión nos planteamos consolidar dos líneas de acción. La primera, fortalecer el funcionamiento del sistema acusatorio en la ciudad de Santa Fe, porque cuando se implementó el nuevo Código (10 de febrero de 2014) hubo ineficiencias muy notorias. Y la segunda fue fortalecer la Fiscalía y su misión específica que es la persecución penal, fundamentalmente en tres áreas: homicidios, delitos complejos y violencia de género y sexual. Lo que pasó en 2018 y 2019 fue que se consolidaron esas dos líneas de trabajo”, evaluó el jefe de los fiscales de la primera Circunscripción.
--¿A qué ineficiencias apunta?
--En lo concreto, no había juicios orales o había muy pocos. Entre 3 y 5 al año. En 2018 ya hubo 31 y en 2019 se realizaron 47. Es decir, que la falta de juicios orales era un ejemplo de cómo no funcionaba el sistema acusatorio. Pero además había otros aspectos, como la distinción de roles entre juez y fiscal, que tampoco estaba tan clara. Por eso la primera instrucción que di al día siguiente que juré fue que el legajo fiscal no se entrega con el (juicio) abreviado. Porque el legajo era el símbolo, como sinónimo del expediente y el fiscal, como apéndice del juez. Entonces, clara distinción de roles, el fiscal no es más un apéndice o auxiliar del juez y segundo la centralidad de la audiencia y no del legajo o los papeles.
--¿Cuál es la meta para 2020?
--Consolidar los números en esa materia, y tener entre 50 a 60 juicios orales.
--¿Cuántos fiscales le falta a la Regional N° 1?
--En eso hay que reconocer que estamos bien y hubo un trabajo del Ministerio de Justicia para cubrir las vacantes. La gestión anterior (gobierno de Miguel Lifschitz), en esa materia cubrió las vacantes. También la Corte Suprema hizo tres traspasos, por lo que hoy son 46 los fiscales trabajando. Y salvo dos fiscales de Faltas que con la aprobación del Código (de Convivencia) se concursaron y no se cubrieron, y dos cargos de fiscales más, hoy las vacantes no son el problema mayor.
--En cambio en el Colegio de Jueces reclaman 9 cargos para primera instancia...
--Está bien, faltan jueces, pero también hay que trabajar algunas interpretaciones y hay que optimizar el trabajo en tribunales. Para tratar una prisión preventiva en Rosario, algunas veces se hace una sola audiencia, con un juez, un fiscal y un defensor; a las 72 hs hacen una sola audiencia (control de garantías, imputativa y cautelar). Para el mismo objetivo, hay veces que acá en Santa Fe se hacen tres audiencias. Entonces obviamente multiplicá los recursos humanos y las horas hombre para lograr el mismo objetivo. Cuando en Rosario se hace en tres horas hombre por objetivo acá lleva 9 horas hombre.
--¿Cómo está Santa Fe en relación a la provincia en cuanto a la violencia de género y femicidios puntualmente, teniendo en cuenta los informes anuales?
--En general en materia de femicidios y homicidios hubo una mejora en los índices de individualización. No estoy hablando de la tasa de homicidios que obviamente en los últimos años volvió a tener un rebote y repuntó. En 2016 veníamos bajos con los números de individualización en el departamento La Capital, mucho más que Rosario. En 2018 y lo que va en 2019 hemos mejorado los números. El desafío es sostener esa mejora porque el aumento en la cantidad de homicidios nos dificulta mantener esa tasa de individualización porque se recarga el recurso en la etapa investigativa y se hace difícil sostener una respuesta en materia punitiva.
--Hubo una apuesta fuerte a la persecución de delitos cometidos por miembros de la fuerza de seguridad desde la creación de la Fiscalía de Delitos Complejos.
--Había un reclamo al MPA sobre mayor firmeza a este tipo de delitos, cometidos por policías en ejercicio de la función, tanto de organizaciones sociales como de algunos legisladores. En esas áreas también se avanzó, tanto con violencia institucional como con corrupción. Recuerdo un operativo con 27 detenidos, posterior al denominado caso del ‘Comando de la Costa’. Fue una investigación por el manejo de las armas que surgió de la fiscalía de flagrancias, donde los fiscales detectaron algunos secuestros de armas (tumberas) en circunstancias dudosas. A raíz de que los fiscales de flagrancia detectaron muchas situaciones ‘ruidosas’, es que se ordenó esta investigación con múltiples detenidos.
