Por Mario Caffaro | [email protected]
El Poder Ejecutivo informará a empresarios y sindicalistas sobre el cuadro de situación económico financiera. Pretende que esos sectores más los intendentes respalden ante la mayoría de la Cámara Baja el nuevo proyecto bautizado como “ley de Necesidad Pública”.
Por Mario Caffaro | [email protected]
La Casa Gris sigue con la obsesión de lograr herramientas presupuestarias y financieras especiales para superar la situación de ahogo actual más deuda con contratistas y proveedores. El futuro de los casi cuatro años de gestión parecen estar puestos en una ley. “El acuerdo de palacio (por Legislatura) no funcionó, ahora vamos para lograr que afuera se entienda la necesidad de una ley y que ellos intercedan ante legisladores para la sanción”. La estrategia la reveló en la primera semana de enero uno de los diputados más activos que tiene por estas horas el gobierno provincial. La representación popular le dejó al justicialismo apenas 7 de los 50 diputados.
Gran parte de este enero, la política santafesina lo consumió en el choque de datos económicos entre la saliente administración del Frente Progresista con fuerte presencia en la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. “Es importante que el Frente haya reconocido la deuda con contratistas” había dicho el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, cuando el jefe de la bancada socialista, Pablo Farías, validó la presentación de la ministra Silvina Frana. Pero no existe acuerdo en cómo hacer frente a la situación. Para el ahora diputado José Garibay la vigente Ley de Presupuesto le dejó todas las herramientas para hacerlo, incluso en el artículo 54 está la autorización para consolidar la deuda. Frana considera que esa redacción no deja cubierta la responsabilidad de los contratistas. Las empresas ya tienen 3.500 millones sin cobrar y hasta ahora sólo tienen explicaciones de los funcionarios actuales y pocas certezas de lo que ocurrirá en el resto del año.
La reunión de Omar Perotti y los ministros Michlig y Esteban Borgonovo con los foros de intendentes radicales, socialistas y justicialistas no tuvo otro propósito que proponer la inclusión de municipios y comunas en el proyecto de emergencia ahora bautizado como Ley de Necesidad Pública. “Si no hay ley, no hay posibilidad de auxiliar a municipios y comunas” admitió el socialista Silvio González que se les dijo. En la semana, los legisladores radicales les advirtieron a los intendentes partidarios que el proyecto rechazado en diciembre no contenía una sola línea que hiciera referencia a los gobiernos locales. Tampoco aquel proyecto nacido horas antes de la Navidad tenía línea alguna sobre tarifas de empresas que dependan del Estado santafesino. Ahora el interventor de la EPE condiciona congelar la tarifa a que se apruebe la ley.
El martes, Omar Perotti hablará en el Salón Blanco ante un centenar de empresarios, sindicalistas y representantes de entidades sociales para presentar el cuadro de situación con que se encontró al asumir. Ese día, Borgonovo pretende sentarse, en forma separada, con socialistas y radicales para pedirles apoyo a la nueva iniciativa. Es muy probable que ambas fuerzas lleven el tema Marcelo Sain que entorpece toda negociación.
El Poder Ejecutivo ya resolvió no hablar de emergencia, sino de Necesidad Pública. Ya resolvió que incluirá a municipios, comunas, empresas contratistas y tarifas de EPE y ASSA en el nuevo texto que apenas circula entre Perotti y algunos pocos funcionarios. Olvidos de aquel texto que tuvo efímera vida.
De todas maneras, la definición estará en manos de la Legislatura. Hasta ahora está ausente la negociación con los senadores. En Diputados, la mayoría oficialista se negó a hablar de emergencia económica, ahora deberá hablar de Necesidad Pública y tendrá la presión de intendentes y presidentes comunales esperanzados de que la Casa Gris los trate con equidad a la hora de distribuir recursos y obras. Febrero será clave para destrabar la norma mientras se abran las paritarias sin gatillo.