Mientras evoluciona en el ámbito legislativo la discusión para sancionar la ley de “Necesidad Pública”, el Poder Ejecutivo tiene en carpeta el envío a las cámaras de nuevos proyectos con autorizaciones para otros tres pedidos de endeudamiento. Ya fueron incluidos como ampliación del temario de sesiones extraordinarias en el decreto Nro. 98 firmado el 5 de marzo por Omar Perotti y el ministro Estaban Borgonovo, aunque su ingreso efectivo -al cierre de esta edición- no se había dado aún a las cámaras.
En rigor, se trata de expedientes que todavía poseen estado parlamentario, y cuyas negociaciones para lograr el financiamiento habían sido iniciadas durante la gestión anterior a cargo de Miguel Lifschitz.
Dos de los créditos están planteados en dólares, y el organismo internacional que los concede es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), a través de “préstamos subsidiarios con la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria del actual Ministerio de Agricultura de la Nación”. Entre ambos proyectos, el endeudamiento solicitado es por un monto 15.750.000 millones de dólares. El tercer pedido de endeudamiento es a través de la Agencia Francesa de Desarrollo, por un monto de cien millones de euros.
El mensaje Nro. 4822 plantea autorización para tomar un préstamo de 12.650.000 de dólares a través del BIRF, mediante programas del Ministerio de Agricultura de la Nación. Los recursos serán destinados a financiar obras vinculadas a sistemas de abastecimiento de agua para ganado, riesgo agropecuario del sector hortícola y caminos productivos en el norte provincial. El proyecto se encontraba en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El segundo mensaje (Nro. 4823) solicita autorización para un crédito por 3.100.000 dólares a través del mismo programa y entidad financiera que el proyecto recién citado. Se trata de un préstamo a 15 años para beneficiar a unas cuatrocientas familias radicadas también en departamentos del norte de la provincia, mediante proyectos vinculados a la producción. La iniciativa aguardaba dictamen en la Comisión de Presupuesto de la cámara baja.
El tercer mensaje a enviar (Nro. 4781) pide autorización para tomar un préstamo por cien millones de euros a través de la Agencia Francesa de Desarrollo. Con dichos recursos se plantea la financiación de proyectos para obras de saneamiento. Catorce de esas propuestas serían para la construcción de redes cloacales, y tres para la ejecución de plantas de tratamientos de líquidos, entre otros conceptos. En algunos casos, los proyectos fueron promovidos por municipios de la provincia; en otros, por la propia empresa Aguas Santafesinas S.A. En este caso, el proyecto se encuentra en el Senado.
15,7 millones de dólares es el total de los dos pedidos de endeudamiento solicitados en moneda estadounidense
100 millones de euros es el préstamo a conceder por la Agencia Francesa de Desarrollo.
La senadora nacional por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara. En ese marco, la legisladora elogió el proyecto del Poder Ejecutivo que impulsa la declaración de “Capitales Alternas” a 24 ciudades de todo el país.
Además de destacar su aporte a “un proceso de mayor federalismo”, consignó que “servirá para acercar al Gabinete, a sus ministros y ministras, a las problemáticas que se viven en cada provincia”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (Frente de Todos) recibió a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, con quien acordó que el 3 de marzo próximo, en el recinto, se llevará a cabo una capacitación de género destinada a las diputadas y diputados, en el marco de la denominada Ley Micaela.
Asimismo, se abordó la agenda legislativa de género y la necesidad de profundizar el análisis parlamentario sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres.
El Gobierno tomó distancia del proyecto de un grupo de senadoras kirchneristas para anular las prisiones preventivas en casos en que los medios hayan influido en “percepción pública”, que fue objeto de polémica este martes pese a haber sido presentado en diciembre pasado.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su “preocupación” y adelantó su “absoluto rechazo” al proyecto, al que atribuyó la intención de “deslegitimar la labor periodística y perseguir a quienes quieren investigar y denunciar al poder, que es una de las funciones básicas del periodismo profesional”. Fuentes cercanas a la vicepresidencia aseguraron que el proyecto nunca estuvo en la agenda del Senado y que no tiene posibilidades de prosperar.