El Senado giró a 6 comisiones el proyecto con superpoderes

En la Cámara de Senadores, que tiene mayoría del PJ, ingresó el mensaje del gobernador Omar Perotti que busca obtener -mediante una ley ómnibus- un paquete de reformas que le darían al Ejecutivo, además de la posibilidad de tomar préstamos por hasta 27 mil millones de pesos- un abanico de potestades que la oposición ha calificado como “un pedido de delegación de facultades” del Legislativo a la Casa Gris.

La iniciativa no obtuvo una preferencia y pasó a seis comisiones permanente, pero sobre la base de posibles modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo ya existen negociaciones entre los bloques del oficialismo y la oposición.

Hay contactos con el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, y también con diputados del Frente Progresista, Cívico y Social.

La otrora ley de emergencia -que Diputados envió al archivo en diciembre pasado y el Senado aprobara con fuertes modificaciones- hoy lleva el nombre de Declaración de Necesidad Pública “en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad de la provincia, hasta el 30 de junio de 2021”.

Firmas

Este jueves 13, la Cámara alta no pidió una preferencia para su tratamiento, pero los bloques del oficialismo y la oposición comenzaron una serie de negociaciones para encontrar cómo hacer cambios al texto impulsado por la Casa Gris que deje contentos a unos y otros, o al menos que no les revuelva tanto el estómago.

Para el texto propuesto por la Casa Gris no hubo pedidos de tratamiento preferencial. Y se optó por enviarlo a seis comisiones.

Lo tendrán en su poder Desarrollo Social; Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano; Seguridad Pública; Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Turismo; Presupuesto y Hacienda; y, obviamente, Asuntos Constitucionales y Legislación General, que es el filtro final de cualquier expediente para agregarse al orden del día.
La lista es interesante porque permite suponer que si no todos, casi todos los senadores van a poder decidir si lo rubrican o no, lo que les confiere cierto poder. Sin embargo, la experiencia parlamentaria indica que los despachos de comisiones pueden resolverse en interminables semanas, nunca, o en cuestión de minutos, si se cuenta con las firmas necesarias. Todo depende de la voluntad política para su tratamiento.

Del mismo modo, que la Cámara vote o no una preferencia puede ser útil para ver quiénes están de acuerdo o no con ella, que no es más que un compromiso en el aire, apenas una formalidad. Los cronistas han visto votar infinidad de prórrogas para las preferencias de una, de dos o más sesiones, de proyectos que nunca llegaron al recinto. También se han votado con la Cámara “en comisión” y sobre tablas leyes tan importantes como la indicada, por ejemplo al aprobarse el Presupuesto vigente.

15 días

El peronismo en el Senado tiene otro clima desde el asado que, el jueves 8, el gobernador Perotti les convidó a los senadores del NES encabezado por Armando Traferri.

Los contactos seguirán en las próximas dos semanas, como mínimo, según lo que se escucha en los pasillos del Palacio Legislativo y en los edificios anexos donde funcionan las comisiones de ambas Cámaras.

Curiosamente es el grupo de senadores del Nuevo Espacio Santafesino -que mantiene su independencia respecto del Ejecutivo- el que busca puntos de acuerdo con los senadores radicales en minoría y con diputados de la mayoría opositora.

El NES (que impulsó la candidatura de la vicegobernadora Alejandra Rodenas) se impuso internamente en la bancada oficialista, y apuesta a lograr una mayoría especial de dos tercios y que -al menos- Diputados no trabe su tratamiento.

Dos caminos

Así, el panorama para la norma pedida por el gobernador Perotti, que contiene un pedido de autorización de endeudamiento de un nivel inédito para gastos corrientes, parece tener dos caminos posibles: a) el de un acuerdo con fuertes modificaciones que la hagan tolerable -o al menos digerible- para los legisladores opositores; o b), el de una posición de máxima en favor de las exigencias del gobierno que no retroceda y seguramente repita los resultados de diciembre (que no hay ley), con un pronóstico difícil para la provincia.

La pregunta es si el Ejecutivo buscará volver a chocar con el “no” de Diputados o si aceptará bajar de su proyecto los aspectos que más preocupan en el Frente Progresista: los números del endeudamiento y la continuidad jurídica del Estado respecto de los contratos vigentes de las obras públicas.

Pedido por adicionales

Por unanimidad, la Cámara de Senadores votó una comunicación propuesta por el senador Rodrigo Borla (UCR-San Justo) que pide atenuar para los clubes y las asociaciones intermedias la suba de los adicionales para la policía, es decir, las horas extras que lleva a cabo los uniformados cuando custodian eventos deportivos, festivos o gastronómicos.

El pedido de la Cámara alta coincide con otra posición similar, votada la semana pasada en Diputados, impulsada por el demoprogresista Gabriel Real.

Obviamente, se trata de pronunciamientos sin más consecuencias que las de una declaración pública por parte de sendas Cámaras que, hasta el 1ro de mayo próximo cuando se inicie el período ordinario de sesiones no pueden tratar sus propios proyectos legislativos. Sólo aquellos habilitados en el Poder Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias que fueran convocadas en diciembre de 2020.

Preocupación por ArgenCarne

Un pedido de informes del senador Rodrigo Borla le reclama al gobierno provincial precisiones respecto de la falta de apoyo oficial a una actividad de promoción de la producción del departamento San Justo, que organiza la Sociedad Rural de ese distrito.

Se trata de ArgenCarne que ha quedado sin el respaldo de la provincia. La minuta reclama datos sobre “las medidas adoptadas para la suspensión de la exposición” mencionada.

Más recursos para fiscales en la ciudad

Un proyecto de Comunicación impulsado por el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) muestra que necesita más recursos humanos, en el área administrativa la Fiscalía Regional N°1, del Ministerio Público de la Acusación, es decir, los funcionarios de ese órgano de la justicia penal que son los encargados de llevar adelante los cargos contra los acusados.

El presidente provisional del Senado apoyó su solicitud en una lectura atenta del informe oficial que el MPA le elevó a la Cámara alta, en su última presentación anual.

El texto sancionado por unanimidad pide que el Poder Ejecutivo disponga la cobertura de cargos administrativos, en relación a los agentes que colaboran con los fiscales.

Desde su banca, Pirola comparó la tasa de personal administrativo en esa repartición del órgano acusador respecto de otras fiscalías regionales y subrayó que justamente en la ciudad con los peores índices de violencia los fiscales cuentan con menos ayuda para las tareas administrativas.