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Viernes 17.01.2020 - Última actualización - 20:14
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Ya hay dos proyectos muy similares, uno del PJ y otro del Pro

Desde el Concejo, piden que se declare la emergencia en seguridad en la ciudad

Tres concejales enviaron una nota al intendente Jatón. Buscan que el Legislativo local apruebe una ordenanza que declara a la capital en emergencia de seguridad pública, junto con al tratamiento en extraordinarias del Presupuesto Municipal 2020. Implicaría destinar reasignaciones para acciones más directas que ayuden a combatir el delito.

 <strong>Foto:</strong> Archivo
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Ya hay dos proyectos muy similares, uno del PJ y otro del Pro Desde el Concejo, piden que se declare la emergencia en seguridad en la ciudad Tres concejales enviaron una nota al intendente Jatón. Buscan que el Legislativo local apruebe una ordenanza que declara a la capital en emergencia de seguridad pública, junto con al tratamiento en extraordinarias del Presupuesto Municipal 2020. Implicaría destinar reasignaciones para acciones más directas que ayuden a combatir el delito. Tres concejales enviaron una nota al intendente Jatón. Buscan que el Legislativo local apruebe una ordenanza que declara a la capital en emergencia de seguridad pública, junto con al tratamiento en extraordinarias del Presupuesto Municipal 2020. Implicaría destinar reasignaciones para acciones más directas que ayuden a combatir el delito.

Con la escalada de violencia que está padeciendo la ciudad y la provincia como contexto urgente, los tres concejales del Bloque PJ remitieron una nota formal al intendente Emilio Jatón donde le solicitan que, en caso de que convoque a sesión extraordinaria al Concejo para tratar el Presupuesto Municipal 2020, incorpore dentro del Orden del Día el tratamiento de un proyecto de ordenanza en el que se plantea Declarar a la capital en emergencia en seguridad. Y no sólo eso: este viernes, la edila Luciana Ceresola y su par Sebastián Mastropaolo (Interbloque Pro-Cambiemos) también ingresaron un proyecto muy similar pidiendo se declare la emergencia.

 

Los firmantes de la nota enviada al intendente son los justicialistas Juan J. Saleme, Jorgelina Mudallel y Federico Fulini. Aluden al expediente de ese proyecto de ordenanza (N° CO-0062-01625379-1), que tiene estado parlamentario y fue presentado el 19 de septiembre 2019. Hoy está en la comisión de Hacienda; su autor, el ex concejal Ignacio Martínez Kerz. ¿Que dice esa iniciativa legislativa? “Declárese la emergencia en materia de seguridad pública en la ciudad por el término de un año. la Municipalidad deberá adoptar medidas por sí misma y mediante la cooperación de organismos provinciales, nacionales e internacionales, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr por todos los medios apropiados la plena efectividad del derecho humano a la seguridad ciudadana”.

 

Añade el texto, entre sus puntos salientes, que el Ejecutivo podrá disponer de reasignaciones presupuestarias en materia de seguridad, pero luego deberá informar al Concejo (en 30 días máximo) la reasignación de dineros públicos realizada sobre cualquier operación. Se encomienda al municipio a ejecutar acciones tales como “gestionar ante las autoridades nacionales la presencia de fuerzas federales (Gendamería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria)”.

 

También, “gestionar ante Provincia la coordinación de tareas de patrullaje, prevención e intervención (especialmente en la identificación de vehículos y cada uno en el ámbito de su competencia), entre el personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y las fuerzas policiales provinciales y nacionales; fortalecer el Centro de Monitoreo y coordinar con autoridades provinciales la integración de los sistemas de videovigilancia pública; formalizar los protocolos de actuación y transferencia de datos, y convocar a la Mesa de Diálogo Social y Económico”, entre otras acciones.

 

Informe del MPA

 

En la misiva remitida al intendente Jatón, se señala un informe sobre homicidios realizado con información del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio de Seguridad. Ese relevamiento “arrojó que 337 personas fueron víctimas de homicidios en toda la provincia de Santa Fe durante 2019; el 80,1% de los homicidios se produjeron en los departamentos la Capital y Rosario, donde se concentran ocho de cada diez homicidios”.

 

 

En la presentación de este informe, un alto funcionario del MPA “marcó como ‘preocupante’ el indicador más elevado que presenta en ese sentido el departamento la Capital, donde la tasa de homicidios (en 2019) fue de 17,6 cada cien mil habitantes. Ello representa un incremento respecto de 2018 (16,4% cada cien mil habitantes), y es más elevada que en el departamento Rosario, donde se ubicó en 13,1”, citan los legisladores locales en la nota enviada.

 

“Siendo esta situación (de inseguridad) tan grave y preocupante para todos los habitantes de la ciudad, consideramos que el Estado Municipal tiene la obligación y la responsabilidad de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para asegurar este derecho humano, priorizando políticas públicas en este sentido”, concluye la misiva.

 

Agilizar salteando trabas burocráticas

 

Declarar la emergencia en seguridad dentro de la ciudad implicaría un abanico de acciones más directas en manos del Ejecutivo para combatir la inseguridad. “Que el municipio pueda trabajar más libremente sobre el tema, sin tantas trabas burocráticas, por ejemplo, adquirir más vehículos para GSI vía concurso de precios y no por licitación pública. Y, sobre todo, articular acciones con Provincia”, le dijo a El Litoral el concejal Juan J. Saleme, presidente del bloque PJ.

 

“Se trata de que la Municipalidad tenga más herramientas para actuar con mayor celeridad frente a un tema que preocupa: ya en Santa Fe hay números muy preocupantes sobre homicidios, por encima de la media nacional”, añadió. Pero tener más herramientas para trabajar no implicaría darle un “cheque en blanco” al Ejecutivo, aclaró el concejal.

 

Es decir, de sancionarse la emergencia en seguridad, en cada operación de reasignación presupuestaria que realice el municipio (como contrataciones directas, o la adquisición de equipamiento tecnológico para el Centro de Monitoreo por concurso de precios), deberá rendir informes detallados al Concejo.

 

“Estamos en un punto de inflexión en Santa Fe, con los cambios de gobiernos y en materia de políticas de seguridad. la incorporación de fuerzas federales es otro punto que nos parece saliente de la iniciativa. Pero algo central sería lograr la articulación del Gobierno local con el provincial”, añadió Saleme.

 

Y sobre último este punto, puso un ejemplo: “En un mismo punto de nuestra ciudad, en la misma columna, hay dos cámaras: una del Centro de Monitoreo del municipio, y otra cámara de monitoreo de Provincia. Hay una superposición innecesaria de recursos tecnológicos, y se duplican esfuerzos en un mismo lugar. Es una cuestión corregible. Por eso, nos parece central que los gobiernos municipal y provincial trabajen articuladamente en la materia. Y esto es un punto central en el proyecto de declaración de emergencia en seguridad”, concluyó Saleme.

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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Autor:

Luciano Andreychuk


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