Somaglia piensa cambios en el Consejo de la Magistratura

Desde la administración de Víctor Reviglio, los sucesivos gobernadores se valieron de la figura del Consejo de la Magistratura para el procedimiento de selección de candidatos a jueces y camaristas del Poder Judicial. Desde la reforma del sistema penal, también se ocupa de los concursos de fiscales y defensores. La figura no está contemplada en la Constitución santafesina como sí lo previó la reforma de la Carta Magna nacional realizada en 1994. Incluso en Legislatura hubo algunos proyectos que intentaron darle forma legal al instituto que funciona por decretos pero nunca pasaron de los debates de comisión.

En Santa Fe, cada gobernador dispuso distintas integraciones de ese Consejo, con distintos reglamentos y la administración de Omar Perotti no será la excepción. El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, le confirmó a El Litoral que trabaja en cómo será el nuevo Consejo donde prevé una mayor institucionalización de las entidades participantes ya que entiende que hoy los sorteos determinan que los consejeros de cada concurso participan de una manera individual en el trámite.

Sin apremios por las vacantes hoy del Poder Judicial -son menos del diez por ciento-, Somaglia trabaja en el nuevo decreto que se conocerá en semanas más. En principio, designó como secretario del Consejo a José Carlos Fernández Vigil.

“En primer lugar soy afecto a que las cosas que funcionan con agilidad y eficiencia no hay por qué tocarlas. A nadie escapa que el último Consejo de la Magistratura que ha sido ágil en el nombramiento de jueces. Podemos discutir formas, métodos, cada administración tiene la particular visión para diseñar el proceso que le garantice una mayor transparencia y una mejor selección de jueces”, señala Somaglia. En cambio reconoce que siempre “he sido crítico a la regulación de gestiones anteriores en cuanto a que el Consejo se ha desinstitucionalizado. Es decir, hoy el proceso de selección se lleva adelante mediante jurados eminentemente técnicos donde las instituciones vinculadas directamente al quehacer judicial no forman parte como tales. De la lista de jueces, de abogados, de docentes se sortean pero me parece que debe haber una instancia plenaria donde los representantes de las instituciones puedan opinar, dar su visión sobre el posible juez. Hacia eso debemos apuntar. Este tiempo antes de que la actividad judicial se reinicie, aprovechando que hay un 8 o 9 % de vacantes efectivas, nos da pie para estudiar con mayor precisión si el actual régimen del Consejo de la Magistratura es saludable o no lo es”.

Tras validar la necesidad de tener institucionalizado el Consejo como órgano asesor del gobernador, el secretario considera la necesidad valorar en las pruebas de oposición la producción de pruebas. “Ha habido casos en que fueron poco claros los casos armados por el propio jurado. Los futuros jueces deberán resolver sobre casos reales. Por eso quiero introducir que los casos a resolver en la prueba de oposición sean sobre expedientes reales. He conversado con directivos del Poder Judicial para hacer un banco de expedientes donde los integrantes de los jurados puedan seleccionar un caso, volverlo anónimo, para poder resolverlo”.

Reformas de códigos

En tanto, en Justicia se mira con detenimiento la discusión en Legislatura del futuro Código Procesal Civil y Laboral así como el Código de Procedimientos para Menores donde la provincia tiene una especie de agujero negro. Sobre el tema minoridad, Somaglia señala que están analizando los proyectos votados por Diputados y por Senado que tienen serias diferencias y que no pudieron ser acordados durante el pasado período institucional. “Estamos analizando los dos proyectos que fueron aprobados en ambas cámaras. Vamos a tener impronta porque debemos resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes y que el proceso sea transparente, oral y ágil”, señaló.

En cuanto a la media sanción de Diputados el año pasado al Código Procesal Civil y Comercial señala el secretario que “no tenemos opinión negativa sobre el particular. Entiendo que se podría hacer pequeños ajustes y avanzar con la base sustancial del proyecto pero no compartimos la delegación de facultades exclusivamente del Poder Judicial para la implementación. Creemos que el Poder Ejecutivo debe ser parte necesaria de ese proceso como así también en un posible nuevo mapa judicial de modificación de competencias de algunos juzgados”, aclara.

La reforma de ART

Al igual que el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, Somaglia comparte la decisión del gobernador Omar Perotti de adherir desde Santa Fe a la ley de ART reformada hace varios años a nivel nacional “Hay que buscar la manera de sancionarla”, le dice a El Litoral.

“Tenemos decisión firme. El gobierno provincial había avanzando con la sanción de algunas leyes donde se procuraba la asignación de jueces conciliadores en el fuero laboral -especialmente en Rosario-. En la ciudad de Rosario tiene una incidencia manifesta el tema laboral. Del universo de juicios laborales, el 65% tienen que ver con accidentes de trabajo. Estamos convencidos que la adhesión a la ley nacional de ART no solamente será un factor de reducción de la conflictividad laboral sino de incentivo a las empresas que hoy están pagando alícuotas exorbitantes para poder cubrir el riesgo laboral”, explica.

Acota el secretario que “el caso de Rosario es llamativo: primero la incidencia de causas laborales por demografía es casi el 2% versus el 1% en Santa Fe. La relación de población versus cantidad de conflictos es prácticamente el doble” y señala que en 2019, las causas ingresadas en el fuero laboral en Rosario fueron 28.000; versus casi 8.000 en Santa Fe; 1.800 en Rafaela, 2.000 en Venado Tuerto y 1.200 en Reconquista. “No creemos que los jueces conciliadores sean una herramienta de disminución del conflicto”, en referencia a la modificación votada en 2018. “Puede haber otro tipo de abordaje sin llegar a la justicia, hablamos de mediación, quizás una mediación prejudicial laboral pueda ser una salida”, anticipa.

Concursos

El gobierno de Lifschitz dejó avanzados los concursos para designar jueces comunitarios y los jueces conciliadores para el fuero laboral de Rosario. Las entrevistas no se tomaron y la resolución está en manos del actual Consejo de la Magistratura aunque la opinión del ministerio de Gobierno actual no es proclive a designar jueces conciliadores.