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Martes 04.02.2020 - Última actualización - 05.02.2020 - 15:29
18:56

No investigarán a Macri ni a Aguad

Caso ARA San Juan: procesaron a seis altos cargos de la Armada

Lo determinó la jueza del caso, Marta Yáñez, que además los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio. Los embargó por hasta $ 3,5 millones.
 

 Crédito: Archivo El Litoral
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No investigarán a Macri ni a Aguad Caso ARA San Juan: procesaron a seis altos cargos de la Armada Lo determinó la jueza del caso, Marta Yáñez, que además los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio. Los embargó por hasta $ 3,5 millones.   Lo determinó la jueza del caso, Marta Yáñez, que además los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio. Los embargó por hasta $ 3,5 millones.  

La causa que investiga lo sucedido con el submarino ARA San Juan sigue su curso, la jueza federal de Caleta Oliva, Marta Yáñez, procesó a seis altos mandos de la Armada Argentina. Por el hecho murieron los 44 tripulantes. Están acusado de delitos de estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio. Podrían afrontar una pena de un mes a cinco años y ser embargados por $ 2,5 y $ 3,5 millones.

 

Uno de los procesados es Luis Enrique López Mazzeo, ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA). Se lo embargó por $ 3,5 millones. Mazzeo debía fijar y supervisar el cumplimiento de las normas de alistamiento, sostener los medios asignados y entender en su mantenimiento.

 

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La magistrada destacó: "Queda claro que no fijó, ni supervisó adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento, ni entendió en el adecuado y correcto mantenimiento del submarino ARA San Juan, ya que, como quedó demostrado, el imputado estaba en cabal conocimiento del estado en que se encontraba la unidad, de las novedades de material que había presentado durante 2017 y que venía acarreando de años anteriores y, sin embargo, ordenó realizar las operaciones con una o dos unidades submarinas".

 

 

Claudio Javier Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) y Autoridad de Control Operativo de las Unidades Submarinas de la Armada, es otro de los procesados que como autoridad de control y "omitió las diligencias necesarias y propias del cargo que ostentaba en lo que respecta al alistamiento y el mantenimiento de las Unidades a su cargo".

 

Luis Enrique Malchiodi, otro de los imputados, era ex Jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada y se le cuestionó los incumplimientos en la administración de los repuestos correspondientes a las unidades navales. Se lo embargó por 3,5 millones de pesos.

 

Hector Anibal Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y como Oficial Evaluador del Alistamiento (O.E.A), debía asistir al Comandante de la fuerza de submarinos, en el alistamiento de las unidades y en la evaluación de los niveles alcanzados por las unidades submarinas, pero para Yáñez no lo hizo. Se le trabó un embargo de $ 2,5 millones.

 

Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe del Cargo de Comunicaciones y Jefe de CENCOMSUB, del Comando de la Fuerza de Submarinos, debía, entre otras tareas, dirigir las comunicaciones del comandante de la fuerza de submarinos a través de la central de comunicaciones.

 

Jorge Andres Sulia, último procesado, fue embargado por $ 2 millones. En su condición de Jefe del Departamento de Logística y Jefe de la Sección Mantenimiento del Comando de la Fuerza de Submarinos, omitió, para la Jueza, las diligencias propias de los cargos que desempeñaba. Permitió que la nave zarpara pese a su conocimiento sobre la falta de mantenimiento para las unidades TR 1700 y en especial no hizo caso a las novedades informadas por su capitán, el comandante Pedro Martín Fernández.

 

El ARA San Juan naufragó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, mientras efectuaba una patrulla de control marítimo. Un año después, el Estado contrató a la empresa Ocean Infity que lo encontró en las profundidades (más de 900 metros) de un área próxima al Golfo San Jorge, cerca de donde se tuvo el último registro de comunicaciones con el submarino.

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