Los superpoderes "siguen al acecho"

Los montañistas saben que cuando la cuesta es empinada y el terreno inestable, lo aconsejable son pasos cortos que no agoten el aire escaso y el músculo desafiado. Sugieren repartir las cargas lo mejor posible dentro de lo que el organismo tolera y -sobre todo- evitar la tentación de atajos que prometen ahorros pero sólo desbarrancan por la desmesura ilusoria, debilitando el cuerpo y retrocediendo en el camino.

A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, el peronismo santafesino supo en sano juicio político, condenar a sus corruptos y administrar sin someterse a la tentación épica. El radicalismo perdió su oportunidad en la soberbia personalista (resignó el conteo republicano de votos, para demostrar una superioridad alucinada). Y cuando las reglas electorales volvieron al cauce democrático, el socialismo alcanzó el poder en legítima alternancia, pero lo resignó ignorando a parte de sus socios en el Frente, desbordado por la inseguridad y gastando a su cuenta el dinero que Santa Fe no tiene.

La calidad institucional santafesina, opinable pero muy por encima de la media nacional, muestra que la virtud administrativa, la razonabilidad política y el respeto a la ley, son fundamentos para ganar y legitimar el ejercicio del poder.

Esa calidad está ahora amenazada al menos con un aspecto del proyecto de ley de “Necesidad Pública”. El gobierno provincial se plantea allí la obligación de renegociar contratos de obras y servicios impagos, al amparo de la norma nacional de emergencia y alegando el rojo financiero heredado.

Y si bien Esteban Borgonovo -ministro de Gobierno- afirma que no hay “superpoderes” (en términos de delegación de facultades legislativas), el texto le atribuye al gobernador la potestad de “resolver” (romper) contratos si no hay acuerdo en la renegociación.

Eso significaría que el acreedor queda extorsionado ante un gobierno que no paga y que se reserva el derecho de incumplir con sus obligaciones contractuales. Sólo en obras públicas, la Casa Gris reconoce deudas por $ 3.500 millones; pero tiene obligaciones contratadas por $ 6 mil millones más.

De no mediar razonabilidad administrativa y pertinencia legal, lo que hoy se ahorre la gestión Perotti en la “necesidad”, lo pagarían (pagaremos) los contribuyentes santafesinos menos tarde que temprano, con más punitorios y costos de profesionales en la gestión judicial.

Casi como una prueba de su desmesura, el oficialismo -minoría en Diputados- ha ensayado la peregrina idea de invitar a integrantes de la Corte santafesina a informar en la Cámara en torno a la ley pretendida, tratando de aventar ese futuro presumible. Si semejante despropósito de “violación amistosa” de independencia de poderes se consumara, el prejuzgamiento de un magistrado del supremo tribunal lo dejaría automáticamente afuera de un caso potencial. Que de todas maneras terminaría en la Corte nacional.

El artículo 59 de la ley provincial de Administración Financiera ya le concede al gobierno la posibilidad de renegociar contratos si no los puede pagar en tiempo y forma, por emergencia o necesidad “evidentes”. Lo que no está en esa ley -y no debería estar en ninguna norma excepcional- es un superpoder para violar derechos privados usando el bien común como sofisma legal.

La emergencia es el fracaso de la política. La historia, como el sendero a la cima, requiere honestos esfuerzos con los recursos disponibles. Y no tiene atajos por mucho que la ilusión los aliente.