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Lunes 27.01.2020 - Última actualización - 28.01.2020 - 9:55
16:56

Informe del Cippec

Transparencia de la información presupuestaria: Santa Fe, en el tope del ranking

La transparencia de la información presupuestaria de las provincias mejoró un 38% entre 2013 y 2019, según un relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Santa Fe, en el tope del ranking. 

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Informe del Cippec Transparencia de la información presupuestaria: Santa Fe, en el tope del ranking La transparencia de la información presupuestaria de las provincias mejoró un 38% entre 2013 y 2019, según un relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Santa Fe, en el tope del ranking.  La transparencia de la información presupuestaria de las provincias mejoró un 38% entre 2013 y 2019, según un relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Santa Fe, en el tope del ranking. 

De acuerdo con la serie histórica del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), el puntaje promedio pasó de 5,8 a 8 sobre un total de 10 puntos. En 2019, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe encabezaron el ranking; mientras que Chubut, San Luis y Jujuy fueron las de peor desempeño.


El año pasado, trece provincias mejoraron, especialmente Tucumán y Santiago del Estero, que partieron de niveles bajos, y La Rioja y Río Negro. Sólo dos provincias (San Luis y Chubut) siguieron en 2019 con niveles bajos de transparencia (3,9 y 3,7, respectivamente) respecto del promedio general, según el relevamiento de Cippec. 


La ONG -en un comunicado de prensa- precisó que “diecinueve provincias publicaron la Cuenta de Inversión de 2018, lo que significa un aumento considerable respecto del relevamiento anterior en el que solo catorce provincias habían publicado este documento”. 


La Cuenta de Inversión es el instrumento con el cual el Ejecutivo provincial informa a la Legislatura cómo invirtió los recursos asignados por el presupuesto del año previo.


También varias provincias actualizaron su información fiscal con menos demora, especialmente en el caso de los stocks de deuda pública provincial. 

 

Por otra parte, la publicación de los llamados presupuestos ciudadanos, documentos pensados para un público general, siguió avanzando en 2019: 12 provincias publicaron presupuestos de este tipo, dos más que en 2018.


Sin embargo, a fines de noviembre, once provincias aún no habían publicado en sus sitios web el proyecto de ley de presupuesto para 2020; y cinco provincias no habían difundido la Cuenta de Inversión de 2018, con la cual el Ejecutivo provincial informa a la Legislatura cómo invirtió los recursos.


“Las provincias ejecutan más del 40% del gasto público del país y son responsables de la provisión pública de servicios esenciales para la sociedad: educación, salud, y seguridad- La disponibilidad de información sobre el uso de los recursos fiscales es un ingrediente crítico para alimentar el debate político, la opinión pública en general y las decisiones que se plasman en el presupuesto”, concluyó el informe. 

 

Índice de Transparencia Pre... by El Litoral on Scribd

 

>> Observatorio de Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que se trabaja en la creación de un “observatorio de obra pública” para poder controlar licitaciones y ejecuciones de los distintos emprendimientos en tiempo real.
“Vamos a crear una unidad de transparencia y calidad institucional. Se va a poder controlar desde cualquier celular una licitación y ver la ejecución en tiempo real”, dijo. 
Señaló además que “hay una demanda social por parte de la sociedad de transparencia y estamos trabajando en un programa con un observatorio de obra pública”.
Katopodis sostuvo que ‘hemos encontrado una situación que se repite en otros ministerios. En este caso es el desmantelamiento de toda capacidad institucional. Garantizaron negocios para los amigos del poder e incumplieron las metas”.
Dijo que “en materia de metas, se habían propuesto 4 mil kilómetros de rutas seguras y casi no se construyó nada”, y agregó que “hay 35 mil millones de pesos que nuestra gestión va a tener que afrontar como deudas impagas”.


>> Carlos Cruz conducirá la Unidad de Información Financiera

El Poder Ejecutivo designó, tras haber cumplido con la realización de la audiencia pública la semana pasada, al abogado Carlos Cruz como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo a cargo de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La designación, concretada a través del decreto 99/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
En los considerandos del decreto recuerda que “por el artículo 5 de la Ley N 25.246 se creó la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo dotado de autonomía y autarquía financiera que actúa en jurisdicción del Ministerio de Economía, y por el artículo 8 se estableció que estará integrada por un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un (1) Consejo Asesor de siete (7) vocales”.
El mandato de Cruz entró en vigencia el 26 de enero, debido a que el día anterior venció el mandato de Mariano Federico como titular del organismo, al finalizar el período para el que fue designado.
La norma recuerda además, que el miércoles pasado se realizó la consulta a la ciudadanía tal como establece el artículo 9 de la ley 25.246, en la que se analizó la capacidad técnica, moral y el compromiso del candidato propuesto. Cruz, en su desempeño profesional, ha asistido, ya sea como letrado defensor o bien como querellante, a personas y entidades relacionadas con distintas líneas de pensamiento (radicalismo, peronismo, socialismo y organizaciones de derechos humanos).
También se desempeñó como asesor de legisladores del Partido Socialista en las Comisiones de Derecho Penal y Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.
Hace 30 años asesora en tema penales, sobre fraude, lealtad comercial y defensa de la competencia a empresas y cámaras aseguradoras de nuestro país y del Mercosur.
Es profesor de grado y posgrado de la materia “Delitos Económicos” en la UBA, desde hace 35 años.Fue secretario académico del Centro de Investigaciones Político Sociales (Cips) que se dedicó a estudiar y difundir ante la opinión pública el proceso de desnacionalización de la economía Argentina generado durante la dictadura cívico-militar de los años 1966/1973.
Durante la presidencia de Raúl Alfonsín trabajó con el Dr. David Baigún en los cursos y el diseño de los planes de estudio e investigación del Centro de Asuntos y Estudios Penales del Banco Central destinados a capacitar a funcionarios del Banco Central. (Primera iniciativa de construcción de una política pública orientada a perseguir el delito financiero en la República Argentina) y que dio lugar al impulso de más de 300 querellas penales. 

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