¡Otra vez sopa!

Por Danilo H. Kilibarda

Tanto en el orden nacional, como en las jurisdicciones provinciales y municipales, estamos preocupados por sancionar normas jurídicas que declaren “estados de emergencia”. Emergencia en economía; emergencia en salud; emergencia previsional; emergencia en seguridad; emergencias al por mayor.

La declaración de “emergencia” importa establecer un “estado de excepción”, que se justifica en la necesidad de disponer de “facultades extraordinarias” o especiales, es decir, de facultades que vayan más allá de las facultades ordinarias que nos otorga el ordenamiento jurídico vigente.

Desde Roma venimos discutiendo si “la necesidad no tiene ley” o si “la necesidad crea su propia ley”.

Pero ¿qué nos sucede que no somos capaces de resolver nuestros problemas dentro de la ley? Padecemos de una “anomia” crónica, como nos lo señala Nino. ¿Qué nos lleva a sostener la necesidad de suspender la vigencia del derecho, con la excusa de garantizar su continuidad o su propia existencia? Es como matar al enfermo para curarlo de la enfermedad.

El problema no es nuevo ni exclusivo de nosotros. Ya los romanos acudieron al “iustitium” frente a los “tumultos” y al “luctus publicum” durante el funeral de los soberanos. Hitler se valió de medidas excepcionales para suspender la vigencia de los artículos de la Constitución de Weimar referidos a las libertades personales. Y más acá en el tiempo Bush, con la “Military Order” de 2001, justificó la detención y tortura de sospechados de actividades terroristas.

No es bueno sobrevivir en “estados de emergencia” o de “excepción”, porque cada vez que se otorgan más derechos al Estado, se le restan, en la misma proporción, derechos a los ciudadanos.

Es cierto que estamos sufriendo un “estado”, no una simple “sensación”, de inseguridad; que hemos alcanzado cifras antes inimaginables de criminalidad. ¿Pero ello es atribuible a falta de legislación adecuada? No; no nos faltan leyes. Nos falta que las leyes se cumplan. El factor que más influye en materia de inseguridad es la impunidad; la falta de cumplimiento y de aplicación de la ley.

En nuestra Provincia ya se aprobó en el año 2013 una ley declarando la “emergencia en seguridad”. ¿Y qué mejoramos? Mejoramos en los índices de criminalidad, aumentándolos vertiginosamente...

No otra cosa ocurre con la “emergencia económica”. Nos hemos convertido en especialistas en crisis económicas. Hasta el año 1970 vivimos con una misma moneda: el peso nacional. A partir de ese año, entre gobiernos “usurpadores” o “de facto” y gobiernos “republicanos y democráticos”, le sacamos a nuestra moneda TRECE CEROS. A Un Peso Nacional de 1970 corresponden diez billones de pesos actuales. Los “tiranos” le quitaron seis ceros (Decreto-Ley 18.188, dos ceros; Ley de facto 22.707, cuatro ceros); y los “republicanos y democráticos” le quitamos siete ceros (Decreto 1096/85, “Austral”, tres ceros y Decreto 2128/92, “Peso”, cuatro ceros). Así, mediante estas medidas excepcionales y de emergencia, destruimos nuestra moneda y nuestra economía. Y ahora, para salvarnos de esta crisis permanente, reclamamos una emergencia que nos permita cobrar más impuestos para mantener un Estado gigantesco e inoperante, debilitando a la “gallina de los huevos de oro”, al sector productivo en general. La excusa de hoy es “la tierra arrasada”. La de ayer fue “la herencia recibida”. Pero excusa tras excusa y con el argumento de “refundar” la Nación, la volvemos a “refundir”.

Quizás también otra vez sancionemos una moratoria o perdón fiscal, para que los grandes evasores se reconcilien con el erario público. Volverán a prometer cumplir con sus obligaciones; pero todos sabemos que esas promesas son más falsas que juramento de político.

La “necesidad” de exigir nuevos esfuerzos a los sectores privados no impide que el Presupuesto de la Provincia aumente los gastos improductivos de manera escandalosa. Las nuevas partidas de “fortalecimiento institucional” del Poder Legislativo son una muestra de este desatino. Habrá que rogarle a San Mengano Diputado o a San Fulano Senador que nos dispense una indulgencia plenaria... ¡Así no hay tiento que no se corte, ni... que aguante! No sea que provoquemos a los contribuyentes, cansados de sufrir tantas exacciones, a una desobediencia fiscal y dejen de pagar impuestos, tasas y contribuciones por servicios que no se prestan.

Puede ser que alguna vez los encargados de aplicar las leyes lean la Constitución y adviertan que se están malversando caudales públicos. Y que algún Fiscal se acuerde que tiene por misión “el ejercicio de la persecución penal pública” y que debe requerir “la justa aplicación de la ley, resguardando la vigencia equilibrada de todos los valores jurídicos consagrados por la Constitución y la ley” (Ley 13.013). Y abrigamos la esperanza que el Tribunal de Cuentas cumpla las funciones que le asignan la Constitución (artículo 81) y la ley (Ley 12.510) y ejerza el “control de legalidad a los actos administrativos... vinculados a la hacienda pública”. Entonces dejará de ser un “Tribunal de Cuentos...”.

¡Cómo se extraña la ausencia de gobernantes estadistas de la talla de Perón y Frondizi, que tenían programas de gobierno y proyectos de Nación!

En síntesis: no necesitamos transitar fuera de la ley. Nos basta cumplir con las leyes vigentes. Sólo así podremos llegar a lograr el desarrollo, con justicia social. Sin seguridad jurídica no existen ninguna de las otras seguridades.

No es bueno sobrevivir en “estados de emergencia” o de “excepción”, porque cada vez que se otorgan más derechos al Estado, se le restan, en la misma proporción,, derechos a los ciudadanos.

Para salvarnos de esta crisis permanente, reclamamos una emergencia. La excusa de hoy es “la tierra arrasada”. La de ayer fue “la herencia recibida”. Pero excusa tras excusa y con el argumento de “refundar” la Nación, la volvemos a “refundir”.