"Se necesita un compromiso mayor para con la persecución del delito"

En diálogo con El Litoral Martínez expresó que “el contexto de violencia y los altos índices de criminalidad que estamos viviendo en la provincia no son nuevos, aunque en estas últimas semanas se han recrudecido de forma alarmante y esto demuestra el estado de emergencia en el que estamos en materia de seguridad, y el fracaso del Estado en cumplir con el anhelo de la sociedad de que de una vez por todas haya una persecución implacable contra el delito. En ese marco debemos construir un nuevo contrato social, estableciendo normas que marquen los límites de tolerancia, y que nos permita decidir hasta donde queremos llegar para terminar con la impunidad que aquellos que transgreden esos límites”.

Al respecto, señaló que uno de los elementos más importantes es el sistema procesal penal. “Es evidente que, así como lo conocemos, este sistema ha fracasado. Si cabe un diagnóstico respecto del mismo, podríamos expresarlo de la siguiente manera: hoy las leyes que le hemos dado al Ejecutivo, a las fuerzas de seguridad y al Sistema Penal se encuentran absolutamente alejadas de la demanda social. En términos más sencillos, podríamos decir que la gente pide que cuando una persona delinque, vaya presa”.

Y continuó: “Es por eso que creo fehacientemente que hay que fortalecer la persecución del delito, y eso se logra acercando esa clara demanda social al funcionamiento del Estado en todos sus poderes, especialmente a los fiscales y al Ministerio Público de la Acusación, que son los responsables de investigar a la hora de la comisión de un delito”.

Para eso, la propuesta concreta del legislador, que consta en su proyecto de reforma del Ministerio Publico de la Acusación que presentará luego del receso de enero, que establece que los fiscales especialmente el Fiscal General y los Regionales sean elegidos por el voto popular, de forma tal que respondan a la demanda de social y que sea controlada por ella. Los vecinos deben saber quienes son los que lo representan en esta enorme tarea y ser los verdaderos árbitros y controladores de su desempeño.

“Hemos escuchado con atención las palabras del Gobernador y coincidimos con sus conceptos, al advertir que en enero, un mes particularmente ‘caliente’ en materia de seguridad, muchos de los fiscales están de vacaciones. En este tema es fundamental el compromiso y la coordinación de todos. Es clave saber con cuántos fiscales contamos cada fin de semana, cada feriado, cada mes. No podemos dar ventaja a los delincuentes por falta de coordinación y organización, porque la ciudadanía exige acciones. Por eso habrá que programar vacaciones de otra manera, para tener un resguardo en instancias de emergencia”, continuó.

“También creemos que debe ampliarse el numero de fiscalías y debemos dotarlas no sólo de sistemas que control respecto de su desempeño sino además de los elementos y recursos necesarios para cumplir con su cometido. En este sentido, pienso que establecer una carrera podría motivar a un mejor desempeño. En efecto, sería bueno que bajo el escrutinio de la sociedad aquellos fiscales que han cumplido con la demanda social puedan acceder progresivamente a puestos de mayor responsabilidad, incluso hasta alcanzar los lugares de conducción del Ministerio Público de la Acusación”, agregó Martínez.

Cambios en el CPP

Por último, el legislador del Frente Renovador-PJ, insistió en la necesidad de reformar el Código Procesal Penal en Santa Fe, y argumentó que “para ello estamos teniendo múltiples reuniones con expertos en el tema, como lo son el politólogo bonaerense Diego Gorgal, y el jurista y constitucionalista santafesino Danilo Kilibarda. También estuve reunido con el Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín”.

Cabe destacar, que entre los puntos salientes de la reforma que presentará Martínez en la Cámara Baja provincial, están el de revisar la elasticidad de los criterios de excarcelación y de la prisión preventiva en caso de delitos violentos que afecten la seguridad y la vida de los ciudadanos, incluyendo además la peligrosidad del delincuente y la conmoción social como causales de prisión preventiva. Además, propone el acompañamiento de la emergencia en materia de seguridad, y las normativas que regulan el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Otros puntos sobre los cuales insistirá son el de protección y asistencia legal a las víctimas de hechos violentos, garantizándole que tenga siempre un abogado para participar como querellante en el proceso y garantizar trámite rápido en delitos en flagrancia, es decir cuando el delito es comprobado in fraganti.