Unas 70 agencias minoristas de viajes y turismo de las ciudades de Santa Fe, Esperanza, Rafaela y Santo Tomé, decidieron reunirse en torno a un mismo problema: las dificultades que está generando la reglamentación en la oferta de servicios turísticos al exterior el Impuesto Para una Argentina Solidaria e Inclusiva (conocido como Impuesto PAIS), creado el 23 de diciembre en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y reglamentado el 3 de enero bajo Resolución General N° 4659 de la Afip.
¿En qué consiste este impuesto? En un recargo del 30% que se aplica sobre la compra de billetes y divisas en moneda extranjera; en el pago de bienes (compras) y servicios en el exterior; de servicios de transporte internacional de pasajeros, y de servicios digitales que se paguen en dólares —entre otros puntos—, dice la resolución.
¿Cuál es el problema que advierten las agencias? Principalmente la incertidumbre al ofrecer determinados servicios turísticos. En un comunicado de prensa que emitieron, aseguran que lo que reclaman son “reglas de juego claras”, ya que “la falta de precisiones en la aplicación de ese tributo —y en los procedimientos recaudatorios del mismo— ha ocasionado una paralización de la actividad del sector, que pone en riesgo la fuente de trabajo de 27 mil familias en todo el país”, aseguran.
Entonces, solicitan que “los organismos estatales competentes se expidan en forma clara e inequívoca acerca de la percepción del impuesto PAIS, tanto sobre quién debe actuar como agente de percepción como sobre los conceptos incluidos y excluidos para el cálculo del 30% (de recargo). Esto es fundamental para evitar confusiones a la hora de informar al pasajero, así como para evitar la competencia desleal que podría generar la interpretación subjetiva de la aplicación del tributo”.
Esto es necesario —agregan— para “salir de la parálisis que atraviesa el sector, producto de la incertidumbre que ha generado la falta de reglas claras, estancamiento que deseamos superar para continuar trabajando”, insisten en el comunicado.
Juan Pablo Jullier es vocero de las agencias de viajes y turismo autoconvocadas. En diálogo con El Litoral, dio precisiones sobre el reclamo emitido y sobre el trasfondo de la situación que vive hoy ese sector: “Desde que salió la ley (del impuesto) la venta de paquetes turísticos (al exterior) cayó mucho; pero el problemas no es tanto el recargo de ese 30%, sino que, cuando salió la reglamentación de la ley, aparecieron ‘lagunas jurídicas’, diversas cuestiones que no están solucionadas. Así, se generó mucha incertidumbre en nuestro sector, que preocupa”.
Además, “la reglamentación está hecha mayormente para lo que es la mayor salida de divisas de la Argentina hacia el comercio electrónico, es decir, lo que se compra o contrata afuera”. ¿Dónde no hay claridad? “En lo que es contratación de hotelería, traslado y ese tipo de servicios. En la reglamentación vigente (del impuesto PAIS) hay mucha subjetividad en estos aspectos”, precisa Jullier, porque las agencias cobran al final distintos porcentajes (por un servicio turístico adquirido). “Eso genera confusión; lo que se cobre por importe final y en qué conceptos debiera ser igual para todas las agencias”.
“En mi opinión personal —pero que fue algo también conversado con los titulares del resto de las agencias—, considero que la salida a esta incertidumbre sería que la Afip se expida en forma clara y precisa respecto de nuestro rubro turístico específicamente (agencias de viajes y turismo), sobre qué conceptos o ítems (que conforman el precio final para el eventual cliente) debiera calcularse ese 30% de recargo; porque de ese 30% no se sabe si se calcula sobre el importe total, o sobre la parte que efectivamente sale fuera del país, o por comisiones, etcétera”, explicó Jullier.
En este sentido, “creo que los agentes de percepción no debieran ser las agencias individuales, sino las empresas mayoristas. Porque es mucho más fácil que estas últimas se pongan de acuerdo (son sólo siete u ocho empresas grandes en la Argentina), y que bajen una línea clara a las empresas minoristas, que somos miles en el país”.
Con ello, “las empresas mayoristas —prosiguió Jullier— nos bajarían una tarifa con el cálculo del 30% sobre el importe que correspondiere (en cada ítem), y todas las agencias minoristas cobraríamos lo mismo por los servicios ofrecidos. Lo ideal sería tener una línea clara para todas las agencias por igual, respecto de qué cobrar y qué no. Pero al no haber una dirección de la Afip respecto a nuestro sector, no tenemos parámetros”, agregó el vocero.
Finalmente, el comunicado de prensa dedica un párrafo a otro punto: “Existe poca claridad también en torno a los viajes de funcionarios públicos, de deportistas en representación del país, de empresarios en misiones comerciales, por nombrar algunas de las actividades que representan al sector, que no solamente incluye viajes de esparcimiento”.