Continúa la investigación sobre dos causas en las que se investigan dos organizaciones delictivas que accionaron en la estructura de la Empresa Provincial de la Energía. Una de ellas, la denominada “EPE paralela” es la que se desbarató una organización que ofrecía los “servicios” para reducir o anular los consumos de energía eléctrica para empresas o particulares. La segunda tiene que ver con un millonario robo de cables de la Estación Rosario Sur por parte de un grupo de empleados de la empresa facilitó que pueda reducirse el cobre del tendido que estaba depositado.
Según fuentes cercanas a la fiscal de investigación y juicio, Valeria Haurigot, concluida la feria, continúa a “buen ritmo” la investigación y se estima que en dos o tres meses la causa podría ser elevada a juicio para determinar las responsabilidades de los integrantes de las organizaciones. Cabe destacar que solamente un empleado de la empresa provincial tomó parte de los hechos y que, entre los procesados, se encuentra el hijo de un dirigente del gremio de Luz y Fuerza de Rosario. Además, en las escuchas en las intervenciones telefónicas, surgió que una de las líneas involucradas pertenece al sindicato.
Según los datos obtenidos por la investigación fiscal, se estima que la organización funcionaba desde 2012, con conexiones clandestinas y medidores fraguados a “clientes” a los que les solicitaban entre 5 mil y 27 mil pesos para brindar un servicio, que igualmente sostenían con “un bono” mensual, a modo de “mantenimiento”. La organización tenía roles definidos, con cabecillas que contactaban a los interesados, otros que hacían los trabajos de calle y, como se advierte en las intervenciones telefónicas, quienes direccionaban órdenes de trabajo o inspecciones.
En su momento, la fiscal sostuvo que “muchas de esas operaciones conllevan un riesgo enorme y no se podían hacer si no se cuenta con personal habilitado para cortar la luz de la cuadra. Requería, necesariamente, por más que fueran electricistas, que hubiera connivencia de estos empleados, que son del área subterránea, para que cortaran la energía y no terminaran todos electrocutados”.
Entre los imputados también se cuentan los clientes que contrataron los “servicios” de la organización y afrontan cargos, en libertad, como coautores del delito de “estafa agravada”. Son propietarios de viviendas particulares, locales comerciales, supermercados chinos, algunas fábricas y hasta un frigorífico.
Con respecto al caso del robo de 4 toneladas de cables de la Estación Transformador Sur, ubicada en Huemul y la Vincha, de Rosario, dio comienzo a mediados de 2018 cuando desde el directorio de la EPE se hizo la denuncia del faltante.
Por entonces se realizaban una serie de trabajos para la puesta en funcionamiento de la nueva Estación Transformadora Sur cuando se detectó el faltante de 4.300 metros de cables de cobre que habían sido reemplazados por otros de mayor tecnología y que, por entonces, ascendía a más de un millón y medio de pesos el precio en chatarrería.
Los cables que se retiraban debían dejarse en los almacenes, a menos de cien metros del lugar de extracción pero nunca llegaron. La contratista que debía bobinarlos y trasladarlos cuando los fue a buscar no los encontró. Al ser advertido, el expresidente de la EPE, Maximiliano Neri, hizo la denuncia que recayó en la fiscalía a cargo de Valeria Haurigot quien imputó a cuatro trabajadores, entre ellos, el ingeniero a cargo de la obra por encubrimiento al no haber denunciado el faltante.
Los otros tres imputados pertenecen al área de red subterránea. Uno de ellos, David M, tenía una activa participación dentro del sindicato de Luz y Fuerza mientras que Adriano C. es uno de los operarios cuyo nombre se repite en la causa de la EPE paralela.
La muerte de un testigo clave
Un hecho singular fue el ocurrido a principios de enero y fue el fallecimiento de un testigo de identidad reservada en la causa de robo de cables quien falleció, aparentemente por causas naturales, en dependencias del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario.
Se trata de un empleado de la EPE que colaboraba de manera directa con la fiscalía de la Dra. Haurigot y que, según se informó inicialmente, habría fallecido por una descompensación.
Sin embargo, hubo una actuación de oficio de la Fiscalía solicitando los videos -en caso de disponer el sindicato de los mismos- como de otros registros para conocer cuál fue el movimiento de la persona en el lugar.
De acuerdo con lo recabado en Fiscalía, se aguardaba una definición de los familiares -que por redes sociales expresaron que descreen de que haya muerto por causas naturales- para ahondar la investigación y dilucidar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del testigo.