--¿Cómo va a ser la relación con el nuevo ministro de Seguridad (Marcelo Sain) y con la estructura policial?
--La fiscalía tiene la obligación legal de averiguar la verdad de los hechos delictivos para aplicarle la ley penal. Pero los medios para cumplir con esa obligación en gran medida dependen de otras instituciones. De la Corte dependen los médicos forenses, el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario, la sala de efectos, etcétera. Del Ministerio de Justicia depende la Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales), los CAJ (Centro de Asistencia Judicial) que hacen mediación; y la Policía para investigar depende del Ministerio de Seguridad, así que obviamente nuestra tarea tiene que ser coordinada con ellos. Con la nueva gestión hay excelentes expectativas. El ministro Sain proviene del MPA (era director del Organismo de Investigaciones), conoce nuestra situación y por lo tanto existen favorables expectativas para trabajar articuladamente con la nueva gestión. Hay contacto.
--¿Cuáles son los desafíos para el 2020?
--Mantener lo que logramos en Homicidios. Sostener la cantidad de cámaras Gesell, la persecución penal en violencia de género y sexual, y la cantidad de juicios orales. Una línea para trabajar este año es mejorar la persecución penal a los reiterantes, así como en robos y hurtos, particularmente de viviendas y arrebatos, porque es una problemática muy extendida. No es tan fácil como homicidios que es un universo más acotado, no es tan específico como violencia de género y sexual, robos y hurtos es una problemática mucho más extendida con una multiplicidad de actores.
--El mes pasado se presentó la acusación por el femicidio de la maestra Vanesa Castillo. La fiscalía ha recibido muchas críticas por esa causa. ¿Qué posición tiene sobre el tema?
--Sí, las críticas fueron de la querella. Yo entiendo que no estaban justificadas porque todas las diligencias que la querella pidió se practicaron. La querella planteó una hipótesis, se realizaron diligencias para acreditarla o descartarla y por el momento no se acreditó. Sigue siendo una especulación. Concretamente se realizaron testimoniales, secuestros, requisas, careos entre distintas personas del ámbito laboral de la docente, intentos de apertura del celular y otras diligencias, que la querella no pidió pero que la fiscalía hizo, en relación a esa hipótesis. Ninguna de esas evidencias arrojó un solo elemento que acreditara o respaldara la hipótesis de la querella. El hecho intentó ser vinculado con un abuso sexual anterior, esa situación no quedó acreditada. Hay que ser muy prudente, porque no se puede, a partir de una especulación, difundir algo como certero porque después trae consecuencias perjudiciales como impedir o dificultar el anoticiamiento de abusos sexuales por parte de maestros u otras instituciones públicas en base al temor infundido. Hay que ser muy prudentes con los mensajes que se transmiten. En algún momento se llegó a decir que el celular se había perdido y eso nunca ocurrió. Sí hubo tres intentos para desbloquearlo, trabajaron tres fuerzas en eso y no se logró. Pero llegamos al momento de la acusación, y en principio se trató de un femicidio no íntimo en un contexto de inseguridad, aunque quizás desde otros sectores se intentó no vincular la muerte de Vanesa Castillo con un hecho de inseguridad y se alentó otro tipo de versión.
La docente de la escuela Victoriano Montes de Alto Verde fue abordada por Juan Ramón Cano, el mediodía del 15 de febrero de 2018, cuando salía en su moto del establecimiento educativo. El hombre la apuñaló por la espalda tras la negativa de la docente ante el ofrecimiento de venta de unas ojotas, según la hipótesis fiscal. La acusación adelantó que pedirá prisión perpetua en el juicio oral.
--¿Este año hubo un caso de los más resonantes en materia de inseguridad y fue el homicidio de Julio Cabal. ¿Para el MPA está esclarecido?
--Sí, en la Cámara confirmaron la prisión preventiva para el acusado. Nosotros estamos convencidos de la línea de trabajo. Pero a la víctima de un homicidio o mejor dicho a su familia, nunca le vamos a dar una respuesta que satisfaga, apenas nuestra respuesta, a veces, atenúa un poco el dolor.
Julio Cabal fue asesinado el 17 de septiembre, pasado el mediodía, en la fiambrería que atendía junto a su familia en calle Urquiza 2215. Recibió un disparo en el pecho en un intento de robo, por el cual Juan Cruz Gambini se encuentra tras las rejas, acusado por “homicidio doblemente calificado”.