“Hay una gran cantidad de motos que llevan chapas patente adulteradas en la ciudad. Le tapan o “ensucian’ algunas partes con cintas...”, le dice a El Litoral el concejal Carlos Suárez (UCR-Cambiemos). Hay gente que usa su moto con la chapa adulterada para que no los capten las cámaras y así, evitar “comerse” una multa por infracción. Pero también, la circulación de motos sin patente o con chapa antirreglamentaria —ilegible— es una modalidad delictiva de los “motochorros”.
Ante esto, el edil ingresó un proyecto legislativo donde plantea incrementar las multas por este tipo de contravenciones, que están tipificadas en el Régimen de Infracciones y Penalidades de la ciudad (Ordenanza N° 7882). Sugiere modificar ese régimen —en lo referido a las chapas patente de los motovehículos—, incrementando los montos de las multas por patente adulterada en un 70%, más la remoción y retención del vehículo.
“Adulterando las chapas patente se busca, por un lado, vulnerar posibilidades de infraccionar frente al mal accionar de conductores de motos. Esto pensando a la moto como ‘sujeto’ vial muy utilizado en la actualidad: y ahí tenemos los accidentes, con estadísticas que alarman”, añade.
Con todo, “creo que en principio debiéramos ver aquellos casos que adulteran las chapas por una cuestión de ‘picardía’ (para evitar ser captados por cámaras). Y que se entienda que desde el punto de vista vial esa ‘picardía’ es un peligro, para el conductor y para terceros. Debe ponerse más el acento sobre los controles respecto de las motos en la ciudad”.
Delitos “motorizados”
Pero por otro lado, “puede ser que quien maneja una moto con la chapa adulterada intenta cometer hechos delictivos, como arrebatos en la vía pública”, añadió el edil. Las motos están relacionadas con muchas situaciones delictivas, “y si no hay una seguridad de que se llevará adelante un control muy estricto sobre una situación de la chapa patente de cada moto en la ciudad (...), se estaría facilitando la eventual comisión de un delito”, asegura Suárez.
En los últimos años, por cuestiones de comodidad y economía, los motovehículos han ganado protagonismo como medio de circulación: “Son los que en mayor medida cometen infracciones por incumplimiento de la normativa vigente y a los cuales se asocia con hechos de inseguridad, es decir, los ‘motochorros’”, recuerda.
A su vez, las maniobras que realizan motociclistas “en pos de evadir controles de fuerzas de seguridad ante la acción delictiva consumada —o por la falta de portación de documentación legal—, generan accidentes viales que ponen en situación de riesgo a ellos mismos como así también, y con mayor gravedad, a transeúntes”.
Suárez insiste en un punto: “Queremos que se entienda que ante cualquier situación irregular, la infracción debiera ser considerada gravísima (desde el punto económico), además de la retención del vehículo. Creo que como Estado es la señal que debiera darse de que ese ‘documento’ de la moto que es su patente tiene que estar en perfectas condiciones. Y si no lo está, el infractor deberá asumir una sanción económica muy dura, para que sea disuasiva y no se repita. Ese es en última instancia, el sentido de la sanción: una medida reparadora de un acto ilícito”, justifica.
En lo que va de enero “ha ganado un lugar preponderante en las noticias el problema de la falta de seguridad para los vecinos. Es el tema que más aqueja a la sociedad santafesina. Es por esto que cada estamento y cada poder estatal deben trabajar aún más (en la medida de sus facultades) en la búsqueda de políticas que conlleven a disminuir los niveles de violencia e inseguridad”, concluye Suárez.
“La chapa patente es el medio de identificación por supremacía de todo automóvil o motovehículo. Resulta imperioso que se disponga de la misma sin ser adulterada, colocada en lugar no visible o antirreglamentario. Y quien esté en contravención, que deba enfrentar una multa muy elevada. Para eso se necesitan más controles”, dijo Suárez.