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Lunes 17.02.2020 - Última actualización - 9:51
8:47

La política en foco

Pisar la manguera cuando falta agua

 Crédito: Manuel Fabatia
Crédito: Manuel Fabatia

Crédito: Manuel Fabatia



La política en foco Pisar la manguera cuando falta agua

Era una dolorosa ironía; desde la ventana se podía ver -plaza Lavalle mediante- el frente del edificio de la Corte Suprema de justicia de la Nación. José Teitelbaum se inclinaba sobre su escritorio y mostraba órdenes del ministerio de Economía, reconocimientos del área Jurídica de Planificación Federal y hasta un dictamen de Horacio Rosatti -por entonces procurador del Tesoro- reconociendo lo que se le debía y disponiendo que se le pague. 

 

El octogenario empresario tenía la obra del Conicet en Santa Fe, pero estaba al borde del quiebre emocional y financiero. En aquellos días El Litoral era el único medio que lo recibía para contar su situación: Julio De Vido y Roberto Baratta habían decidido simplemente que no le pagarían lo que ya había hecho. Años después tuvo que aceptar la ruinosa venta de su parte en el contrato de esa obra, a favor de la empresa que le indicaron desde el ministerio y que hoy figura como “coimera” en expedientes judiciales.

 

El kirchnerismo recién llegaba al poder; los cuadernos de Centeno o los bolsos en el convento estaban por entonces lejos de la más febril imaginación, mientras el todopoderoso ministro ensayaba sin pudor el método de pisar la manguera. El capitalismo de amigos tenía su eficaz dispositivo para transferir a discreción los contratos y renegociar los pagos del Estado. Todo muy ruinoso para la padeciente Argentina.

 

Los constructores suelen ir al banco a depositar sus certificados de obra pública, que acreditan el “avance” de un porcentaje determinado del trabajo, y su costo. Corren por ley 60 días entre la firma y el pago efectivo del documento; para los empresarios depositar ese valor es una manera de financiarse hasta que eso sucede. Pero si la plata no llega, 60 días más y los punitorios arrasan, incrementándose 50 % sobre lo estipulado con la entidad crediticia.

 

Desde que llegó al gobierno, Omar Perotti anabolizó los números de una crisis que no necesita desmesuras contables para ser cierta, pero que oculta despropósitos en el calculado silencio oficial. El gobernador ya empezó a embolsar impuestos con aumentos, pero paralizó los pagos mientras espera -después de fracasar con las leyes de emergencia- la incierta sanción de una ley de necesidad pública que le otorgue superpoderes.

 

Hay en el texto del proyecto de ley de Necesidad Pública, remitido a la Legislatura, un mecanismo extorsivo: el contratista que no renegocia, se expone a que le “resuelvan” (que le rescindan unilateralmente) el contrato de obra. ¿Se puede argumentar la buena intención de mejorar condiciones por un superior interés general? El abuso de poder es otra cosa.

 

No hay mejor manera de agravar una crisis socioeconómica, que cortar la cadena de pagos desde el Estado. Aún sin ley de Necesidad, la Casa Gris pisa la manguera y las empresas santafesinas que hicieron obras para la provincia, ven cómo los intereses que deben pagar al banco trepan hoy hasta 90 %. No hay nuevos pagos ni contratos para las empresas, que no pueden pagar sueldos ni a sus proveedores. Los quebrantos privados acechan y la provincia se expone a millonarios juicios. 

 

Julio de Vido está con prisión domiciliaria. Claudio Bonadío terminó procesando a muchos empresarios del “capitalismo de amigos” que recibieron contratos gracias al mecanismo del ex ministro de Planificación. Según declararon en el expediente elevado a juicio por el fallecido magistrado, sus pagos no eran coimas, sino contribuciones de campaña. 

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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Autor:

Ignacio Hintermeister


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