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Viernes 07.02.2020 - Última actualización - 8:13
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Acusado por “homicidio por exceso en el cumplimiento del deber”

Chocobar: rechazaron el pedido para ser juzgado por un jurado popular

 <strong>Foto:</strong> Gentileza
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Acusado por “homicidio por exceso en el cumplimiento del deber” Chocobar: rechazaron el pedido para ser juzgado por un jurado popular

Un tribunal de menores rechazó este jueves el pedido realizado por la defensa de Luis Chocobar para ser juzgado por un jurado popular. El policía está acusado de matar en 2017 a un joven delincuente que había asaltado y apuñalado a un turista norteamericano en el barrio porteño de La Boca.

 

A través de su abogado, Fernando Soto, el efectivo de seguridad había pedido que su accionar frente a esa situación de robo sea evaluada por ciudadanos comunes, ya que “los jueces profesionales han perdido credibilidad en la sociedad”. Sin embargo, esa posibilidad no está reglamentada en la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Así, el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, a cargo del proceso en su contra, rechazó este planteo, por lo que el juicio por presunto “homicidio por exceso en el cumplimiento del deber” contra Chocobar comenzará el 26 de febrero próximo, tal como estaba previsto y continuaría los días 4, 11, 18 y 25 de marzo.

 

 

 

 

 

 

“El pedido por parte de la defensa estaba bien realizado pero, al no estar legislado, no es una obligación de la justicia acceder al juicio por jurados”, explicó a la agencia de noticias Télam el propio letrado defensor.

 

Soto aseguró que sabía que las probabilidades de que los magistrados Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete aceptaran la solicitud que presentó por medio de un escrito en diciembre del año pasado “eran bajas”, motivo por el cual no lo "sorprende” la decisión final del tribunal.

 

Por otra parte, al ser consultado sobre el estado de ánimo del acusado, Soto dijo que está “afligido” y que el hecho “lo impactó en su vida”. “Él está convencido de que actuó conforme a la ley”, sostuvo al respecto.

 

En el escrito que entregó en diciembre pasado, el defensor señaló: "Es un hecho que los jueces profesionales han perdido credibilidad en la sociedad, mientras que el juzgamiento por jurados integrado por ciudadanos comunes motiva, y con razón, la confianza de la sociedad en ese sistema”.

 

Además, también cuestionó que su “actuación en la represión de un delito grave” sea considerada "como un simple caso de ‘gatillo fácil’, al punto que antes de asumir su cargo el Presidente (Alberto Fernández) expresó públicamente que había que terminar con la ‘Doctrina Chocobar’”.

 

El juicio por jurados es un sistema que rige en las provincias de Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Entre Ríos y Chubut, pero no se aplica en la justicia porteña.

 

El hecho por el que se lo juzgará al efectivo de seguridad ocurrió el 8 de diciembre de 2017, cuando un fotógrafo estadounidense caminaba por La Boca y poco antes de llegar a la calle Caminito fue interceptado por dos asaltantes que le robaron su cámara.

 

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Durante el robo, uno de los ladrones lo apuñaló una decena de veces en el pecho y lo dejó gravemente herido. Ambos delincuentes salieron corriendo, pero mientras uno logró escaparse, el otro fue interceptado y retenido por dos transeúntes que habían visto el ataque.

 

Chocobar, efectivo de la Policía Local de Avellaneda, llegó al lugar poco después y se identificó. Según declaró después, le disparó al delincuente porque pensó que iba a sacar un arma. El joven asaltante, luego identificado como Juan Pablo Kukoc, murió por las heridas de bala.

 

El hecho generó polémica enseguida. Mientras un sector de la sociedad defendió su accionar, otro consideró que hubo un exceso de fuerza por parte del hombre, quien unos días después fue recibido por el entonces presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

 

Por otra parte, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional determinó que el caso quede en manos de un tribunal de menores y no de un Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) ordinario, ya que la víctima no había cumplido los 18 años al momento de perder la vida.

 

Casación basó esta decisión en tres cuestiones: que la pesquisa “estuvo siempre a cargo de un único magistrado -el del fuero de menores-”, en “razones de economía procesal” y en procura de “asegurar una mejor administración de justicia”.




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