https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral
El Litoral
Miércoles 15.01.2020 - Última actualización - 17:48
17:46

Extraordinarias en febrero

Fernández y Cafiero analizaron con Massa y Máximo Kirchner la agenda

Hay acuerdo para la suspensión del pacto fiscal, que implica más presión impositiva en provincias. La oposición pide conocer la reforma judicial antes de analizar cambios al régimen jubilatorio del sector, que quedó fuera de los recortes de emergencia. 

Sergio Massa preside Diputados. El tigrense mantiene un estratégico acercamiento con Máximo Kirchner para darle a Alberto Fernández la base de los votos que necesita en la Cámara baja. <strong>Foto:</strong> HCDSergio Massa preside Diputados. El tigrense mantiene un estratégico acercamiento con Máximo Kirchner para darle a Alberto Fernández la base de los votos que necesita en la Cámara baja.
Foto: HCD

Foto: HCD



Extraordinarias en febrero Fernández y Cafiero analizaron con Massa y Máximo Kirchner la agenda Hay acuerdo para la suspensión del pacto fiscal, que implica más presión impositiva en provincias. La oposición pide conocer la reforma judicial antes de analizar cambios al régimen jubilatorio del sector, que quedó fuera de los recortes de emergencia.  Hay acuerdo para la suspensión del pacto fiscal, que implica más presión impositiva en provincias. La oposición pide conocer la reforma judicial antes de analizar cambios al régimen jubilatorio del sector, que quedó fuera de los recortes de emergencia. 

El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mantuvieron reuniones con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y con el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para analizar la agenda parlamentaria para las sesiones extraordinarias, que contempla el Pacto Fiscal, la reforma de las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y de los diplomáticos.


El mandatario almorzó durante dos horas con el presidente de la bancada oficialista, y por la tarde Cafiero recibió en su despacho al titular de Diputados. Fuentes parlamentarias y gubernamentales señalaron que Fernández analizó con las autoridades de Diputados la posibilidad de incluir en el temario un proyecto para establecer un marco regulatorio sobre renegociación de la deuda pública, que dará un contundente respaldo a las negociaciones que realiza el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los acreedores.


El jefe de Estado, Massa y Kirchner se reunieron este mediodía en la Casa Rosada, para avanzar en el análisis de la agenda parlamentaria que buscará sancionar el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias convocadas para enero y febrero.


El oficialismo decidió ayer postergar la sesión prevista para el 22 de enero a la espera del resto de los proyectos que debe girar el gobierno, ya que solo tiene pendiente la aprobación de la suspensión del Pacto Fiscal con las provincias.


Esa iniciativa que suspende el acuerdo firmado por el entonces presidente Mauricio Macri y los mandatarios provinciales establecía la reducción de una serie de impuestos, como Ingresos Brutos, con el objetivo de evitar una drástica reducción de las arcas en las cuentas públicas de las provincias.


En el encuentro, Fernández, Massa y Kirchner evaluaron la posibilidad de adelantar al 29 de enero la sesión extraordinaria prevista inicialmente para el 6 de febrero, aunque depende de cómo avancen los proyectos en el tratamiento de las comisiones que se harán en esa misma semana.


Massa indicó que viene manteniendo conversaciones con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, y con el jefe del PRO, Cristian Ritondo, quienes le manifestaron que no tienen inconvenientes en debatir esa agenda parlamentaria, agregaron fuentes parlamentarias.


La oposición manifestó su predisposición de discutir el Pacto Fiscal, el régimen especial de las jubilaciones, y la cuestión de la deuda, temas con los que, más allá de algunos matices, acompañarían al oficialismo.


El proyecto para abordar los regímenes jubilatorios especiales surgió luego de que el oficialismo pretendiera excluirlos de la suspensión de la movilidad jubilatoria establecida en el la Ley de Solidaridad Previsional votada en diciembre pasado.


En cambio, lo que la principal bancada opositora no estaría dispuesta a acompañar sin un análisis previo más extenso es el proyecto de reforma del Poder Judicial que impulsa el gobierno y que ingresaría al Parlamento en las próximas semanas.


Además de los proyectos mencionados, el Ejecutivo ya tiene redactada la iniciativa que crea el Consejo Económico y Social, y trabaja en la elaboración de una para conformar un Consejo de Seguridad.


Delicado escenario


El presidente recortó por decreto las jubilaciones de la “clase media” pasiva para ahorrar gastos. Admitió que eso era “impagable”. La Casa Rosada tiene pendiente la reforma judicial que tiene una tensión política por las imputaciones de corrupción a Cristina, que a su vez es la jefa política de todos los representantes oficialistas en el Consejo de la Magistratura. La vicepresidente tiene gente de su confianza en la Oficina Anticorrupción (Félix Crouss viene de Justicia Legítima) y en la UIF (Carlos Cruz es abogado del sindicalista Viviani). Promovido por el camporismo, Juan Martín Mena, es el viceministro de Justicia. ¿Maneja Gustavo Béliz -de la mano de Alberto- la reforma judicial?. La oposición mira de reojo porque en la reforma judicial puede venir “encriptada” la disolución de las causas contra el kirchnerismo.


Los jueces deben limitar sus pedidos a los espías


El Gobierno publicó la resolución que limita la actuación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “al mínimo de los casos posibles” para que se aboque “al estricto cumplimiento de sus funciones primordiales” en lo que hace a delitos complejos.


La decisión se produce en el marco de la intervención del organismo espía que determinó el presidente Alberto Fernández al iniciar su gestión y que lleva adelante Cristina Caamaño desde el pasado 21 de diciembre.


A través de la Resolución 17/2020, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la funcionaria nacional estableció que “los medios técnicos y humanos de la AFI se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional”.


A la vez, dispuso “la reducción al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal” del organismo espía. La medida fue comunicada a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones, así como a la Corte Suprema y a la Procuración Genera, para que ‘apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la AFI”.


De esta manera, Caamaño pretende que el organismo espía se dedique a intervenir, cuando la Justicia lo requiera, en causas por terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
Ediciones Anteriores | Edición Impresa


Temas: